El Tribunal Oral en lo Criminal 30 (TOC 30) condenó ayer a ocho años de prisión a un hombre acusado de haber mantenido esclavizada durante nueve años a una niña en el barrio porteño de Villa Lugano, a la que retenía en un garaje junto con un perro y un mono. La sentencia, cuyos fundamentos serán dados a conocer dentro de una semana, fue firmada por los jueces Luis María Rizzi, Marcela Rodríguez y Aldo De la Fuente.

La condena, por “reducción a la servidumbre y lesiones gravísimas”, recayó sobre Daniel Gómez, de 45 años, detenido en el complejo penitenciario de Ezeiza, en tanto que su pareja, Adriana Barros, que cumplía arresto domiciliario, murió víctima del cáncer antes del debate oral y público.

Gómez y Barros fueron detenidos en abril de 2014 por mantener encerrada en un garaje a una niña que hoy tiene 17 años y que sufre de un retraso madurativo provocado por la inanición; a los 15 años, cuando fue recuperada por su familia biológica, la chica pesaba alrededor de 20 kilos.

En 2001, la niña, en ese entonces de 6 años, le había sido dada en guarda al matrimonio por decisión de un juzgado de la localidad bonaerense de Berazategui. La decisión había sido acordada con la madre biológica de la chica, cuya situación socioeconómica era muy precaria y no podía satisfacer las necesidades de sus 8 hijos, que estaban en distintas instituciones para menores no por conflicto con la ley sino por desamparo. Al principio ambas familias mantenían contacto, pero a partir de 2005 se perdió el rastro de la chica. Y los responsables legales no se ocuparon del caso.

La búsqueda la inició Rosita Ayala, una hermana de la joven, quien al cumplir la mayoría de edad recurrió a un juzgado penal juvenil y en su periplo logró dar con la pareja con la que convivía la chica.

“La idea no es que surgió en algún momento en especial. A ella siempre la reclamé, siempre pregunté por ella en el juzgado (que tenía su expediente), pero muchas veces pienso que a los menores no se los escucha porque no son quienes tienen el poder. ¿Qué quiero decir? Que hoy quien tiene poder y tiene la última palabra muchas veces no presta atención a los pedidos o necesidades de los niños. J. desapareció totalmente en el 2005, fue cuando perdió contacto total con sus hermanos y a pesar de que muchas veces preguntamos por ella nunca obtuvimos una respuesta. En realidad, creo que nunca tuvieron interés en buscarla ni localizarla. La única respuesta que obtuve fue que ‘ella había quedado atrapada en la causa porque supuestamente tenía reserva de domicilio’. ¿Quién tiene la culpa? Todos, el juez, la asesora, hasta las leyes. Todos ellos son responsables de lo que a ella le pasó porque si cada uno hubiera pensado por un instante que J. podría llegar a ser su hija, nada de esto hubiera pasado. Claramente se equivocaron y por ese error tendrán que responder”, contó Rosita a este diario cuando encontró a su hermana, indignada y conmovida por lo ocurrido.

“Lo que se encontró, nunca lo he visto en mis 35 años en la Justicia. La nena estaba desnutrida, pesaba 20 kilos; convivía con animales en un sector de la casa; no socializaba con nadie y hay más detalles que no considero que se deban dar”, confió el fiscal Juan Necol en aquel entonces. La víctima también contó, a través del sistema de cámara Gesell, que sólo la alimentaban esporádicamente con levadura de cerveza, agua y pan y que le pegaban con un cinturón cuando se comía las sobras que dejaban los animales con los que compartía el garage. Y que sólo salió dos veces de su confinamiento, aunque no trascendieron detalles de esas salidas.

En abril de 2014 se realizó la denuncia penal, que inició el juicio que terminó ahora, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 42, que decidió la detención de la pareja por “reducción a la esclavitud y a la servidumbre, lesiones graves y privación ilegal de la libertad”, delitos que contemplan una escala penal de entre 3 y 15 años de prisión.