El ex contador del Arzobispado de San Juan, Juan Brozina, acusado de quedarse con dinero donado por los fieles, fue procesado por el delito de administración fraudulenta por el faltante de limosnas y desvío de fondos, estimados entre 500 mil y 700 mil pesos. En la estafa también está implicado el ex tesorero Darío Tapia. Ambos eran considerados de suma “confianza” por las autoridades eclesiásticas sanjuaninas. El escándalo que sacudió a la feligresía de la provincia fue denunciado el mes pasado por el arzobispo Alfonso Delgado ante la Justicia. “Sólo obedecía órdenes de mis superiores”, adujo el imputado, quien llegó a afirmar que si bien él se encargaba de desviar fondos a su propia cuenta, luego entregaba el dinero al arzobispo Delgado.

La investigación sobre el destino y el circuito de los fondos comenzó luego de que una auditoría externa, iniciada en noviembre de 2015 y finalizada un mes después, detectara inconsistencias y números que no cerraban. Brozina renunció a su puesto en cuanto se inició la auditoría externa, en tanto Tapia fue despedido luego de relevadas todas las cuentas. El ex contador llevaba una década trabajando en la diócesis y el tesorero Tapia, más de 13 años.

Aunque la investigación y sus resultados trascendieron públicamente a principios de marzo de este año, el arzobispo Delgado denunció a los implicados en la primera quincena de febrero porque “en una auditoría administrativa e informática se detectaron posibles irregularidades de dos empleados administrativos, que tenían un contacto directo con el dinero que ingresaba al Arzobispado a través de las limosnas que se recolectan en las parroquias y los aportes de los colegios parroquiales”. De acuerdo con la denuncia del cura, el faltante de dinero superaba con creces el medio millón de pesos.

La denuncia del arzobispo quedó radicada ante la Fiscalía de Instrucción Nº 5, a cargo de Ana Lía Larrea. La fiscal pidió que se abra la investigación y fue el juez Benedicto Correa, del Cuarto Juzgado de Instrucción, quien tomó la causa y quien ayer al mediodía notificó a Bronzina que su procesamiento estaba firme. Al salir de tribunales, Bronzina dijo en su defensa: “sabía que lo que hacía estaba mal, pero no dije nada para preservar mi fuente laboral. Siempre seguí instrucciones de mi superior, el obispo”. Enseguida, el flamante procesado añadió que “él (por el arzobispo Delgado) me decía que iba a solucionar las irregularidades y confié”, declaró.

Días atrás, Brozina había prometido que pediría ampliar su declaración indagatoria para presentar documentos que avalarían su denuncia sobre los presuntos “manejos irregulares del obispo” que denunció. Por su parte, fuentes eclesiásticas oficiales negaron que haya habido una intervención del Vaticano sobre el caso, aunque ratificaron que la máxima autoridad eclesiástica de la provincial informó al respecto a la Santa Sede.

Si bien no está sujeto a las mismas regulaciones a las que debe ajustarse una empresa, el movimiento de fondos de cualquier arzobispado está regido por una obligación instaurada por el derecho canónico, según la cual debe presentar un ejercicio ante un Consejo Económico Presbiteral. En una serie de balances anuales realizados en la diócesis sanjuanina, el último conocido fue de 2013 y marcaba un superávit de 5,5 millones de pesos, aunque los resultados de otros ejercicios fueron marcadamente deficitarios.

El arzobispo Delgado se comunicó con los fieles a través de las redes sociales y les pidió que no dejen de confiar en la Iglesia. “Lo que se pueda decir fuera del ámbito judicial sólo tiene el valor de la palabra gratis, donde cabe la ofensa, la calumnia. Algunas de esas declaraciones mediáticas del imputado (por Brozina) fueron tomadas como verdad. El imputado es alguien que no tiene la exigencia jurídica de decir la verdad. En cambio, la Iglesia sí tiene la obligación jurídica y moral de decir la verdad con todas sus letras”, escribió en una carta abierta.