El ex secretario de Inteligencia del gobierno de Santiago del Estero, Musa Azar, uno de los principales detenidos por el doble crimen de La Dársena, fue visto junto a sus familiares en su reserva ecológica en la localidad de Arraga, a 30 kilómetros de la capital santiagueña. Según una testigo, quien declaró el lunes en la causa que investiga la desaparición de personas durante los últimos años de la dictadura militar y los primeros de la democracia en esa provincia, Musa Azar estuvo el primero de enero último en su zoológico sin autorización judicial.
El juez Angel Jesús Toledo, titular de la causa en la que declaró la testigo, remitirá hoy las declaraciones a su par Clara Gamietea de Saavedra, quien durante la feria judicial investiga el crimen de Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar.
Según denunció la testigo, Francisca Dolores Barraza y sus hijos fueron perseguidos por la policía local para que no denunciara los hechos que vio, desde la dictadura hasta el presente, en las cercanías de la finca de Musa. Barraza se contactó con el abogado de la familia de Patricia Villalba, Luis Horacio Santucho, y le dijo que tenía “mucha información” para aportar en la causa que investiga el juez Toledo que implicaría a Musa Azar.
Barraza declaró el lunes ante la fiscal federal Cecilia Indiana Garzón que vio a colaboradores de Musa Azar “en la década del 70 enterrar cuerpos humanos” en el cementerio de Arraga. La fiscalía reclamó la custodia preventiva del cementerio, ubicado a pocos metros del zoológico de Musa, y reclamó la presencia de antropólogos y de especialistas en criminalística.
Barraza también denunció que la novia de uno de los custodios que vigila la finca le comentó que vio a Musa Azar junto a su familia en el zoológico el primero de enero último. Ante estas declaraciones, el juez Toledo remitirá hoy copia de la declaración a la jueza que investiga los asesinatos de La Dársena, al declararse incompetente para resolver en ese caso.
Musa Azar es uno de los principales detenidos por las muertes de Patricia y Leyla y está imputado en la causa que investiga las desapariciones de personas durante la dictadura en esa provincia, iniciada en noviembre de 2003 por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
Según Santucho, la causa por el doble crimen se encuentra estancada y hoy sólo quedan ocho detenidos en el proceso a cargo de la jueza María del Carmen Bravo, quien está de feria judicial y se reincorporará en febrero.4