Penalización del “acecho” ante entidades bancarias u otros lugares; prohibición de la prostitución callejera; disminución de la edad de imputabilidad hasta los 14 años: éstas son las propuestas más polémicas de las que circulan en la Legislatura porteña con miras a la modificación del Código de Convivencia Urbana. Los diputados que responden a Mauricio Macri habían solicitado que el tema se resolviera el próximo 19 de febrero pero el Gobierno de la Ciudad, ayer, decidió abrir el juego a la sociedad civil con un llamado a audiencia pública para el 22 de marzo. Las propuestas habían dado lugar a divisiones en cada una de las dos bancadas mayoritarias. Menos controversia habría en cuanto a incluir en el Código el agravamiento de penas por reincidencia. Si bien es probable que el llamado a audiencia pública desaliente el debate de este mes en la Legislatura, sí se discutirá la modificación del Código de Procedimientos Contravencional, ante lo cual un legislador alertó sobre el riesgo de que “sectores vinculados con el lobby policial aprovechen para otorgarle más facultades a la Policía Federal”.
En la propuesta del diputado Jorge Enríquez (Compromiso para el Cambio, macrista), la figura del “acecho y merodeo” impone arresto de hasta 20 días “al que merodee sin motivo” en sitios como “terminales de transporte, bancos, lugares de gran afluencia de público, establecimientos de cualquier tipo o sus inmediaciones” en tanto causen “alarma o inquietud a quienes estuvieren en esos lugares”. Sin embargo, desde el mismo bloque opositor, Helio Rebot admitió que en cuanto al acecho “no estamos todos de acuerdo: es absurdo detener a una persona simplemente por estar en un lugar, y es muy difícil encontrar una redacción que no caiga en detener a alguien por ‘portación de rostro’, es decir, por su supuesta peligrosidad, lo cual está acertadamente prohibido por la Constitución de la Ciudad; y no deberíamos confiarnos en el ‘olfato policial’, que no es precisamente un olfato fino”. Rebot, sin embargo, se manifestó partidario de “encontrar la forma de incluir la figura del acecho para prevenir, básicamente, secuestros extorsivos y ‘salideras’ de bancos”.
En el mismo orden, el proyecto de Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad, oficialista) pide arresto de hasta tres días para quien “sin causa que lo justifique permaneciere en la entrada, interior o adyacencias de un banco o institución financiera o inmobiliaria y que ante el requerimiento de la autoridad no cesare en su actitud”. Sin embargo, la diputada Beatriz Baltroc (Bloque Autonomía Popular, oficialista) denunció como “inconstitucional” esa propuesta, ya que “el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad plantea que ‘en materia contravencional no rige la detención preventiva’”. La legisladora sostuvo que la figura del acecho va a llevar a arbitrariedades permanentes, a que la policía se lleve presos a los chicos por estar ahí parados. Es la vuelta, disfrazada, de los edictos policiales.
En cuanto a la prostitución, el proyecto del diputado Enríquez sanciona con arresto de hasta 20 días a “quien en la vía pública, lugar público o de acceso público ofrezca comercio sexual para sí u otra persona”. Rebot también pidió “la prohibición lisa y llana de la oferta y demanda de sexo en la vía pública, y no, como hasta ahora, sólo en tanto ‘altere la tranquilidad’, ya que no se ha podido encontrar un criterio razonable y compartido sobre qué es alterar la tranquilidad”.
El proyecto de De Giovanni persigue tanto a trabajadoras/es del sexo como a sus clientes e interviene en la calle como en lugares privados: sanciona a “el/la que ofreciere o demandare comercio sexual en los espacios públicos” e incluye en la prohibición “a quien participare en el funcionamiento de un inmueble donde se ejerciere la prostitución”.
La baja de la imputabilidad hasta la edad de 14 años para contravenciones fue pedida por la diputada Silvia La Ruffa (Recrear, que responde a Patricia Bullrich) y también por el diputado Enríquez. El resto del macrismo se inclinaría por reducirla a 16 años. No hay proyecto oficialista para reducir la edad de imputabilidad.
Mayor consenso habría para incorporar al Código la agravación de penas por reincidencia y para precisar el orden de penalidades correspondiente a cada contravención.
Ayer Juan Carlos López, secretario de Justicia y Seguridad Urbana de la Ciudad, anunció “el llamado a una audiencia pública para tratar el tema del Código de Convivencia Urbana: se efectuará el 22 de marzo en el Teatro General San Martín”. Para el 19 de febrero está previsto, a solicitud del macrismo, que la Legislatura trate el mismo tema, pero la perspectiva de la audiencia pública hace improbable que este debate se efectúe en esa fecha.
Lo que sí se discutirá el 19 es la modificación del Código de Procedimientos en lo Contravencional: a raíz de que pasaron a jurisdicción de la Ciudad delitos como la tenencia de armas, el gobierno porteño solicitó la inclusión de un capítulo adicional sobre cómo debe proceder la Justicia en estos casos. Según el diputado porteño Ariel Schifrin, esto entraña el riesgo de que “sectores vinculados con el lobby policial aprovechen para otorgar más facultades a la policía, como ya las tiene en el Código Procesal de la Nación desde que fue modificado por Carlos Menem”. Rebot aseguró por su parte que “en ningún caso se otorgarán a la policía facultades de interrogar o detener sin orden del fiscal”.