MARCELO FABIAN SAIN *.

Construir comunidad

En el conurbano existen numerosas “villas de emergencia” que configuran espacios altamente marginalizados en los que, al amparo del desempleo permanente de sus habitantes, la falta de ingresos regulares en los deteriorados núcleos familiares que allí sobreviven y la ausencia de beneficios sociales de cualquier índole –aun en el marco de acciones propias del clientelismo político–, los lazos sociales tradicionales se han quebrado. La violencia y el dominio coactivo del crimen signan la cotidianidad de estos territorios aislados y relegados. El temor corriente de sus habitantes a la violencia que los tiene como principal víctima, la estigmatización negativa frente al resto de la sociedad y la alta conflictividad existente en los planos individual y grupal son moneda corriente entre ellos. A su vez, la presencia estatal en estos ámbitos es esporádica y parcial. Supone un doble juego de distribución esporádica de recursos materiales escasos y de intervenciones policiales meramente represivas, regularmente abusivas y hasta conniventes y regulatorias de las actividades delictivas allí desarrolladas. Los lugareños, así, son víctimas de la marginalidad social y económica, de la violencia delictiva y, casi siempre, del accionar policial que no discrimina al delincuente del vecino honesto y que en numerosas ocasiones alienta al delito.
En el Gran Buenos Aires existen más de unos 550 territorios con estas características, pero sólo en una veintena de ellos se ha desarrollado durante los últimos años una suerte de favelización en cuyo marco ciertos grupos y bandas criminales controlan el lugar. En ellos despliegan sus labores delictivas básicamente asentadas en la distribución, venta y consumo de drogas prohibidas dentro y fuera de estos verdaderos “guetos” y en una serie de delitos conexos tales como los asaltos calificados y hasta los secuestros. No por casualidad, en su interior, en los barrios y zonas lindantes se concentran la mayor cantidad de hechos de violencia y de actos delictivos, en particular de homicidios dolosos.
La recuperación comunitaria de estos espacios requiere, por cierto, del Estado y de una estrategia asentada en una abarcativa y permanente acción social. Los planes de alimentación, educación y salud, los emprendimientos laborales, la construcción de vías públicas y calles adecuadas así como de circuitos de iluminación, de plazas y de centros de recreación, la radicación de establecimientos de salud y el saneamiento ecológico deben constituir los puentes que permitan integrar la población del lugar a la vida colectiva local. Para ello es clave la labor estatal conjunta con las organizaciones y asociaciones barriales existentes en estos territorios.
La presencia policial –al mismo tiempo, aceptada y rechazada por las poblaciones locales– es indispensable, pero debe ser planificada, conducida y controlada por las autoridades políticas encargadas de la seguridad pública y debe focalizarse exclusivamente en la prevención y conjuración delictiva. El riesgo de policializar la intervención estatal en estos singulares barrios constituye una tentación autoritaria siempre alentada por aquellos sectores proclives a criminalizar la pobreza.
Al contrario de ello, se trata de construir comunidad donde no la hay, lo que no podría basarse en el exclusivo uso de la fuerza, y, menos aún, en iniciativas no planificadas y apenas asentadas en la efusividad de un anuncio oficial o en la espectacularidad de una conferencia de prensa. No hay que perder de vista que los discursos son constitutivos de la realidad social pero, por sí mismos, no producen los cambios pretendidos.

* Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.