En América las mujeres están siendo encarceladas por delitos menores relacionados con drogas a un ritmo alarmante, que supera, junto a Asia, al de cualquier otra región del mundo. En Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, representan más del 60 por ciento de la población femenina en los penales. En las cárceles federales del país, la cifra aumentó 271 por ciento entre 1989 y 2015; y 290 por ciento en Brasil entre 2005 y 2013. Los datos surgen del documento “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe”, que se presentó ayer en la Defensoría General de la Nación, ante jueces, fiscales y defensores oficiales. El informe denuncia que “las fuerzas impulsoras” que están detrás de las tasas “exorbitantes de encarcelamiento” son las leyes de drogas “extremadamente punitivas” y la imposición de “penas desproporcionadas”. Además, advierte que las presas en su gran mayoría suelen ser madres solteras, que se involucran en el negocio de las drogas como una manera de mantener a sus hijos, y cuando caen presas, pierden contacto con ellos, situación que genera un impacto enorme en la crianza de los chicos (ver aparte).

En diálogo con Página/12, Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, destacó la importancia de la Guía que busca llamar la atención de los gobiernos para introducir reformas en las leyes de drogas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, pero alertó sobre las dificultades para su aplicación en un contexto como el del Gobierno de Mauricio Macri, que declaró “la guerra a la drogas y la persecución a la venta al micro menudeo”. Malacalza fue una de las expositoras en la presentación de la Guía, junto a ColettaYounger, experta en Política Internacional de Drogas de WOLA, e Iñaqui Anitua, defensor público oficial de los Tribunales Orales en lo Criminal 7. También estuvieron la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.

La Guía advierte que, si bien es cierto que el número de hombres privados de libertad es mayor, los niveles de encarcelamiento de mujeres están creciendo “a una tasa más rápida”. Según el Institute for Criminal Policy Research, la población carcelaria femenina total en AL aumentó un 51,6 por ciento entre 2000 y 2015, en comparación con un 20 por ciento para el caso de los hombres.

El documento fue coordinado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en su sigla en inglés), una organización de investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en el continente americano, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Droga (IDPC), Dejusticia, una ong colombiana de ddhh, y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. La Guía fue elaborada por un equipo de expertas y expertos de distintos ámbitos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Reino Unido y Uruguay. De Argentina participó Luciana Pol, del CELS. Pol moderó ayer el panel de presentación.

Malacalza sostuvo que el crecimiento del encarcelamiento de mujeres en la provincia de Buenos Aires es una consecuencia de la aplicación de la Ley de Estupefacientes y la desfederalización de los delitos de drogas. Puntualmente detalló que el número de presas solo en los penales bonaerenses pasó de 630 en 2006 a 1311 en 2015: el 45 por ciento ingresó por delitos vinculados a tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

“A pesar de llevar la peor parte de las políticas punitivas, estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad: la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riego –distribución de drogas a pequeña escala o por transportar drogas–, como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coacción de una pareja o familiar”, señala la Guía, que busca llamar la atención de los gobiernos para introducir reformas en las leyes de drogas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. “La mayoría de ellas tienen poca educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de otras personas –hijos/as, personas mayores o con discapacidad– que, tras el encarcelamiento de su cuidadora, quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad”, alerta el informe. Sobre esta situación hizo hincapié la defensora general de la Nación. “Hay que trabajar muchísimo, generar nuevas ideas, pensar seriamente si una persona que ha sido coaccionada por su realidad socio-económica a poner en peligro su vida por una suma muchas veces insignificante no es algún modo de explotación laboral equiparable a la trata”.

Según un estudio de 2011, reflejado en el documento, en Argentina a 9 de cada 10 extranjeras encarceladas por delitos de drogas a nivel federal se les imputa ser correos humanos: para el 96 por ciento de ellas era su primer delito. No tenían antecedentes penales.