El procurador General del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, calificó el caso del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá como “un problema de género”.

El jueves 25 de agosto se realizó un allanamiento en el convento donde se hallaron elementos de tortura y autoflagelación, como látigos y cilicios. Por lo tanto, luego de tomar declaraciones a ex religiosas, el fiscal de la causa, Federico Uriburu, decidió imputar a la madre superiora por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

“No atacamos a la Iglesia, ni como institución ni como religión, sino que hay hechos gravísimos desde el derecho penal, y a nosotros nos mueve proteger a las víctimas, pese a los escándalos que se puedan ocasionar es nuestro deber”, precisó durante el programa radial “A quien Corresponda” de Paraná.

García comunicó que tras la declaración de la imputada, quien hace diez años es la encargada del convento e ingresó en 1991 al lugar, y tiene como nombre real Luisa Toledo, de 63 años, “habrá que pedirle al juez que se la excluya de toda dirección de cualquier establecimiento mientras dure la causa”. Agregó que “un monasterio no tiene ninguna sede de nada, es territorio argentino, soberanía política del Estado argentino y provincial y hubo legitimidad enfática en la entrada, si la defensa utiliza esa argucia será absolutamente desechada porque en la jerga nuestra es una chicana”.