El 30 de junio pasado, a la mañana, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, junto al intendente de Berisso, Jorge Nedela, arengó a una formación de uniformados de la 1ª de Berisso al entregarles chalecos antibalas. “Tenemos el compromiso de cuidar a los buenos efectivos para lograr una mejor policía”, dijo pretendiendo una metáfora. Horas después, y en el otro extremo de La Plata, veinte uniformados de la cuarta deshicieron la pretensión del ministro: intentaron apretar a una comisión de fiscales (sin saber que lo eran) cuando éstos intervinieron para detener un operativo ilegal de hurgueteo en bolsos y mochilas de los pasajeros de un colectivo. Entre los propios uniformados está tan naturalizado el criterio de hurguetear en bolsos, mochilas, pantalones, que cuando el jefe de la Procuración Institucional contra la Violencia (Procuvin), Miguel Palazzani, encaró hacia el jefe del operativo, dos policías intentaron prepotearlo suponiendo que se trataba de algún pasajero envalentonado con ese temita de los derechos humanos.

Alrededor de las siete de la tarde del 30 de junio, Palazzani, junto con José Nebbia, ambos de la Procuvin, y Roberto Cipriano García, titular del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial de la Memoria, y Javier Bernardes, también de la CPM, regresaban de una inspección en el penal de Olmos. Cuando llegaron a la 44 y 21, se toparon con dos micros de la línea Oeste 188 detenidos contra la vereda, y todos sus pasajeros en la calle.

A los cuatro les interesó conocer si se trataba de un operativo legal. “Advertimos que se trataba de un operativo policial que involucraba entre 15 y 20 policías; dos o tres funcionarios se hallaban arriba del micro y hacían descender a los pasajeros (algunos niños entre ellos), mientras que algunos ya habían descendido y eran revisados, palpados en sus cuerpos e inspeccionados sus efectos personales y privados (mochilas, bolsos), que se apoyaban junto a sus pertenencias sobre la vereda”, describe el texto de la denuncia presentada por Procuvin y el Comité Contra la Tortura, ante la justicia platense.

“Había dos patrulleros y una camioneta –dijo Palazzani a Página/12–. Me presenté al primer policía con el que tomamos contacto y le pregunté quién estaba a cargo del operativo. Enseguida le avisaron y se presentó, identificándose como el teniente Miranda de la comisaría 4ª de La Plata”.

–¿Cuál es el motivo de la requisa? –preguntó Palazzani.

Miranda respondió que una mujer había denunciado el robo de su teléfono celular. “¿Tienen orden judicial?”, consultó el titular de la Procuvin y el teniente contestó que no. Para colmo, en ese momento, la dueña del celular que había hecho la denuncia vio que el GPS de su celular se movía lo que demostraba que no estaba en el lugar. “¿Sabe que lo que está haciendo es ilegal?”, preguntó Palazzani y Miranda, con cara de por qué no habré cambiado el turno, respondió que “no”. “Van a tener que interrumpir el operativo”, subrayó Palazzani, y Miranda, que había llegado a la conclusión de que obedecer le ahorraría problemas, empezó a dirigirse a los polis, “Paren, paren”, les ordenaba. A los polis, que revisaban bolsos, mochilas, palpaban pantalones, extasiados del poder del miedo en sus manos, no les resultó fácil la orden de interrupción. Pero una orden es una orden y siempre hay formas de recuperar ese rato de poder sobre otro. Así que fueron retornando a la postura impávida, mientras los pasajeros, los niños, escudriñaban intentando averiguar qué estaba pasando que el maltrato se interrumpía así como así.

Solamente un par siguió ensimismado en sus tareas de buscar por puro gusto entre los pliegues de la personalidad de los pasajeros el rastro de un celular que ya se había alejado como lo había afirmado la denunciante.

“Un hombre de entre 45 y 50 años, contextura robusta y abdomen voluminoso –describe la denuncia–, y una mujer de aproximadamente 30 años que usaba anteojos, continuaron revisando los efectos personales de una persona; por ello se les reiteró que debían cesar con el procedimiento”. En pocas palabras, que estaban cometiendo un delito.

“Ahora resulta que nosotros somos los delincuentes”, espetó la de anteojos al grupo que estaba intrusando las requisas. El de la panza prominente, siguió con sus manos hurgando en el bolso, pero como si fueran autónomas, porque al mismo tiempo fue girando su vista, sin levantarse, y la dirigió hacia Palazzani. Después se levantó y se dirigió al fiscal: “Yo no estoy cometiendo ningún delito” y fue por más, “yo a vos te conozco, te tengo visto”, dijo, evidentemente sin saber de quién se trataba. Al lado, el teniente Miranda gesticulaba de cualquier manera para que el de abdomen voluminoso se detuviera. “¿De dónde?”, quiso saber de curioso Palazzani. “De la primera”, respondió el gordo. “Una costumbre intimidatoria –dijo el fiscal a este diario–, nunca estuve en la primera”.

Finalmente, al gordo lograron hacerlo escuchar y frenó en seco. “Se terminó, Miranda”, ordenó Palazzani, y Miranda obedeció, pero los fiscales aguardaron que se retiraran los dos micros para retirarse. Luego, redactaron una denuncia para presentar a la justicia, una para Asuntos Internos, y otra a Ritondo, quien tendrá que hurgar hondo en la Bonaerense para cumplir su compromiso.

“Si esto hicieron con fiscales, que sabemos cómo manejar una situación así, hay que imaginar lo que hacen todos los días con los jóvenes”, confió Palazzani.

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