“El cuidado es un derecho y el Estado tiene que asumir competencias como garante de la provisión y la regulación de servicios”, advirtió Karina Batthyany, profesora titular del departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Batthyany es una de las académicas que impulsó el debate en el país vecino para integrar al cuidado en la agenda pública y política. De paso por Buenos Aires, adonde viajó para participar del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, que se hizo en la UBA, conversó con Página/12 sobre la experiencia uruguaya y los caminos para lograr que para el cuidado de los niños y niñas pequeños en las familias, de los adultos mayores dependientes y las personas con discapacidad, no sean las mujeres la única alternativa. “Ahí está el núcleo crítico de la desigualdad de género”, subrayó. Y contó que en Uruguay, entre otras medidas, se amplió la licencia por paternidad y se incorporó la posibilidad de que los varones trabajen la mitad de las horas en el primer año de vida de su hijo, con igual salario.

–¿Qué impacto tuvo en Uruguay que el cuidado ingrese en la agenda pública?

–En primer lugar, el cuidado dejó de ser un problema individual al que cada una de nosotras, –y digo nosotras, porque sabemos que el cuidado es esencialmente femenino–, respondemos como podemos y de acuerdo a nuestros recursos. Cuando pasa al ámbito de lo público, ya no es así, como dice María de los Ángeles Durán “puertas adentro”, sino que el Estado tiene que dar una respuesta. Es la misma discusión que en su momento se dio con el seguro de desempleo: cuando yo pierdo mi trabajo, no es un problema individual, es colectivo y el Estado, tiene la obligación de dar respuesta. No puede ser que la única alternativa de cuidado sean las mujeres. Tienen que haber otras soluciones.

–¿Cuánto aportan las mujeres con su trabajo no remunerado de cuidados y doméstico al PBI de cada país?

–Aproximadamente un promedio del 20 por ciento. Se han hecho ejercicios de medición en distintos países de América Latina, Uruguay, México, Colombia, que, de acuerdo a la metodología aplicada, oscila entre el 18 y el 23 por ciento.

–¿Cómo afecta a la vida de las mujeres la división sexual del trabajo?

–La división sexual del trabajo está en el origen de todo esto. Por eso justamente quienes trabajamos en este tema lo hacemos desde una perspectiva de género y feminista, porque consideramos que ahí está el núcleo crítico de la desigualdad de género. Claramente hay una división primaria en el trabajo de varones y mujeres: a ellos se les asigna ese rol en la participación del mundo público y de la provisión económica, y a las mujeres, el espacio de lo privado, doméstico, de cuidados y la reproducción, como se le decía anteriormente. Vos me dirás que ya cambió. Por suerte cambió: en países como Argentina y Uruguay encontramos una tasa de trabajo femenino alta. Nos hemos incorporado al mundo de lo público, pero los hombres no se han incorporado al trabajo en la esfera privada, que sigue estando principalmente en manos de las mujeres. Todas las encuestas de uso del tiempo que se han hecho en la región, en nuestros países, demuestran eso: las tareas de la casa, el trabajo no remunerado, sigue en más de un 80 por ciento en manos de las mujeres. Los varones se han incorporado pero de manera muy pequeña.

–¿Qué experiencias hay en el mundo de políticas públicas que hayan favorecido que los hombres se involucren de manera más igualitaria en los cuidados?

–Hay cinco tipos de políticas de cuidado: las primeras, son políticas del tiempo, las más conocidas son las licencias por paternidad, que apunan a que el varón pueda tener días para el cuidado de sus hijos…

–En la Argentina siguen siendo dos días por nacimiento, aunque en algunos sectores del empleo público, en algunos municipios y jurisdicciones de la justicia, se ha ido ampliando en los últimos años.

–En Uruguay se tiende a los 10 días. Es poco, pero mejor que dos. La transformación más grande que hicimos en ese aspecto es que se le reconoce al varón el derecho al medio horario, igual que a la mujer, durante un período de tiempo, que primero son seis meses, y luego se va a ampliar a un año, a partir del nacimiento del hijo.

–¿Cobrando el mismo sueldo?

