Luego del reclamo de los vecinos y de los resultados de las primeras pericias, Ramón Salvador Carlos Sotier, el dueño del depósito clandestino de pirotecnia que explotó el viernes último en Florencio Varela con un saldo de cuatro muertos, fue detenido ayer por la policía. El fiscal Ricardo Maidana confirmó que dentro del local existía “gran cantidad de pólvora” destinada a “la fabricación de pirotecnia”, según indica el primer informe pericial de la causa caratulada como “estrago culposo agravado”, con una pena de un mes a cinco años de cárcel. Pero los próximos informes de la Policía Federal sobre el tipo de pólvora podrían complicar aún más la situación de El Ruso Sotier y recaratular la causa como “tenencia ilegal de explosivos”, un delito no excarcelable, con penas de cinco a 15 años de prisión.
En un día signado por incidentes en el lugar de la explosión, que incluyeron agresiones por parte de los vecinos al secretario de Gobierno de Varela, Ernesto Bargas, efectivos policiales detuvieron a Sotier en el Hospital de Niños de La Plata. La captura se produjo a las 18, cuando el propietario del comercio, que funcionaba como un mayorista de golosinas, visitaba a su hija de dos años, internada por lesiones graves como producto del estallido. Sotier permanece ahora en la comisaría segunda de Florencio Varela, la misma que, según las sospechas del intendente del distrito, Julio Pereyra, “podría haber recibido coimas” por parte del ahora detenido para evitar la clausura del local.
El fiscal a cargo de la investigación, Ricardo Maidana, confirmó a Página/12 que mañana al mediodía indagará a Sotier en los Tribunales de Quilmes. Ahora, el juez de Garantías Martín Nolfi tiene cinco días para resolver si le otorga la excarcelación a Sotier. Maidana, en tanto, deberá decidir en los próximos 15 días si solicita la prisión preventiva del acusado.
A pesar de que la detención se produjo ayer, Maidana ya había ordenado hacía varios días que la policía siguiera los pasos de Sotier “por temor a que se fugara”, aseguraron fuentes tribunalicias. Es que a la fiscalía llegaron versiones que indicaban que Sotier “se iba a mudar para evitar ser encontrado”.
El pedido de detención fue elevado por Maidana a última hora del martes y, ayer al mediodía, Nolfi ordenó su captura. Ahí se inició la búsqueda, que culminó a las 18 en el hospital platense. Ahora, los pasos de la causa podrían ir detrás de los dos inspectores que concurrieron al depósito de petardos y fuegos artificiales el último 23 de diciembre. Ambos, imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, están sospechados de haber recibido coimas para no labrar el acta de clausura.
Los vecinos del local ubicado en Ombú al 600, frente a la estación de trenes Ardigó, comenzaron ayer a prestar declaración, luego de una reunión que mantuvieron con el fiscal de Cámara Marcelo Draghi, de la que también participaron familiares de las víctimas y lesionados del siniestro. El encuentro tuvo como objetivo presentar pruebas y testimonios relacionados con el incidente y con las presuntas irregularidades cometidas por los inspectores, para aportar datos a la investigación. Además, los vecinos también denunciaron “intimidaciones de quienes tendrían responsabilidad en el estallido”.
La detención de Sotier generó expectativas entre los vecinos, ya que el encierro del dueño del comercio era el principal reclamo que llevaban los familiares a la reunión. De todos modos, Luis Alberto Quinteros, el padre de uno de los empleados fallecidos en la explosión, manifestó que “no estamos conformes con el desarrollo de la causa porque éste es sólo el primer eslabón de una cadena”. “Acá no hay un solo responsable, porque alguien le dio la libertad a Sotier para fabricar pirotecnia”, señaló Quinteros minutos antes de la misa realizada ayer a las 19 en recordatorio de las víctimas, en el lugar del incidente. En ese momento fue cuando se produjeron, allí mismo, las agresiones a Bargas.
A tono, Jorge Amarilla, el marido de la joven embarazada que falleció por la onda expansiva, no dudó en responsabilizar “a Sotier y a los inspectores municipales” por la explosión que retumbó en 10 cuadras a la redonda.
Draghi afirmó a este diario que, durante la reunión de ayer a la mañana, explicó a los vecinos “el desarrollo de la causa y cada uno hizo todas las preguntas que creían necesarias”. En este sentido, el secretario de Gobierno enfatizó que el propósito es que “los damnificados y los vecinos tengan las puertas abiertas para hacer las denuncias directamente ante la fiscalía y que sea la Justicia la que determine los culpables del hecho”.
Según reveló el intendente Pereyra, en el encuentro también “se plantearon las sospechas dirigidas a los policías y los inspectores”. Además, se ratificó que, de acuerdo con los informes de la morgue, los fallecidos “eran cuatro y no siete”, tal como denunciaban los habitantes del barrio. La próxima reunión entre el intendente y los vecinos se realizará mañana a las 11 en el municipio, para hacer el seguimiento de la causa.