La justicia federal sobreseyó a los 34 activistas de Greenpeace que fueron detenidos en abril cuando protestaban en la Plaza de Mayo para reclamar el cierre de la mina sanjuanina de Veladero.

El 27 de abril pasado la Plaza de Mayo se encontraba vallada por una manifestación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Ese día, los militantes ambientalistas que vestían remeras verdes con la leyenda “Macri cerrá Veladero” – la mina donde en septiempre de 2015 se produjo un derrame de cianuro– traspasaron el enrejado y rodearon el mástil central de la plaza mientras dos de ellos, equipados para escalar, treparon al mismo para colocar una bandera que replicaba la leyenda de sus remeras.

Cuando los activistas habían logrado desplegar el cartel, los policías se llevaron a los ecologistas, que luego fueron imputados por desobediencia a la autoridad.

En su dictamen, el fiscal Daniel Pablovsky consideró atípica “la conducta desarrollada por los manifestantes, toda vez que si bien objetivamente, aunque hubiera sido legítima, no se habría acatado la orden policial de abandonar el sector de la plaza vedado al público”. Sin embargo, remarcó que “lo cierto es que el reclamo que pretendían manifestar los miembros de la agrupación Greenpeace era legítimo y pacífico, entendiendo que puestos en la balanza ambos preceptos deben privilegiarse el derecho de protesta y libre expresión consagrados en la Constitución Nacional”.

El magistrado agregó que “considerar lo contrario y avanzar con la presente contra los integrantes del grupo Greenpeace, detenidos en medio del ejercicio de su derecho de manifestación pacífica bajo el argumento de que violaron el artículo 239 del Código Penal podría transformar ese mecanismo es una forma de restringir el ejercicio del derecho de protesta y libre expresión”.