Diputadas y diputados de un amplio arco político renovaron ayer su voluntad de impulsar el tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el marco del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal. Los pañuelos verdes, símbolo de la lucha por la despenalización de esta práctica, se multiplicaron en los alrededores del Congreso. Actividades artísticas, una radio abierta y una marcha a la Plaza de Mayo coronaron la jornada de activismo, que tuvo como ejes el reclamo por el debate en el Congreso y el pedido de absolución de Belén, la joven condenada en Tucumán tras sufrir un aborto espontáneo.

La diputada Myriam Bregman (PTS/FI) llevó el tema a la sesión que se desarrolló por la tarde. “Hoy conmemoramos un nuevo Día de Lucha por la Legalización y la Despenalización del Aborto, y tenemos que decir que hay también otra estadística terrible: más de tres mil mujeres murieron en los últimos diez años por la clandestinidad del aborto. Es una masacre lenta que ocurre cada día en el país”, dijo Bregman. “Los que niegan que podamos tratar este tema, tanto en el oficialismo como en la oposición, es porque obedecen a mandatos partidarios, religiosos y morales. Respetamos su opinión particular, pero lo que estamos rechazando es que esa opinión se nos imponga a las grandes mayorías”, cuestionó.

Por la mañana, en conferencia de prensa, más de una docena de legisladores, firmantes del proyecto reafirmaron su compromiso de promover su tratamiento. Participaron de la conferencia Victoria Donda, quien encabeza la firma de la iniciativa elaborada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (y es titular del bloque de Libres del Sur); Daniel Lipovetzky (PRO), Carolina Gaillard (FpV), Bregman, Héctor Recalde (FpV), Federico Masso (Libres del Sur), Sergio Wisky (PRO), Pablo López (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Carla Carrizo (UCR), Alejandra Martínez (UCR), Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria), Brenda Austin (UCR), Gabriela Troiano (PS) y Teresita Villavicencio (Del Bicentenario). “Es menester que el Congreso debata acerca de la legalización del aborto, como podemos ver, se trata de un proyecto que cuenta con la firma de más de 40 diputados y diputadas de diversos bloques políticos, ello nos muestra de que el tema cuenta con el apoyo de gran parte de la sociedad que se ve reflejada en el proyecto con mayor cantidad de firmas de la Cámara. Mi compromiso es llevar adelante todas las diligencias a fin de que el tema se ponga en discusión”, afirmó Donda.

Varios de los firmantes son presidentes de bancadas: Recalde (FpV), Margarita Stolbizer (GEN), Bregman (PTS-FI), Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria), Alicia Ciciliani (PS), Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Alcira Argumedo (Proyecto Sur). Del PRO, lo acompañan Juan Carlos Villalonga, Samanta Acerenza, Marcelo Wechsler, Lipovetzky y Wisky. Además, cuenta con el aval de unas 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas de todo el país.

El proyecto consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación –como en España– y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, o si existieran malformaciones fetales graves. Además, establece que si la IVE debe practicarse a una adolescente, entre los 13 y 16 años de edad, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Si es menor de 13 años, “se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. En todos los casos, serán “de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído”, dice el proyecto.

Fija, por otra parte, que en ningún caso se exigirá autorización judicial y los procedimientos de IVE deberán ser cubiertos integralmente por prepagas y obras sociales –e incorporadas como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias– y realizarse en el sistema de salud, dentro de los cinco días de solicitados.

El texto no es idéntico al que se venía presentando desde 2007, cada vez que perdía estado parlamentario: fue actualizado a la luz de las reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre otras normas, a través de consultas a profesionales de distintas disciplinas y activistas, en foros de discusión realizados en diferentes ciudades a lo largo de 2015. Las conclusiones de esos foros participativos fueron reunidas y consideradas por una comisión redactora que elaboró un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su reunión Plenaria, que tuvo lugar en Paraná el 5 y 6 de marzo. El artículo primero define: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”.