El fiscal federal Federico Delgado pidió el procesamiento de cinco funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño, y de dos uniformados de la Prefectura por su actividad o, mejor dicho, falta de ella durante la fiesta Time Warp en Costa Salguero. Para uno de los prefectos pidió además su detención. No es cualquier prefecto. Se trata de Néstor Alarcón Torres, del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de Prefectura, que tenía a su cargo las tareas de prevención de venta de drogas el 15 de abril de 2016 en Costa Salguero. Delgado sostiene que fue por su decisión que la Prefectura resguardó la bolsa con pastillas y otras drogas, decomisadas por los vigilantes privados a la entrada de Time Warp y que recién fue entregada a la justicia horas después. Vale la pena recordar que Torres es integrante de una de las fuerzas de actuación en la guerra contra las drogas enarbolada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y uno de sus defendidos en los primeros días de ocurridas las cinco muertes, hasta que fue indefendible.

En su dictamen, Delgado analizó la complicidad del Estado a través de los integrantes de sus organismos de control –en este caso la Agencia Gubernamental de Control– y de prevención –aquí, la Prefectura–, y los distintos niveles de responsabilidad a partir de lo que denominó “culpa fina y culpa gruesa”, un sistema de análisis utilizado por la misma fiscalía durante los juicios por delitos de lesa humanidad en los que intervino, con los que fue separada la responsabilidad personal comprobada de la verificación de que había existido el hecho, sin responsables individualizados. “En muchos legajos –recordó Delgado en su dictamen– nos topamos con un problema insoluble. No había pruebas para individualizar responsables de los hechos. Pero la prueba recogida permitía afirmar que los sucesos habían ocurrido en una determinada institución. Esa distinción nos permitió de algún modo declarar la existencia del hecho, sin individualizar a un responsable.”

De la misma manera, en la investigación sobre las responsabilidades de las cinco muertes, las lesiones a otras cinco víctimas, detectó la responsabilidad directa o “culpa fina”, de los funcionarios estatales, más allá de la “culpa gruesa” que comprueba la existencia del hecho, es decir, la ausencia de control estatal en Time Warp.

Delgado pidió al juez federal Sebastián Casanello el procesamiento de dos prefectos, Alberto Gabriel Pandiani y el mencionado Alarcón Torres.

Pandiani estuvo a cargo del operativo exterior de Time Warp, es decir, funcionó como “policía adicional” contratada por los empresarios organizadores. Delgado se refirió al triste papel de una fuerza estatal alquilada para rendir obediencia al interés privado. Reconoció que la cuestión excede la responsabilidad penal. En cambio, encontró probada la responsabilidad de Pandiani como funcionario público. “El día 16 de abril de 2016 alrededor de las 2.30 y 3.00 horas –sostuvo el fiscal– recibió del encargado de seguridad interna del evento Carlos Nicodema Penise (apodado ‘el Chino’) una bolsa repleta de pastillas de éxtasis, cigarrillos de marihuana y otras sustancias estupefacientes. Las drogas las había juntado personal de seguridad privada. (...) cuando se topó con la bolsa, el nombrado debió (...) incautar el material estupefaciente y promover una consulta inmediata con el juez en turno. Pero no lo hizo.”

Pandiani ordenó a un subordinado que custodiara la bolsa y cuando se enteraron de las muertes, la bolsa fue entregada a los investigadores con medio día de demora.

Pero Delgado determinó que la bolsa tenía un destinatario que no era Pandiani. Y es ahí donde ubicó a Alarcón Torres. “(...) como superior de los funcionarios del Departamento Investigaciones del Narcotráfico que actuaron en forma encubierta en la prevención de delitos y, sobre todo, del tráfico de drogas esa noche en la fiesta electrónica, sí tuvo un aporte que lo ubica como partícipe necesario de los hechos que, para la fiscalía encuadran en: la facilitación del comercio de sustancias estupefacientes (...), con la intervención de tres o más personas organizadas y en un sitio donde se realizaba un espectáculo o diversión pública (...), la cual por las condiciones y contexto general en que se produjo (exceso de personas que ascendió a 20.513, que generó hacinamiento, insuficiente ventilación, la administración de la sed, etc.), colocó a los concurrentes en una situación de vulnerabilidad y desamparo que puso en riesgo la salud e integridad física y devino en la muerte de cinco personas y en graves daños a la salud de otras cinco, es decir el abandono de esas personas.”

De Alarcón Torres, Delgado tenía data adicional. En 2013 y 2015, el fiscal realizó dos investigaciones que terminaron archivadas en dos juzgados diferentes. “En ambos expedientes intentamos desentrañar si había organizaciones delictivas que vendían drogas en las denominadas ‘Creamfields’ –recordó Delgado–. Quien coordinó las tareas de campo en la primer investigación preliminar fue Alarcón Torres”. También recordó que “Alarcón Torres sabía de las andanzas de Lautaro Crespo –uno de los dealers detenidos–. (...) explica por qué Alarcón Torres, que tenía a su cargo las tareas de prevención de venta de drogas el 15 de abril de 2016 en Costa Salguero no hizo absolutamente nada”. Además, recordó que la bolsa que había caído en manos de Pandiani estaba dirigida a él pero que se había retirado del predio antes de las 2 de la mañana. Según Delgado, Alarcón Torres le indicó a Nicodema Penise que entregara la bolsa a Pandiani, según un descargo por escrito presentado por Nicodema. Alarcón “afirmó por escrito que hicieron 173 requisas negativas!!!! de personas, pero no hay una sola acta”, sostuvo el fiscal.

Por otro lado sostuvo que los cinco funcionarios de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño llevan “claramente más intensa la culpa ‘gruesa’ que la ‘fina’.” Por falta de pruebas de coimas y demás, sostuvo. Pero sí consideró demostrado que Claudio Alberto Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Néstor Ricardo Cella, Gustavo Alberto Herms y Pablo Germán Fontanellas, estuvieron en Costa Salguero y no cumplieron con sus funciones de control, por lo que pidió procesarlos por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Si de los prefectos Bullrich no habló más, de sus funcionarios comprometidos habló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Está bien que la Justicia investigue a fondo, y muy buena parte de la información con la que cuenta se la dimos desde la Ciudad”. No aclaró en qué consistía esa información, pero sí adujo que los cinco no habían sido procesados por corrupción.