Alrededor de las ocho de la noche de ayer, Carla, la joven de 20 años a quien – luego de atenderla por una emergencia gineco- obstétrica – un médico del hospital municipal de Pilar denunció a la policía sin especificar delito, dejó el centro médico donde algunos profesionales de la salud querían retenerla hasta el lunes, cuando estuvieran “los resultados de la biopsia de la placenta” que le retiraron al ingresar. Por la tarde, contó a este diario una de las integrantes de las organizaciones que la acompañan y denunciaron el caso, “le dijeron que no le iban a dar el alta hasta no tener los resultados, y no por motivos médicos”. Sin embargo, acompañada por su abogada Gabriela Conder, y activistas, Carla dejó el Hospital Municipal “Juan Cirilo Sanguinetti” y fue a su casa. Al menos hasta anoche, la joven y su abogada desconocían si las averiguaciones que -ayer mismo-recayeron sobre el fiscal a cargo de la UFI 2 de Pilar, Leonardo Loiterstein, tienen carátula. El funcionario judicial, de todos modos, tomó declaración al tocoginecólogo Christian Paul Pesce, que el 31 de septiembre dio intervención a la policía por un “parto domiciliario (sin feto)”.

En tanto, la madre de la joven denunció que el jueves por la noche, cuando aún ninguna fiscalía investigaba la presentación de Pesce, policías del Destacamento Agustoni fueron a la casa de la familia y pretendieron ingresar para “buscar pruebas”, al mismo tiempo que en el hospital el subcomisario Claudio Alvarez presionaba a Carla y su padre para que dijeran “dónde está el feto si no querían ser detenidos”. Ayer, hasta antes de dejar el lugar, en el hospital seguía habiendo custodia policial, aunque no asignada de manera específica a la joven.

Por el caso, que fue dado a conocer ayer por este diario, el Observatorio de Violencia de Genero de la Defensoria del Pueblo bonaerense presentó un pedido de informes a la secretaría de Salud de la municipalidad de Pilar y otra al ministerio de Salud provincial. La titular del Observatorio, Laurana Malacalza, dijo a este diario que el organismo evalúa la posibilidad de realizar también una presentación a la Procuración General de la provincia, “en términos de la definición de directrices para los lineamientos de actuación de los fiscales” en casos vinculados a la salud sexual y reproductiva.

Por su parte, la abogada Sabrina Cartabia, de la Red de Mujeres, que junto a organizaciones del movimiento de mujeres como la Red de Defensoría de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Defensoría de Género, la Campaña contra la violencia hacia las mujeres, la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Socorristas en red, acompañaron a Carla y sostuvieron el reclamo, señaló que podría haber novedades al comenzar la semana. “El lunes se va a presentar formalmente la abogada, va a tomar vista de la causa y va a poder leer la declaración del médico y saber qué hay” en las averiguaciones judiciales, explicó. “Por lo menos hasta ahora, no hay carátula”, añadió.

Malacalza, del Observatorio, advirtió que “en este caso, como en el de (la joven tucumana) Belén, hay definiciones del ministerio de Salud que deberían hacerse más efectivas”. Hace alrededor de diez días, cuando trascendió que en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Springolo”, de El Palomar, una cartel indicaba a los médicos que debían denunciar si sospechaban que una paciente había ingresado tras un aborto, “la respuesta del Ministerio fue buena y rápida, pero hay médicos que no saben cómo actuar en estos casos”, por lo que “esas directrices deben ser más concretas y apuntar a evitar la criminalización” de las mujeres, añadió.

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