La marcha mundial que se hace cada primer sábado de mayo para reclamar el fin de la criminalización del consumo de marihuana, en Buenos Aires se centró esta vez en demandar la apertura a la utilización medicinal del cannabis. La manifestación, que comenzó temprano en la Plaza de Mayo y concluyó, como siempre, en el Congreso Nacional, tuvo como abanderados a un grupo de chicos que padecen de epilepsia refractaria y que hicieron el recorrido en silla de ruedas.

La marcha, de la que participaron unas 150 mil personas, según estimaron organizadores y agencias noticiosas, fue encabezada por Santiago, Martín, Joaquín, Leonel, Guadalupe y Agustina, seis chicos que utilizan como paliativo productos a base de cannabis. Por ese motivo, las consignas principales, a lo largo del recorrido por la Avenida de Mayo, fueron dos: “La salud es un derecho” y “El dolor no puede esperar”. Las madres de esos chicos explicaron que la epilepsia refractaria es una enfermedad que genera convulsiones diarias, dolorosas, que las llevan a reclamar en hospitales productos medicinales derivados del cannabis. Pero la aplicación debe realizarse en forma clandestina, marginal, como resultado de una política punitiva que se aplica a rajatabla, sin remedios legales, a pesar de la existencia de proyectos legislativos que propician la legalización.

Las madres, reunidas en las organizaciones sociales Cannabis Medicinal Argentina (Cameda) y Mamá Cultiva, marcharon con pancartas que reclamaban: “No más presos por cultivar; regulación del cannabis ya”. Valeria Salech, es una de las fundadoras de Mamá Cultiva Argentina, entidad asociada a la organización no gubernamental gestada en Chile. “Nuestro destino es caminar: primero caminamos los hospitales, ahora caminamos el Congreso para que se cambie la legislación vigente y hoy seguimos caminando”, señaló Salech en diálogo con Página/12. “Nosotras estamos acá porque nuestros hijos no pueden esperar más, necesitan una respuesta hoy”.

Salech, que caminaba llevando una planta de marihuana en su mano derecha, resaltó el apoyo que han recibido, en el Congreso Nacional, por parte de las diputadas Diana Conti, Carolina Gaillard y Araceli Ferreyra, quienes las están ayudando “a difundir nuestro problema, a que se tome conciencia de que todo no puede ser represión; lo que queremos es comprensión”. En su lucha por instalar el tema del uso medicinal del cannabis, están en contacto también con un comité de salud formado por especialistas de la provincia de Buenos Aires.

La diputada nacional por el PTS/FIT, Myriam Bregman, quien participó de la marcha, dijo a este diario que junto con Nicolás del Caño presentaron en el Congreso un proyecto de ley que plantea “la legalización del cannabis y sus derivados en todo el territorio nacional, tanto para la plantación, cultivo, cosecha, producción y almacenamiento como para su distribución, adquisición, consumo y tenencia”. La iniciativa establece que la regulación de todo los productos debe estar a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Bregman advirtió que “el avance de cualquier iniciativa que propicie un cambio en la política de drogas choca hoy con la postura de un gobierno que, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue fomentando una política represiva que ha fracasado en el mundo y que tiene como víctimas a los consumidores y no se hace nada contra los narcotraficantes, cuyo negocio está emparentado precisamente, como todos lo saben, con la ilegalidad”.

Ricardo Paveto, de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), aportó al debate “cada vez más necesario” que “en la actual coyuntura, tras la tragedia de Costa Salguero, debemos enfatizar en la necesidad de una nueva política de drogas que no penalice a los usuarios por tenencia para consumo personal de ninguna droga o autocultivo, que no los exponga a detenciones policiales como ocurrió el fin de semana pasada en Rosario por tenencia de una dosis de LSD, una dosis de Popper y otras similares”. Recalcó que la actual política “además de estigmatizar a los consumidores, los aleja de la posibilidad de acceder al sistema de salud y a una información verídica y pragmática sobre las drogas”.

Sebastián Basalo, director de la revista especializada THC, insistió en que uno de las consignas centrales de la marcha, como todos los años, sigue siendo “el cese inmediato de la criminalización y las detenciones arbitrarias de los usuarios de sustancias ilegales, que las hay en la Argentina de hoy a razón de más de diez mil por año, tal como reconoce el propio Poder Judicial”. Sostuvo que esta situación “lejos de disminuir va en aumento, al punto que el fiscal federal Federico Delgado reconoció que sólo en su fiscalía hubo un aumento del 50 por ciento de las causa por casos de consumo personal en los años 2014 y 2015”.

“Otro de los reclamos es que se despenalice el cultivo de marihuana por parte de los usuarios, porque ese es el único camino que tienen los consumidores para evitar comprarle una sustancia podrida a un tipo armado y de esa manera favorecer al narcotráfico al que se dice que se quiere combatir”, agregó Basalo. Señaló también que este año se dio “un fuerte reclamo por el cannabis medicinal, no sólo para que el Estado regule la producción sino también para que se libere el autocultivo; este el reclamo que han presentado en esta marcha los padres de un montón de niñas y niños que tienen epilepsia pediátrica y que han encontrado en el cannabis la única herramienta que le salva la vida a sus hijos”.

Basalo concluyó que “el Estado argentino, lejos de tomar en cuenta ese reclamo que salva a chicos de tres años de tener 500 convulsiones por día, lejos de escuchar esos reclamos urgentes, lo que hace es criminalizar a los padres cuando tratan de conseguirlo por su cuenta”. En el cierre de la marcha, desde el escenario montado de espaldas al Congreso Nacional, sobre la avenida Entre Ríos, se subrayó que “no es justo que se prohíba el cultivo en la Argentina y que se pueda importar desde California el cannabis medicinal, porque de esa manera se establece que sólo puedan acceder al uso los que tienen poder adquisitivo, mientras los pobres van presos”.

Al llegar al Congreso, los manifestantes fueron recibidos por la diputada Diana Conti, autora de uno de los proyectos para despenalizar la utilización del cannabis para uso medicinal. Algunos de los oradores, desde el escenario, fueron Gonzalo Bramajo, de la Agrupación de Agricultores Cannábicos de Argentina; Horacio Rodríguez de Acción Cannabica; Laura Alasi, la madre de Josefina, de 3 años, la primera niña en conseguir autorización oficial para importar aceite medicinal realizado en base a la planta de marihuana, y Ana García Nicora de Cameda, Facundo Rivadeneira de la Agrupación Cogollos del Oeste, y Valeria Salech, de Mamá Cultiva.