“Necesitamos que el Estado nos devuelva la soberanía sobre el cuerpo que nos expropió. La maternidad forzada es una cárcel para las mujeres”, afirmó Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y abogada de Belén, la joven tucumana que fue condenada y estuvo presa dos años y cinco meses, tras sufrir un aborto espontáneo. Deza fue una de las expositoras en la jornada “Hablamos de aborto” que organizó ayer el diputado Pablo Ferreyra (FpV) en la Legislatura porteña, y en la que participaron referentes de la cultura, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y distintos partidos políticos, como preámbulo del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto que se conmemora hoy con distintas actividades y epicentro en el Congreso, desde donde a las 19 partirá una marcha a la Plaza de Mayo.

Deza fue una de invitadas más esperadas de la jornada multidisciplinaria “de voces sobre el aborto”. La abogada tucumana reveló que en Santiago del Estero hay actualmente otras dos mujeres presas por aborto, detenidas en las últimas semanas. Compartió el panel en el que se ahondó sobre “violencia institucional” con la abogada Luciana Sánchez, de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto, Fernanda Meques, de Las Casildas, una ong que trabaja contra la violencia obstétrica, y la militante kichnerista Victoria Montenegro.

Deza se refirió en primer lugar al caso Belén. “Para que una mujer haya estado 29 meses presa tiene que haber una triada que funciona bien aceitada, que consolida la violencia patriarcal desde las instituciones, conformada por operadores de la salud, que violan el secreto profesional para denunciar, la policía y el Poder Judicial”, describió. Y señaló que Belén no es la primera mujer en Tucumán, que es denunciada luego de sufrir un aborto espontáneo.

“Hay una cosmovisión moral en los hospitales que utiliza la estructura judicial para criminalizar a una mujer que sufre un aborto espontáneo”, indicó la abogada. Y contó que con un equipo de investigación encuestaron a 203 profesionales de 5 hospitales públicos de Tucumán, incluido el Avellaneda donde fue atendida y denunciada Belén, en los que se realiza atención gineco-obstétricas. Les propusieron medio centenar de prácticas médicas, para que las ordenaran, según cuál consideraban que era más violenta contra las mujeres: “La denuncia contra una mujer que llegaba con un aborto, la ubicaron en el lugar 32. Les pareció menos violento volverla convicta que rasurarle el pubis”, reveló Deza. “Tres de cada 10 profesionales de la salud del Avellaneda le pusieron cero a la denuncia post aborto”, destacó la abogada, para mostrar cómo está naturalizada la violación del secreto médico y la criminalización de mujeres en situación de aborto.

“De cara al 28 de setiembre, el caso de Belén ha puesto al descubierto que el sistema penitenciario nos ocultó durante dos años una presa por aborto. Quedaron sin argumentos nuestros parlamentarios que decían que no había presas por aborto y que por eso no había que reformar la ley”, apuntó Deza y reclamó, con pañuelo verde al cuello, que se abra el debate en el Congreso y se trate el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito (ver aparte).

La actividad fue convocada por el diputado Ferreyra, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, de la Legislatura porteña. “Los cuerpos de las mujeres son los primeros implicados cuando hablamos de aborto. Pero también hay otras corporalidades implicadas: lesbianas, varones trans, mujeres bisexuales. Los varones heterosexuales debemos involucrarnos para acompañar a quienes deciden abortar”, subrayó Ferreyra, al abrir la jornada, por la mañana.

En la mesa de cierre, por la tarde, la legisladora Andrea Conde (FpV) indicó que “nos parece fundamental la movilización, pero también el rol del Estado”. Por su parte, la diputada nacional (FIT) Myriam Bregman señaló que “en esta nueva coyuntura se están desfinanciando programas de atención a mujeres” y consideró que “la sociedad está preparada para discutir el aborto, el 60 por ciento está de acuerdo en legalizarlo, pero es en el Congreso donde cuesta avanzar”.