–Sí. No se afecta el salario. En países europeos, sobre todo los nórdicos, tienen muchas experiencias en el tema. ¿Son suficientes? No, no lo son, pero son un intento de modificación en ese sentido. Las segundas políticas que se han hecho con ese objetivo, son aquellas que brindan servicios, como la ampliación de jardines de infantes, en cantidad y en cobertura de edad de los niños. En Uruguay ya se incorporaron los de 3 años y se está pesando la oferta de servicios de 0 a 2 años. La cuestión es que no sea un servicio al que puedan acceder solamente quienes pueden pagarlo, sino que esté disponible para todos. También en relación al cuidado de los adultos mayores, hay una oferta diversa, desde servicios diurnos, residencias, asistentes personales. El tercer tipo de políticas, se conocen como bonos o vouchers, son transferencias de dinero que se entregan para cubrir el pago del jardín de infantes, por ejemplo, o para que contrates a una persona para que se encargue del cuidado de un adulto mayor dependiente o de una persona con discapacidad. Sobre estos tres tipos de políticas, del tiempo, de servicios y de transferencias, hay más experiencia internacional y es lo que se está implementando en Uruguay. Pero hay otras dos políticas centrales para la cuestión de género. Por un lado, las que tienen que ver con la transformación cultural, que van desde campañas de concientización que apunten a mostrar que el cuidado también es un asunto masculino, a políticas en las escuelas. Por el otro, están las políticas de capacitación y formación para quienes se hagan cargo de los cuidados: no pueden ser empleos precarizados, se deben generar puestos de trabajo que no sean el último orejón del tarro, con buenos salarios y con personal especializado.

–¿En qué etapa está la implementación de las reformas en Uruguay?

–En 2010 se creó por decreto presidencial un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Hubo cinco años de diseño y de diagnóstico para empezar a funcionar recién en 2015. Este marco normativo surge, y hay que aclararlo, en gobiernos progresistas, de izquierdas. Se venía discutiendo desde el primer gobierno del Frente Amplio y se formaliza en un proceso de reformas sociales más amplias, que incluyó la salud, la seguridad social, la política fiscal –que permite tener recursos para implementar este tipo de políticas de cuidados–, políticas de equidad, un plan nacional de juventudes y otro de mujeres. El sistema tiene tres principios constitutivos muy importantes que lo definen. Se reconoce por ley que el cuidado es un derecho –hay un antes y un después en Uruguay en este sentido–. Se incorpora la cuestión de género en el centro del sistema; en la ley se aclaran los objetivos y uno de ellos es alterar la división sexual del trabajo hacia un sistema de mayor equidad de género. Se plantea que debe ser universal, que toda la población tenga acceso. Se implementan entonces políticas que tiene que ver con el uso del tiempo, licencias y uso del medio tiempo para los padres. Es progresiva. Prevé la ampliación de servicios de cuidado tanto para primera infancia, como adultos mayores y personas con discapacidad. Para los niños de 0 a un 1 se plantean casas comunitarias de cuidado, donde se puedan dejar durante algunas horas. Para adultos mayores dependientes hay asistentes personales.

–¿Qué evaluación hace hasta el momento?

–Hay algunos llamados de atención. Desde el punto de vista de género, observamos con preocupación hasta donde efectivamente se va a lograr involucrar más varones a las tareas de cuidados, sea al interior de las familias, o en el sector de nuevos empleos de cuidados. La experiencia internacional muestra que si el medio horario es optativo, es decir, que puede elegir la pareja si se lo toma ella o él, normalmente lo que ocurre es que se lo siguen tomando las mujeres. Y en Uruguay, a pesar de las advertencias que hicimos, en su momento se tomó el camino de que sea optativo. En países nórdicos, es obligatorio para ambos, si el varón no lo toma, se pierde. Hicimos un estudio, sobre la implementación de la ley en Uruguay y vimos que es muy bajo el porcentaje de varones que lo están tomando: menos del 5 por ciento, de los potenciales usuarios.

–¿Qué factores favorecieron que el tema pudiera discutirse?

–Se dio una tríada muy importante, entre el gobierno –por la voluntad política del FA y la decisión del presidente de que esta iba a ser la política social por excelencia en este período–, el sector académico, que produjo conocimientos, y la sociedad civil, particularmente el movimiento de mujeres y feminista, que después se amplió con actores de educación y salud.