A diez años del incendio del taller textil clandestino ubicado en Luis Viale 1269, en el que murieron seis personas, cinco de ellas menores de edad, los sobrevivientes, los familiares y organizaciones sociales marcharán, hoy a las 17, desde Gaona y Donato Alvarez hasta el local, donde realizarán un acto en recuerdo de las víctimas y en reclamo de justicia.

Los organizadores esperan que en el juicio oral que comenzará el próximo 19 de abril se condene a los procesados por “homicidio doloso”. Además, reclaman que se inicie otro juicio a los dueños del inmueble y de las marcas, y se investigue a los responsables políticos.

“Nuestro objetivo en el juicio oral es demostrar cómo funcionaba el taller, y con esto dejar en claro que, por ejemplo, no hace falta que te tengan engrilletado para que haya un delito de ‘reducción a servidumbre’”, afirmó Juan Vázquez, miembro del colectivo Simbiosis Cultural, organización surgida después de la tragedia.

“Por otra parte, la condena sólo de los talleristas deja de lado la responsabilidad de los dueños de las marcas, Damián Fischberg y Javier Geiler, que también deben ser juzgados y condenados”, insistió.

El 30 de marzo de 2006, una falla eléctrica recalentó un cable en la planta superior del taller, que funcionaba como vivienda de los casi 60 costureros que trabajaban allí y de sus familias, y se desató un incendio que terminó con las vidas de seis personas, cinco de ellas, niños.

Sara y Luis Fernando Rodríguez Palma, su marido, y padres de uno de los chicos fallecidos, llegaron a la Argentina en 2005 con sus hijos Kevin Harry, y enseguida comenzaron a trabajar en el taller donde, al poco tiempo, se dieron cuenta de que las condiciones distaban mucho de las prometidas. “Cuando empezamos a decir que nos queríamos ir dejaron de pagarnos los salarios, nos decían que nos darían la plata al mes siguiente y así nos iban reteniendo, porque no teníamos dinero”, recordó Luis.

Además de Harry, en el siniestro fallecieron Juana Vilca Quispe, de 25 años, embarazada; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4.

“Al juicio oral llegan procesados y en libertad Luis Sillerico Condori, de nacionalidad boliviana, y Juan Manuel Correa, argentino. Ambos eran dueños del taller”, contó Myriam Carsen, abogada de las víctimas.

“A lo que apuntamos en el debate oral es a demostrar las condiciones de vida y trabajo en el taller, lo que para nosotros debe abrir una nueva instrucción para investigar el delito de ‘reducción a servidumbre’, a la vez que iniciar una causa contra Fischberg y Geiler, dueños del inmueble y de las marcas para las que el taller trabajaba y quienes proveían la materia prima, es decir, que ellos eran socios de los talleristas”, describió Carsen.

“Existe complicidad también de quienes tienen que controlar estos lugares, los organismos del Estado, porque les decimos ‘talleres clandestinos’ pero todos sabemos dónde están”, afirmó el abogado Gabriel Chamorro, que asesoró a las víctimas en las causas civiles y en la penal.

Acerca de qué hacer frente a la problemática, ya que las condiciones no cambian pese a las tragedias, Juan Vázquez señaló que “desde Simbiosis, como organización de personas de la colectividad boliviana principalmente conformada por costureros y nacida después de este incendio, cuestionamos cómo funcionan los talleres”.

“Pero también criticamos que la intervención del Estado sea ir con policías, allanar, confiscar las máquinas y retirarse dejando a los costureros en la calle, lo que genera mayor estigmatización del migrante y mayor vulnerabilidad”, continuó.

“Planteamos que hay que abrir el taller, complejizar lo que pasa adentro e involucrar a distintos actores en busca de soluciones”, concluyó.