Por 57 votos a favor y ninguno en contra, la Legislatura porteña modificó ayer el Estatuto Docente para incorporar el derecho a una licencia especial, con goce de haberes, por violencia de género. “En un momento tan difícil para las y los trabajadores de todo el país, una conquista de esta magnitud para las compañeras de la educación y para las mujeres en general nos llena de alegría”, dijo Carolina Brandariz, secretaria de Género de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), gremio que impulsó la iniciativa. En diálogo con Página/12 Estefanía Aguirre, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Ctera, destacó la importancia de esta licencia para hacer visible la problemática porque habitualmente las trabajadoras que la sufren tienen que enmascararla con licencias encuadradas en otros padecimientos o enfermedades. “Y no se trata de una enfermedad de la víctima sino de la sociedad machista. Por lo tanto, no se puede justificar la ausencia de la compañera a su lugar de trabajo con un certificado de enfermedad personal o lo que es peor, una licencia psiquiátrica, que a su vez redunda contra la tenencia de hijos e hijas muchas veces, cuando se las termina acusando de que están locas. Es necesaria esta licencia para que se llame a las cosas por su nombre”, señaló Aguirre.

Ya avanzaron con normativas similares para las trabajadoras de la educación las provincias de Chubut, Chaco, Mendoza, Río Negro, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Santa Fe, y en Córdoba y Río Negro alcanza a todas las empleadas del Estado. En la mayoría de los casos, se trató de propuestas promovidas desde la CTA de los Trabajadores.

“Todas nuestras entidades de base tienen en su agenda de paritarias el tema. Algunas provincias no tienen paritarias por eso necesitan que la ley pase por las Legislaturas”, indicó Aguirre. En el ámbito privado, por el momento, uno de los pocos sindicatos que logró ese derecho es el del subterráneo de Buenos Aires. En la Cámara de Diputados se presentaron varios proyectos para introducir la licencia por violencia de género en la Ley de Contrato de Trabajo, para que se convierta en derecho para todas las empleadas del sector privado. Pero nunca llegó al recinto. “Tenemos pendiente que salga la ley nacional. El año pasado se consensuó un texto, obtuvo dictamen de las comisiones de Familia y de Trabajo, y quedó cajoneado. Sorprendió que hubo resistencias, con la creencia errónea de que las mujeres van a presentar falsas denuncias para gozar de la licencia o exigiendo que también alcance a los varones. Si los hombres sufren violencia hay otro tipo de razones, y no lo que define la violencia de género, que tiene que ver con las históricas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y que se cristaliza en vínculos violentos. Vemos que hay bastante incoherencia entre quienes se sacan la foto con el cartelito con la consigna NiUnaMenos y después no promueven este tipo de políticas o ponen obstáculos para su sanción”, cuestionó, en diálogo con este diario, la secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores, Estela Díaz. “Por supuesto estas licencias no resuelven el problema, pero están en línea con la Ley 26485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres: es una obligación del Estado proteger el empleo de las trabajadoras que la sufren violencia”, apuntó Díaz.

La ley porteña abarca a los varones aunque en el recinto se aclaró que “en nuestra sociedad, esta problemática afecta fundamentalmente a las mujeres, que sufren distintos tipos de violencia, que han sido categorizadas de manera física, psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, económica y simbólica que suceden en ámbitos familiares, institucionales, laborales o mediáticos”. La norma, que incorpora la licencia por violencia de género al artículo 70 del Estatuto Docente, fue impulsada UTE-Ctera a través de las diputadas Lorena Pokoik y Paula Panacca, entre otros legisladores. “Es la primera vez en el año que una ley sale sin ningún voto en contra, lo que muestra el consenso alcanzado para reconocer este derecho de las compañeras”, destacó el secretario general de UTE, Eduardo López, quien estuvo en el recinto acompañado por Aguirre y Brandariz. Contempla “una percepción íntegra de haberes a las y los docentes con carácter de titular, interino o suplente que padezcan cualquier tipo de violencia de género afectando su seguridad personal, y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo”. Además, establece que la licencia tendrá que “contar con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas” y sostiene que “en un plazo de 72 horas se deberá presentar la denuncia judicial correspondiente o la certificación emitida por los organismos estatales competentes”.