La justicia de Rosario ordenó a una obra social costear el tratamiento completo de fertilización asistida de una mujer soltera de 43 años a quien le había sido negado el beneficio con el argumento de que la afiliada “no registra pareja conviviente”. La medida cautelar dictada por el juez Pedro Boasso contra la Obra Social del Estado Provincial Santafesino (Iapos) se sostiene en una ley provincial sancionada en junio de 2013, que garantiza el acceso integral a técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida. La norma provincial, como la nacional, establece la incorporación de la fertilización asistida al Programa Médico Obligatorio y sostiene que la autoridad de aplicación (obras sociales) no podrán imponer limitaciones fundadas en el “estado civil” de las personas.