Poco después del amanecer una pobladora entraba a un camino de tierra abandonado. Antiguamente, el sendero conducía a La Guarida, una de las zonas de Santiago del Estero donde durante la última dictadura militar funcionaba un centro clandestino de detención. La pobladora era una buscadora de huesos de animales, pero instantes más tarde se toparía con los restos de una chica de 1,60 de estatura y un cuerpo amordazado por un cable y con las marcas de torturas de un hierro caliente. Eran los cadáveres de Leyla Fátima Bshier Nazar y Patricia Villalba. Hace exactamente un año, ese hallazgo destapó uno de los hechos más sangrientos de los últimos años, pero al mismo tiempo abrió un proceso inédito de democratización política en una provincia caracterizada por prácticas feudales, clientelismo político y la continuidad de las políticas represivas de la dictadura. “Hace un año era impensado todo lo que está viviendo Santiago”, le dice a Página/12 Luis Horacio Santucho, a partir de mañana nuevo delegado provincial de la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de Nación. Hoy Santiago cierra el día con la marcha por el primer aniversario.
Luis Horacio Santucho se convirtió a lo largo de este año en una especie de símbolo de ese proceso. Es abogado santiagueño, sobrino del legendario Roberto Santucho, uno de los dirigentes del ERP y patrocinante de los padres de Patricia Villalba en el juicio de La Dársena. Llegó a la causa del doble crimen casi de casualidad. Para entonces, ni él ni los familiares de las chicas sabían de qué hablaban cuando pedían justicia por los crímenes. Ya habían comenzado las primeras marchas, los rumores sobre la existencia de una supuesta fiesta y de un cerrojo de protección a los culpables. Olga Díaz y Juan Domingo Villalba, los padres de Patricia, habían golpeado las puertas en varios estudios jurídicos de Santiago. Ningún abogado quería atenderlos. En medio de la desazón, alguien les pasó el dato de Santucho y les hizo un contacto. La madre de Patricia lo visitó con ciertas reservas. Entró a su estudio con una de sus hijas y con una supuesta pariente lejana: mucho tiempo después, Santucho sabría que la supuesta pariente era una parapsicóloga que lo visitó para hacerle un test de buena persona.
Ahora, muchos meses después de ese test que sorteó con éxito, el abogado de los Villalba se convirtió en una de las caras visibles del primer pie del gobierno de Néstor Kirchner en la provincia. El Ministerio de Justicia instalará ahí una delegación propia. Cristina Torres, una ex detenida de la época de la dictadura, será nombrada delegada de la Secretaría de Derechos Humanos y Luis Horacio Santucho será el coordinador del Plan Antiimpunidad de la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios. Sus designaciones serán anunciadas públicamente el sábado próximo por los titulares de esas áreas, Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse.
En diálogo con Página/12 y desde su nuevo rol de funcionario, Santucho hace un balance del año tal vez más definitorio en la historia contemporánea de Santiago.
–Hace un año –dice– era impensado todo lo que está viviendo Santiago: se vivía bajo una política de terrorismo de Estado. La impunidad era total. Decir, opinar o criticar al gobierno era un crimen de lesa majestad.
–¿Cuáles fueron los factores del cambio?
–Tuvieron que pasar varios meses, pero lo primero que nos permitió avanzar fue la presencia y la dignidad de los familiares: han estado presentes, han empujado las marchas del silencio y no se han achicado a pesar de los golpes sufridos en la primera etapa.
–El doble crimen no fue el primer crimen impune en Santiago. ¿Por qué, sin embargo, generó un movimiento social tan importante?
–Se conjugaron varios factores. Es cierto que estábamos acostumbrados a este tipo de crímenes. Hay antecedentes resonantes como el del obispo Gerardo Sueldo, el del ex gobernador Iturre y hoy está saliendo a la luz el intento de otro crimen como el del diputado menemista José Figueroa. En medio de este clima de impunidad, parecía que la investigación del doble crimen iba camino al fracaso. Creo que lo importante fue haber encontrado las fisuras del gobierno, el momento de crisis interna y el modo de plantear y generar atención nacional sobre este caso.
–Ustedes marcan diferencias con el caso María Soledad de Catamarca. ¿Cuáles son?
–A diferencia de lo que sucedió en Catamarca, aquí hemos empezado por marcar a los responsables políticos y no los autores materiales. Insistimos mucho sobre eso. Con esa experiencia conversada, teníamos que ir por los que estaban atrás. Ahora, que pasó el tiempo, nos damos cuenta de que nunca podíamos imaginarnos la cercanía entre el encubrimiento y los autores materiales. Porque el encubrimiento estaba totalmente vinculado con los autores materiales.
En junio de 2002 las marchas se hicieron masivas. Ese movimiento de reclamo social terminó con el descabezamiento del vicegobernador Darío Moreno y de la cúpula de la policía, entre ellos el ex comisario Musa Azar, denunciado en el Nunca Más y más tarde procesado como autor de los crímenes. Junto a Musa, hay otros siete detenidos por la causa, entre ellos tres policías; el primer juez, Mario Castillo Solá, y el diputado Carlos Anauate.
–La masividad de las marchas –sigue Santucho–, pero además la aparición de familiares de desaparecidos y de sus carteles en la medida en que vieron que Musa estaba detrás de los crímenes le dio mayor fuerza a nuestro planteo. Y especialmente el apoyo del gobierno nacional fue fundamental: esto ayudó para que el caso se potencialice. En ese marco, los Juárez, jaqueados por estos distintos factores y la presencia masiva de los medios de todo el país, no tuvieron otra opción que impulsar la verdad, y el encarcelamiento de los culpables contra su propia voluntad.
–¿El encarcelamiento de Musa Azar, también?
–El encarcelamiento de Musa se produjo en los primeros días de noviembre para evitar la intervención al Poder Judicial. Está muy claro. Poco después se alejó ese fantasma.
–¿Interpreta en el mismo sentido la purga al Poder Judicial que comenzó poco después?
–La detención de Musa y el descabezamiento de la cúpula del Poder Judicial fueron un movimiento político genial de los Juárez para evitar la intervención. Pero más allá del cambio formal, aún hay muchísimos casos de impunidad, casos paradigmáticos, que ningún juez ha resuelto. Esto le demuestra que estamos frente a un Poder Judicial que sigue dependiendo de un poder político.
–Los Juárez parecen cada vez más solos.
–Están cada vez más solos, hasta el poder económico los ha abandonado. Las últimas denuncias están aislándolos cada vez más. Los podemos reflejar como un boxeador en knock out: aquel al que le pegan, le pegan y no responde ningún golpe.