El anuncio realizado el día martes por el presidente Macri sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el atractivo nombre de Cobertura Universal en Salud (CUS) esconde el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Instalar el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta, es todo un criterio de época. Ya en 1978, 134 países firmaron la Declaración de Alma Ata, donde se sostenía que la Atención Primaria de la Salud debe ser la estrategia que deben darse los pueblos para mejorar su salud. Macri pretende firmar su defunción.

Lo novedoso del anuncio es que el financiamiento para la puesta en marcha de este proyecto se realizará con fondos provenientes de las obras sociales, de muy dudosa legalidad, más allá de cualquier buena o mala intención. Sin embargo, esta decisión no implicó el imprescindible debate parlamentario que su trascendencia requiere y fue resuelta en la soledad de un DNU.

El anuncio se sustenta en utilizar 29 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la siguiente manera: 8000 millones de pesos pasarán a formar parte de un fideicomiso que será administrado por una Unidad Ejecutora de la que participarán dos representantes del Ministerio de Salud de la Nación, dos de la SSS y dos de la CGT. Será allí donde se decida qué proyectos se financiarán dentro del CUS, potestad que debería ser privativa únicamente del ministerio. 2700 millones de pesos se “devolverán” a las obras sociales. 4500 millones de pesos se destinarán a un fondo discrecional de “emergencia” y con casi 15.000 millones de pesos se comprarán bonos al 2020 en una cuenta de la SSS del Banco Nación.

Nota aparte merece saber quiénes serán esos representantes de la CGT, de qué CGT, cómo se elegirán, etc.

Una observación de sentido común que hay que hacerse está referida a la sustentabilidad del proyecto. Se anuncia el financiamiento inicial con el aporte de los 8000 millones provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, que será por única vez, según el propio decreto. La respuesta ya la ha dejado entrever el ministro ante sus pares provinciales: la Nación se irá retirando progresivamente del financiamiento, transfiriéndolo a las provincias y a los municipios.

Por otra parte, se propone identificar y nominalizar a los “beneficiarios” (léase: ciudadanos o sujetos de derecho), que serían las 15 millones de personas que no tienen obra social o medicina prepaga, tarea que prácticamente ya está hecha en las bases de datos de diferentes organismos del Estado, especialmente los programas de salud. Acá aparece otro de los problemas típicos de los sistemas de aseguramiento: se generará una “canasta básica de servicios” que la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, a crearse por ley como parte de este plan, se encargará de acotar para los sectores de bajos ingresos, inclusive, los que tengan obra social. La canasta básica excluye prácticas de salud que hoy existen, limitando derechos o teniendo que acudir a la judicialización de la salud, como se observa plenamente en todos los países que han implementado este sistema (el paradigma es Colombia). Mientras tanto, quienes no tengan obra social y necesiten medicamentos, deberán adquirirlos en farmacias pagando un porcentaje, mientras que hasta ahora los recibían gratuitamente a través del Plan Remediar y en el centro de salud, política que además redundaba en mayor y mejor atención sanitaria, y con un costo para el Estado siete veces menor que en la farmacia.

Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva cada vez más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención, como queda claro en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención, imprescindible para el funcionamiento de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud que tanto se pregona.

Simultáneamente, el ministro de Salud suspende el cobro que se hace a las empresas de medicina prepaga del 2 por mil de sus ingresos que pagaban para sostener el funcionamiento de la SSS, probablemente con la intención de asegurarle más ganancias, a costa de desfinanciar a los organismos de control del Estado.

Es una pena que se use la sana idea de integrar al subsector público de la salud y al de obras sociales para reorganizar el Sistema Nacional de Salud para este tipo de proyectos que terminarán impactando negativamente en la salud de vastos sectores de la población. Pero no es extraño en esta gestión de Cambiemos, que se especializa en presentar cosas dañosas para el pueblo como buenas, como el caso del blanqueo de capitales realizado a expensas de una supuesta “reparación histórica para los jubilados” que terminará destruyendo el sistema jubilatorio argentino. Esperemos que diputados y senadores que deben convalidar este DNU esta vez actúen diferente.

* Ex ministro de Salud de la Nación.