Desde que el ministro Jorge Lemus y su equipo arribaron al Ministerio de Salud en las oficinas del edificio de la avenida 9 de Julio que esa cartera comparte con Desarrollo Social, se escuchó una y otra vez la misma frase: “En este Ministerio sobran prestaciones”. Lo cierto es que Lemus se encontró con un Ministerio con gran inserción territorial a partir de un sinnúmero de programas destinados a atender, desde una perspectiva de derechos, a la población. Sin la pretensión de agotar la lista, basta sin embargo mencionar el listado de las principales prestaciones preexistentes al macrismo: Programa de Organización Comunitaria en Salud, Programa Nacional de Salud Mental, Programa de Equidad Sanitaria Territorial, Programa Nacional Cuidarse en Salud, Programa Nacional Argentina Sonríe, Programa Médicos Comunitarios, Qunita, Programa Nacional Salud Ocular, Tren Sanitario, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Programa Remediar, Programa Redes, Sumar, Programa de Maternidad e Infancia.

Lemus y su equipo decidieron, sin embargo, que algunas de estas iniciativas y otras destinadas a la atención primaria, a distribuir insumos y medicamentos, y a atender a la población con profesionales de salud y otros que completaban la necesaria interdisciplinariedad para dar debida cuenta de las demandas… resultan excesivas para el Estado mínimo que pretende el macrismo.

En este campo se repite la metodología adoptada por el PRO en distintas áreas. En campaña prometió darle continuidad a las políticas sociales y ahora no hay anuncios de baja de programas, pero se despide personal y se les quita recursos. En la mayoría de los casos esto equivale a la paralización de las prestaciones.

Bajo el pretexto de “federalizar” –lo mismo ocurre en otros ministerios y secretarías de Estado– Salud comenzó a desentenderse progresivamente del territorio y de la acción destinada a fortalecer las capacidades locales. Así, el Ministerio de Salud se encamina a convertirse en una entidad “rectora” que establece directrices generales, pero abandona gran parte de sus responsabilidades directas en la protección de la salud pública.

Para muestra hay muchos ejemplos. Uno de los más significativos y al mismo tiempo brutales es que cuarenta unidades sanitarias móviles totalmente equipadas que están al servicio del Programa de Organización Comunitaria se encuentran actualmente paradas aunque el Ministerio promete que pronto serán reactivadas una vez que, tras largas demoras, actualizaron el pago de los salarios a los trabajadores que allí se desempeñan.

El Programar Remediar, destinado a permitir el acceso a medicamentos para quienes tienen dificultades para ello, ha sido elogiado aquí y en el extranjero por su eficacia y por el impacto logrado. Otros países de la región lo han tomado como ejemplo. El ministro Lemus lo incluyó en la lista de “sobrantes” y usó la tribuna del Consejo Federal de Salud (Cofesa) para anunciar su finalización. La misma suerte corrió el plan Qunita y el de Abordaje territorial.

Una nota de la periodista Mariana Carbajal en Página/12 del lunes pasado puso en evidencia la falta de políticas oficiales para atender de manera integral la epidemia de dengue, chikungunya y zika que siguen sumando víctimas –que el gobierno oculta– en todo el país. Con profundo sentido pedagógico y como estrategia de prevención el Ministerio de Salud le pregunta todos los días a cada ciudadano “¿Qué hiciste hoy contra el mosquito?”. Dicho de otro modo: “Señor ciudadano… protéjase usted mismo… el Estado no se hace responsable”. Entre otros motivos, porque en Salud también “sobran” empleados, despedidos y cesanteados y acusados de “ñoquis”. Según lo señalan los gremios estatales, a los despidos se suma el recorte de tareas a parte del personal, mientras que a otros directamente no se les asignan funciones. Además de soportar la angustia de permanecer en sus puestos de trabajo durante horas sin cumplir ninguna tarea, a estos últimos se le suma la amenaza latente de ser señalados como “ñoquis” como paso previo a la cesantía.

Un rápido repaso –no exhaustivo– indica que a la fecha aproximadamente cien trabajadores del Programa Argentina Sonríe que tenían contratos a través de convenios con universidades fueron despedidos. Otros han sido reubicados en distintos programas del ministerio. Argentina Sonríe está paralizado. Algo similar ocurre con el Programa de Salud Mental. Si bien sigue existiendo la Dirección de Salud Mental y Adicciones, 123 dispositivos destinados a atender emergencias en el territorio (los barrios, las provincias, etc.) fueron suspendidos o desmantelados. Psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos, entre otros profesionales afectados a estas tareas, están hoy cruzados de brazos en las oficinas del Ministerio y alejados de todo trabajo territorial.

El área de Fertilización Asistida fue desmantelada y quienes allí trabajaban fueron desplazados a otras dependencias del Ministerio. Algo similar ocurrió con personal de las áreas de comunicación y monitoreo. En todos estos lugares hubo intentos de despedido resistidos por los gremios.

El 16 de febrero último, a través del decreto 358/2016 y argumentando la “necesidad” de “adecuar la organización ministerial, con el propósito de tornar más eficiente la gestión pública, reorganizando los organismos y funciones” el Poder Ejecutivo Nacional decidió dar de baja a la Escuela Nacional de Gobierno en Salud “Doctor Ramón Carrillo” que había sido constituida el 15 de octubre del año anterior. En el momento de su creación, la escuela tuvo por finalidad absorber mediante la articulación con universidades nacionales a tres mil inscriptos de todo el país en trece diplomaturas que ofrecían capacitaciones presenciales y virtuales favoreciendo a profesionales vinculados con el área sanitaria.

Los gremios estatales denuncian que actualmente hay seiscientos empleados de los programas territoriales que permanecen sin contratos debido a la no renovación de los convenios con las universidades. A estos mismos trabajadores, según la misma fuente, se les adeudan los salarios de marzo y abril.

Simultáneamente el Ministerio de Salud ha comenzado a tercerizar servicios mediante la contratación directa de clínicas, sanatorios y laboratorios privados.

Mientras todo esto ocurre, la página del Ministerio de Salud muestra fotos del ministro Lemus recorriendo áreas inundadas en las provincias y presentado un libro sobre la “Historia del Hospital Británico”.