Después de la ejecución de la secretaria general de la Asociación de Meretrices de Rosario, el gobierno de Santa Fe designó una comisión especial de investigación: cinco policías bajo las órdenes directas de quien es técnicamente el jefe de la policía rosarina, José Manuel Maldonado, a cargo de la Unidad Regional II. Ahora, la organización rosarina de meretrices y los delegados de la CTA piden su renuncia. Sostienen que Maldonado es el jefe de una corporación policial denunciada por “aprietes y recaudación”. E indican, además, que mientras estuvo al frente de la División de la Policía Judicial encubrió a doce policías involucrados en el crimen del dirigente Claudio Lepratti, ejecutado en la represión de diciembre del 2001, y protegió a otros 44 efectivos de la comisaría 1ª, relevados por la violación de una nena de 16 años. En tanto, en la causa por el homicidio de Sandra Cabrera ayer quedó detenido un jornalero paraguayo denunciado por dos meretrices rosarinas. La policía encontró en su casa un arma calibre 32, el mismo calibre usado con Sandra.
La designación del comisario Maldonado, a cargo de una comisión de investigación especial, fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Jorge Obeid después del crimen. Parecía una demostración de firmeza en el compromiso de avanzar en la investigación de un caso en el que los principales sospechosos eran sectores de la policía del ahora ex Departamento de Moralidad Pública. Como dirigente sindical, Sandra había denunciado en numerosas oportunidades sus mecanismos de extorsión, amenazas y la protección que les brindaban a los proxenetas de la zona roja situada alrededor de la Terminal de Omnibus de Rosario.
La comisión presidida por Maldonado está compuesta por cinco policías que, de acuerdo con la información de la secretaria de Seguridad, trabaja full time desde hace una semana en la resolución del caso. Desde entonces, los oficiales le pasan a él la información que más tarde reenvía al juzgado de Carlos Carbone, a cargo de la causa en etapa de instrucción. El gremio de los estatales y el de las meretrices pusieron el foco en ese circuito de información, y en el responsable. Definen a Maldonado como el jefe de una corporación policial que, además de mantener negocios con el sector de la prostitución privada, “aparece vinculada a ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia”, según indica un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) del 2001.
“No estamos hablando de grupos paralelos”, dice ahora Gustavo Martínez, secretario adjunto de la CTA en referencia a la relación de la policía con los proxenetas. “En Rosario no hay espacios para mafias, es el aparato de seguridad el que participa.” Y en ese marco, dice Martínez, Maldonado interviene como jefe, “fiscaliza y controla que el porcentaje de cada uno llegue a destino”.
Maldonado fue designado jefe de la Unidad Regional de Rosario en diciembre del año pasado. Hasta entonces era el encargado de la División Judiciales, una de las áreas clave del organismo y con un rol especialmente delicado durante las investigaciones abiertas por la Justicia sobre los hombres de la fuerza. Existen dos causas que para los rosarinos son emblemáticas: el caso Pocho Lepratti y el de tres policías de la comisaría 1ª denunciados en septiembre del 2002 por la violación a una nena de 16 años. En los dos casos, las actuaciones judiciales y policiales contra los uniformados acusados sufrieron todo tipo de irregularidades. En el caso Lepratti, por ejemplo, la bala que terminó matándolo salió disparada del móvil 2270 del comando radioeléctrico el 19 de diciembre. En este momento hay doce policías procesados: “Pero en la causa hubo –detalla Martínez– falsificación de actas, pruebas desaparecidas, emparcharon una parte del libro de actas y hasta le pegaron dos tiros al patrullero para simular un enfrentamiento”. Durante la investigación, Maldonado era clave: “Convalidaba con una firma las actas falsificadas que recibía la Justicia”, dice Martínez. Esta otra maldita policía tiene características brutales, pero no mecanismos mafiosos al estilo de la Bonaerense. Enrique Font es criminólogo, investigador y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Para Font, la policía de Maldonado “no tiene mecanismos o núcleos mafiosos sostenidos en el tiempo; es ejecutora, pero no se matan entre ellos como la de Buenos Aires”. En Rosario, la organización “es fragmentaria: hay una aceptación de los negocios que no son hereditarios sino que se distribuyen de acuerdo a los cargos”.
Un brazo ejecutor aún anónimo disparó el martes pasado contra el cráneo de Sandra Cabrera, a una cuadra de la esquina donde solía esperar a sus clientes. La autopsia en manos del juez Carbone reveló que la bala calibre 32 “quedó alojada y deformada en el cráneo”. En el disparo “no hubo un tiro a corta distancia sino abocamiento: le apoyaron el arma en el cráneo”, indicó una fuente del juzgado. Ni las sandalias ni la ropa de Sandra tenían marcas de arrastre, tal como se indicó hasta ahora no la habrían trasladado sino que habría muerto en ese mismo lugar.
Por estas horas, el juzgado tiene un nuevo detenido: Rubén Darío Encina, un paraguayo denunciado por dos compañeras de Sandra. Las responsables de la denuncia son Nancy y Nilda Cinzano, dos hermanas de 27 y 32 años que lo vieron el sábado a la noche y el domingo en la zona de la terminal. El domingo, Encina pasó en una moto y con un revólver en la mano les gritó: “Mugrientas de mierda, las voy a matar; las voy a matar, putas de mierda”. Ellas le avisaron a un patrullero, la policía lo detuvo y la Justicia ordenó un allanamiento en su casa. Allí encontraron un arma del mismo calibre con la que mataron a Sandra. Encina ahora está detenido a la espera de indagatoria, imputado de “amenazas calificadas por el uso de arma”. Las causas de las amenazas aún son inciertas. Sin embargo, Nancy Cinzano es una de las trabajadoras sexuales que había denunciado tiempo atrás a Sergio Bermejo, el ex policía de Moralidad detenido desde el miércoles en el marco de las investigaciones por el crimen.
La policía rosarina y el nombre de su jefe serán blanco de críticas el jueves próximo. Las meretrices y la CTA convocaron a una marcha a las seis de la tarde que comenzará en la plaza 25 de Mayo y terminará en la plaza San Martín, frente a la intendencia. En ese marco pedirán nuevamente el esclarecimiento del crimen y el desplazamiento de la cúpula policial.