El fiscal Federico Delgado y la ministra Patricia Bullrich.
Imagen: DyN.

Las tormentas que se abren a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con la Justicia, tras el estallido de la fiesta de música electrónica de Costa Salguero en su propio frente, siguen dando polémica. Primero, la cerrada defensa de sus subalternos de Prefectura, al poner en duda las decisiones del juez federal Sebastián Casanello, luego de que éste allanara dos oficinas de los prefectos. Después, cuando fue público el ocultamiento de una bolsa con pastillas, cigarrillos de marihuana y otras drogas por parte de la Prefectura, Bullrich dio marcha atrás y pasó a disponibilidad a seis de los 19 prefectos que fueron citados a indagatoria por Casanello. Ayer, se le agregó otro condimento: el fiscal federal Federico Delgado pidió a Casanello que “requiera a la ministra (...) Patricia Bullrich, que ordene al jefe de la Policía Federal Argentina que el escrutinio de las pruebas sea una prioridad y que se respete el plazo judicial, que para la fiscalía debe ser de diez (10) días”. Específicamente se refiere a una docena de celulares, un archivo excell de la notebook de una empresa vinculada a la fiesta, siete notebooks, un pendrive, veinte discos rígidos, una CPU, cinco servidores, entre ellos tres de cámaras de seguridad, todos en poder de la Federal.

El dictamen de Delgado –uno de los dos presentados ayer; el otro corresponde al pedido de indagatoria de Martín Gontad (ver aparte)– está titulado “Apuntes para evitar la crónica de un encubrimiento” y comienza recordando que en las presentaciones anteriores ya había sostenido que “la sigla ‘Time Warp’ fue una suerte de significante vacío que alojó una pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas”.

Recordó que había señalado “una especie de ‘zona liberada’ para que pudieran comercializarse los estupefacientes dentro de la fiesta, y que terminó ocasionando las, al menos, cinco muertes y las lesiones gravísimas de quienes continúan luchando por su vida”.

Con zona liberada, Delgado hace inevitable referencia a la Prefectura, la fuerza de seguridad pública que estuvo a cargo del control externo de la fiesta, y a la bolsa con drogas de todo tipo que fuera entregada al prefecto Alberto Pandiani –a cargo del grupo de uniformados contratados como “policía adicional”–, y que fue entregada a la Justicia seis horas después de que se conocieran las muertes de los dos primeros jóvenes dentro del Complejo Costa Salguero.

El fiscal sostiene que “en los casos en que existen complejos entramados de intereses y complicidades el riesgo latente constante es el encubrimiento de los hechos por acción u omisión”. Y subraya que “el primer paso del encubrimiento nace con el amontonamiento de efectos secuestrados”. Y pide que el dictamen sea leído en su carácter preventivo, esto es, “evitar que la causa se transforme en la crónica de un encubrimiento anunciado” y alude que esto podría ocurrir merced a “una cultura judicial que privilegia la formalidad por sobre la verdad”.

Delgado apela a que la producción de pruebas y su resguardo se rija por “la necesidad imperiosa de avanzar lo antes posible sobre líneas investigativas aún no exploradas” y “evitar maniobras” que entorpezcan “el accionar de la justicia”, especialmente las influencias que “podrían ejercer las personas investigadas”. “Se trata, en definitiva, de que el sistema judicial maneje los tiempos procesales”.

Hay que recordar que, pese a que la Prefectura es la fuerza de seguridad con jurisdicción sobre Costa Salguero, el fiscal Sandro Abraldes logró su apartamiento por evidencias de ocultamiento (entre otras, que denunciaron las muertes ante el fuero ordinario en lugar del federal, como si no hubiera sido producto del consumo de drogas, pese a que previo al inicio de la fiesta habían pedido instrucciones, según Patricia Bullrich, en dos juzgados federales). Como resultado del apartamiento, tomó intervención la Policía Federal, también dependiente de Bullrich, y a la que ahora está apuntando preventivamente Delgado por evidencias de retardo.

“Nuestra experiencia nos dice que las fuerzas de seguridad tardan en empezar las pericias. Además, cuando empiezan dicen que no tienen medios... De hecho ya pasó acá”, sostiene Delgado en su dictamen y refiere al informe técnico del domingo 17 de los federales a quienes cita: “‘... la tecnología que posee esta División no pudo obtener la información del equipo celular bloqueado con código patrón ...’”.

“Esto no puede pasar –afirma Delgado–. Y para que no pase la fiscalía sugiere que VS requiera a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que ordene al Jefe de la Policía Federal Argentina que el escrutinio de las pruebas sea una prioridad y que se respete el plazo judicial”. Y sugiere a Casanello que “fije un plazo perentorio a la División Apoyo Tecnológico y Apoyo Judicial” de la Federal, para una serie de peritajes técnicos:

- Los contactos de las agendas e intercambios de mensajes a través de Whatsapp, Facebook, Twitter y fotos almacenadas en los celulares de las víctimas, y otros cuatro secuestrados a “otras víctimas” y de un celular.

- “Establecer de forma urgente el contenido del documento Excell eliminado de la papelera de reciclaje” de una computadora secuestrada de una firma no identificada en el dictamen entregado a la prensa.

- Verificar el contenido de siete notebooks secuestradas en diferentes lugares; un pendrive color rojo; 20 discos rígidos; una CPU; tres servidores de cámaras; un servidor de administración con cuatro discos; y otro servidor.

Como cierre a su dictamen, Delgado dice que “en caso de que la fuerza de seguridad no cuente con herramientas técnicas para cumplir con el objetivo, se dé inmediata intervención a la Agencia Federal de Inteligencia. Decimos esto porque la totalidad de las fuerzas de seguridad con las que habitualmente trabajamos carecen de tecnología idónea para obtener información de teléfonos celulares, discos rígidos, etc., que cuenten con claves de acceso y habitualmente la AFI logra hacer esos trabajos”.

Las fuerzas de seguridad que “carecen de tecnología idónea” a las que refiere Delgado dependen de Patricia Bullrich, embanderada en una guerra contra las drogas cuyo impacto más promocionado fue el megaoperativo Tres Pistolas, en la que estigmatizó a los habitantes de la villa 31.