Elena Reynaga estaba a punto de llegar a Rosario, la ciudad donde hace una semana cayó muerta la secretaria general del gremio de las trabajadoras sexuales (Ammar). “Pero qué pretenden ¿quieren reglamentar el proxenetismo?”, se indigna, ante la consulta de Página/12. Quienes tendrían la intención de hacerlo no son hombres de la noche ni cafishios de tradición. El intendente de Trelew, Horacio Gómez, anunció que diseñará en esa ciudad de Chubut una zona roja for export: “Buscamos un modelo tipo Amsterdam, es más atractivo”, decía el jefe comunal, que aún evalúa si la construcción de esta meca del sexo en medio de la Patagonia se hará “a través de una concesión o licitación”. Aunque en este momento la comuna tiene cuatro zonas en la mira, el intendente aún necesita el acuerdo del radicalismo para la ordenanza de aprobación en el Concejo Deliberante.
El proyecto podría pasar por una inversión delirante si los promotores no fueran justamente un intendente y su equipo de gobierno. En este caso es el de Trelew, recién asumido, el escribano peronista Horacio Gómez, y su equipo de especialistas, entre los que está el arquitecto Sebastián Papané, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y Vivienda.
El proyecto de construcción de una zona roja había formado parte del programa de campaña. Así se lo recordó el intendente a un grupo de periodistas locales que lo acecharon a preguntas el lunes a la tarde, cuando convocó a una conferencia de prensa para hacer dos anuncios: el de la zona roja y la apertura de una sucursal local de Wall-Mart, ambas cuestiones aparentemente centrales para el desarrollo económico soñado por el nuevo gobierno.
Consultado por Página/12, Gómez decidió entrar en detalles acerca de lo que entiende como una “solución a las quejas de los vecinos”, entre otras cuestiones. El cerco a la prostitución apunta a revaluar el tendido de casas de las calles del centro por donde actualmente se ejerce, y pretende además un trabajo de controles sanitarios sobre las trabajadoras, más semejante a los procesos de certificación de control de calidad: “Esto es algo normal –dice Gómez–, existe desde siempre y si se hace un control desde el Estado con leyes de profilaxis y control de sida, la ciudad se ordena como debe ser”. El ordenamiento incluirá el uso de libreta sanitaria entre las trabajadoras sexuales y la existencia –aún en estudio– de un registro.
Todo parece listo para crecer a lo grande: “Nosotros el modelo que queremos es el de Amsterdam”, decía Gómez. Una Amsterdam patagónica ubicada en una ciudad de 90 mil habitantes estables, con un flujo turístico fuerte durante todo el año y con un público masculino especialmente importante durante las competencias del TC de mediados de abril y mayo.
Hasta aquí, los viejos proyectos que en distintos puntos del país intentaron crear ghettos para el ejercicio de la prostitución, fueron rechazados enérgicamente por organismos de derechos humanos, y por las trabajadoras de ámbitos como Ammar. Pero ahora las críticas son más duras. El proyecto de la meca patagónica de mujeres será promovido por el Estado municipal. A través de una ordenanza se pondrá en venta una extensión de tierras localizadas “fuera del casco urbano”, precisó el intendente. Los terrenos serán vendidos o concesionados a empresas privadas que se encargarán finalmente de montar el gran atractivo turístico. Las mujeres, las travestis y los hombres que decidan ejercer la prostitución en Trelew formarán parte del nuevo emporio o no serán nada.
El arquitecto Sebastián Papané, convencido del éxito, adelanta dos aspectos del proyecto: “Nosotros podemos concesionar estas tierras para que se construyan locales en función de la planificación: la actividad privada invertiría”. Los locales serían eso, boliches o locales individuales: “En general son tipos de desarrollo con fines económicos, que no aparecen en otros casos, porque si te digo –da como ejemplo–:`Vamos a hacer un barrio para pobres’, nadie te lo hace. Pero este tipo de cosa es más factible porque el dinero se recupera mucho más rápido”. Para Papané “es lamentable –aclara– pero es así”.
Aunque el proyecto ni siquiera fue presentado en el Concejo Deliberante, el Estado aparecería como el garante del negocio de explotación de mujeres. Esta es una de las interpretaciones de Elena Reynaga, la secretaria general de Ammar. “Están reglamentando el proxenetismo y eso es lo que no pueden hacer”, dice y avanza. Las críticas apuntan al negocio, a la regulación de una zona cerrada que al estilo del ghetto retendría obligatoriamente a las mujeres. Y apunta específicamente a otro aspecto delicado: el control del Estado a través de los registros: “En la Argentina no puede haber registros de trabajadoras sexuales, porque lo impide el Pacto de San José de Costa Rica”. Para la gente de Ammar, los registros son instrumentos de control social y discriminatorios: “¿Qué les damos a las chicas si tienen sida? –pregunta Reynaga– ¿las expulsamos?”.