La sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre drogas, que terminó ayer en Nueva York, dejó un sabor semiamargo entre quienes esperaban que esta cumbre mundial dejara atrás el paradigma de la guerra contra las drogas, con una fuerte condena por su rotundo fracaso. De todas formas, el documento aprobado por los 193 países miembros, que incluye mínimos consensos, abre la puerta para la discusión de reformas en países que busquen enfrentar el problema con un enfoque en la salud pública y el respeto de los derechos humanos.

Consultados por Página/12, dos especialistas en la temática que siguieron las discusiones en la ONU analizaron lo que dejó la reunión, convocada a pedido de los presidentes de México, Guatemala y Colombia, frente a los devastadores efectos que el planteo prohibicionista y punitivista está dejando en sus territorios, en términos de violencia, corrupción y asesinatos, en la disputa del negocio narco. Al mismo tiempo, en todo el mundo se observa que las sustancias sometidas a control están más disponibles y son más accesibles que nunca, que las políticas vigentes de “mano dura” significaron abusos sistemáticos a los derechos humanos y aumento de la transmisión de VIH y hepatitis C, 187 mil muertes evitables relacionadas con drogas cada año, la estigmatización de las personas que consumen drogas y miles de millones de dólares en fondos públicos destinados a políticas que evidentemente no funcionan.

“Ungass más que un punto de cierre para las reformas es un punto de apertura. Aquí se dejó la inconformidad expuesta y se hizo evidente la diferencia entre los dos modelos sobre drogas que queremos. Y es muy probable que ahora cada país empiece a hacer interpretaciones muy locales, muy contextuales y que respondan mucho a sus realidades”, consideró el sociólogo Julián Quintero López, fundador y director de Acción Técnica Social (ATS), una ONG colombiana que trabaja desde 2008 en reducción de daños y mitigación de riesgos por consumo de sustancias psicoactivas. Quintero fue representante por Colombia en el Task Force, previo a Ungass 2016.

–¿Qué deja esta cumbre sobre drogas? –le preguntó este diario a Lucila Pol, investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

–El documento aprobado ha dejado muchos temas importantes sin atender. También podemos decir que ha sido una solución de compromiso, pero un compromiso entre posiciones muy distintas que será difícil de seguir manteniendo. Hay una serie de países que piden reevaluación del sistema, y hay otros que pugnan por el statu quo. Se esperaba que esta Sesión Especial fuera el escenario de una evaluación profunda del sistema de control de drogas. Se esperaba que se introdujera las opiniones técnicas de las otras agencias de Naciones Unidas que estudiaron las consecuencias del sistema, como PNUD, como el Consejo de DD.HH., la OMS, ONU-Mujeres. Pero, pese a que todas estas agencias han elaborado análisis y recomendaciones muy interesantes, estas opiniones no han sido volcadas en el documento de resultados. Tampoco se ha dado lugar a la evaluación de políticas alternativas que muchos países están ya implementando, como la descriminalización del consumo o la regulación de los mercados.

–¿Cuál es su balance, entonces?

–Creo que en Derechos Humanos hay debilidades, como el no reconocimiento del problema que significa la criminalización del consumo para los derechos de las personas, y aun para poder tener políticas de salud efectivas. También el no reconocimiento del enorme impacto de las políticas de drogas en la tasa de encarcelameinto y la sobrepoblación carcelaria, en la afectación a mujeres, a los derechos de los pueblos indígenas y el uso de la pena de muerte. Y, muy importante para nuestra región, en los niveles de violencia asociados al tráfico y a las respuestas estatales. Se puede destacar, por otro lado, la sección dedicadas a asegurar el acceso a medicinas controladas. Se reconoce aquí un serio problema asociado a las políticas de control, que hace que en muchos países, los más pobres, decenas de miles de personas con enfermedades terminales no accedan a tratamientos contra el dolor. También se reconoce la desproporcionalidad en las penas a delitos de drogas en muchos países. Y se da más relevancia al derecho internacional de DD.HH. como marco para el diseño de políticas de drogas. Se mencionan tácitamente las estrategias de reducción del daño, aunque no se las llama por su nombre.

–¿Cómo puede impactar en la política argentina?

–Argentina ha mencionado la intención de llevar adelante políticas centradas en las personas, más que en las sustancias. Y también políticas basadas en los derechos humanos y la salud. Entonces este sesión debería plantear un debate interno respecto de cómo llevar eso a la práctica, qué significa en términos de asignación de presupuesto, de diseño de políticas. Pero la postura que enunció la canciller Susana Malcorra en el plenario fue muy fuerte en redoblar los esfuerzos en el control de la oferta y por eso planteó la necesidad de luchar frontalmente contra el tráfico de drogas y el flagelo de las drogas. En este último sentido no parece haber una evaluación de qué resultados ha dado hasta ahora, de cómo enfrenta nuestro sistema penal y de seguridad al narcotráfico, se plantea el qué, pero no se reevalúa el cómo.