Tres pueblos indígenas de Chaco (mocovíes, wichís y tobas –qom–) denuncian que el gobierno provincial está a un paso de robarles 100 mil hectáreas. Se trata del conocido territorio llamado “Reserva Grande”, 300 mil hectáreas destinada a los pueblos originarios que habitan el Impenetrable, a los que se les debe entregar un título único y comunitario. Pero en sentido inverso, y mediante un decreto, el Gobierno les otorgó 100 mil de esas hectáreas a criollos (hecho prohibido por la Constitución de Chaco y leyes nacionales). Las autoridades provinciales eligieron el 12 de octubre para hacer efectivo el despojo.

La Reserva Grande está ubicada en el Impenetrable, entre Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya, al sur del río Bermejito, un codiciado oasis ambiental, rico en fauna, flora y biodiversidad. Zona de pueblos originarios desde tiempos inmemoriales. En 1992, por ley, se reconoció que la Reserva era el lugar de vida y trabajo de los pueblos indígenas. Y se debía avanzar en la titulación de la tierra que (según las leyes nacionales e internacionales) debe ser un dominio comunitario (no títulos individuales).

Durante veinte años, los distintos gobiernos demoraron la entrega de tierra a las comunidades. La mensura, finalizada en 2011, determinó que la superficie del territorio indígena era de 306.849 hectáreas, en los departamentos Güemes y Brown. El Gobierno provincial, aún cuando ya estaba legalmente en condiciones de titularizar en 2011, puso como condición que se llegara a un acuerdo con los pobladores criollos que habitan en la Reserva. La propuesta indígena fue la permanencia de familias campesinas (pero sin títulos de propiedad) y/o relocalización.

En 2013 se estuvo a punto de lograr el ansiado título comunitario, pero el Defensor del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, intervino por pedido de los criollos que viven dentro de la Reserva Grande. El Gobierno frenó la entrega del título.

Las comunidades indígenas y organizaciones que las acompañan cuestionaron la suspensión. “Los pueblos Indígenas de Chaco han sido suspendidos en derechos durante muchos años, han sido suspendidos de las políticas públicas durante más tiempo y han sido suspendidos de sus libertades fundamentales desde la Conquista. La Ley del Aborigen Chaqueño primero, y la reforma de 1994 luego, vinieron a terminar con esta discriminación y marginación y exigen al Estado de la Provincia que no existan más suspensiones. Alarma que el Defensor del Pueblo haya recomendado al Gobernador una suspensión de un derecho constitucional vigente y en proceso de concreción”, cuestionaron la Asociación de Abogados Indígenas de Argentina (AADI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y numerosas organizaciones sociales.

A fines de 2015, mediante seis decretos, el gobernador Jorge Capitanich sorprendió con la división de la Reserva Grande: 200 mil hectáreas para los pueblos indígenas y 100 mil hectáreas para los criollos (las que se entregarán a campesinos son las mejores de la Reserva, con acceso al río y las aguadas, tierras que permiten agricultura). De inmediato, la organización indígena Mowitob denunció la violación de los derechos indígenas, la Constitución de Chaco, la nacional y tratados internacionales de derechos indígenas. Recordaron que existe frondosa legislación que prohíbe dividir el territorio indígena y, mucho más aún, no se puede entregar la tierra comunitaria a terceros (en este caso, criollos).

Precisaron que la Constitución de Chaco, en sintonía con la Constitución Nacional, en su artículo 37 “garantiza la propiedad y posesión de las tierras indígenas, las mismas son indivisibles, intransferibles, inembargables e imprescriptibles”.

El nuevo gobierno provincial, a cargo de Domingo Peppo, avanzó con la política de quitarle 100 mil hectáreas a los indígenas, entregarla a los criollos (incluso con títulos individuales) y reconocerles el resto a las comunidades originarias. En la maniobra participan cuatro organismos provinciales: El Instituto de Colonización, la Dirección de Catastro, la Dirección de Registro Provincial y Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach). Según el anuncio oficial, se hará efectivo el próximo 12 de octubre, y será presentado como “un acto de reparación” a los pueblos originarios.

Las comunidades mocoví, wichí y toba (qom) brindaron una conferencia de prensa la semana pasada. Volvieron a denunciar la maniobra del gobierno provincial, rechazaron el “robo de 100 mil hectáreas indígenas” y recordaron que “se están violando todos los derechos” indígenas. “No entendemos por qué desconocen el trabajo de años que venimos haciendo y no sabemos por qué dejan de lado la propia constitución de la provincia”, reclamó Oscar Villalba, de la organización Mowitob.

Las organizaciones que acompañan el reclamo indígena (Equipo de Pastoral Aborigen, Junta Unida de Misiones y el Instituto de Cultura Popular) emitieron un comunicado: “Es una grave violación a los derechos de los pueblos indígenas, un claro abuso de poder. Y se deja el territorio al arbitrio de los sectores económicos ligados a la madera, que apetecen la explotación de los recursos forestales de inestimable valor”. Reclamaron a las autoridades provinciales que revean su postura y eviten “la angustia e injusticia” que padecen las comunidades indígenas.

La organización Mowitob adelantó que el martes habrá cortes de ruta en Chaco, reclamó audiencia urgente con el gobernador Domingo Peppo y anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De concretarse la iniciativa oficial, los pueblos indígenas perderán 100 mil hectáreas de territorio, los criollos contarán con tierras y títulos de dudosa legalidad, y el despojo a los pueblos originarios tendrá un nuevo capítulo.