La Guía para la reforma de políticas de drogas en América latina y el Caribe recomienda la descriminalización del uso, la tenencia y el cultivo de drogas para consumo personal; además de asegurar la proporcionalidad de las penas, distinguiendo en las leyes entre delitos de drogas de menor, media y alta escala; el nivel de liderazgo en las redes criminales y delitos violentos y no violentos. Al mismo tiempo, plantea que se contemple las alternativas al encarcelamiento, y se consideren factores como las condiciones de pobreza y exclusión social, la maternidad y el rol de cuidado de otras personas dependientes; aplicar indultos o amnistías, a favor de mujeres embarazadas, lactantes, o responsables de niñas o niños; eliminar en las legislaciones la obligación de la prisión preventiva para delitos relacionados con drogas; reformar los procesos penales para poder aplicar el principio de oportunidad –que se refiere a la abstención de empezar un proceso penal o terminarlo si ya empezó– a mujeres microtraficantes que viven en condiciones de vulnerabildad.