Hace una semana, dos presos de la Unidad 6 de Dolores denunciaron que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) los instaba a asesinar a un fiscal y a un juez. Por el hecho, fue destituido el jefe de ese penal, Pedro César Guerrero, y los denunciantes, que ya habían sido ferozmente golpeados, fueron trasladados por su seguridad al complejo carcelario de Ezeiza. Pero el largo brazo de los penitenciarios no descansa: los dos denunciantes sufrieron el lunes a la noche otra golpiza. El camarista de San Isidro Fernando Maroto, uno de los supuestamente marcados para morir, denunció que al gobierno de Felipe Solá le falta “decisión y valor” para solucionar el problema y aseguró que el nuevo apriete a los reclusos “muestra la impunidad con la que se maneja la mafia penitenciaria”.
Aunque sólo pasaron cinco días en Ezeiza, los reclusos volvieron a denunciar maltratos, en este caso del Servicio Penitenciario Federal. “Les pegaban y les decían ‘ahora llamá a Maroto para que venga y te cuide’”, contó el camarista a Página/12 y volvió a cargar contra Solá: “Hay toda una podredumbre impresionante, una corrupción enorme de la que el gobernador está al tanto desde hace tiempo. Lo que no se sabe es por qué no toma la decisión política de depurar todo eso”, deslizó el juez. Además, adelantó que está trabajando para que el sistema penitenciario sea intervenido. El argumento central es la violación del Tratado Internacional Contra la Tortura, que, según el magistrado, fue violado en reiteradas oportunidades. La intención sería que intervenga directamente el presidente Néstor Kirchner.
Además de la golpiza a los dos reclusos, otro preso –en este caso del penal de Magdalena– también denunció que el Servicio Penitenciario lo presionó para asesinar a Maroto y al fiscal general de San Isidro, Luis María Chichizola. Según fuentes judiciales, en lo que va del año, en las cárceles de Buenos Aires fueron asesinadas once personas: “Si el preso no quiere ‘colaborar’ se lo trata de convencer a golpes. Si sigue en su postura, se lo manda a matar. Después lo informan como pelea entre reclusos. Es una forma de operar que conocen todos los penitenciarios”, explicó.
El encargado de responder las críticas del camarista fue el ministro de Justicia de Buenos Aires, Alfredo Di Rocco, que responsabilizó a Maroto de la amputación que sufrió Pablo Belluscio durante su secuestro porque el magistrado había liberado –tiempo antes– a los presuntos captores del joven. El camarista calificó de “lamentables” los dichos del ministro y destacó que “Di Rocco sale a descalificarme porque yo estoy destapando algunas ollas, justo las que ellos no quieren tocar”.
El ministro de Justicia de Buenos Aires también deslindó la responsabilidad del gobierno provincial en la supuesta golpiza que sufrieron los dos presos que denunciaron el complot del Servicio Penitenciario. Similar actitud tuvo el Servicio Penitenciario Federal, responsable de la seguridad en el penal de Ezeiza, donde ocurrió la última golpiza. Maroto no tardó en responder: “En ningún lugar del mundo los internos se pegan solos. Alguien los maltrató y, en la cárcel, la responsabilidad es del Servicio Penitenciario”, subrayó.
Los dos reclusos –cuyos nombres no se difundieron– habían denunciado el último miércoles las presiones para matar al fiscal de San Isidro, y al juez de San Martín. Incluso, cuando uno de ellos se entrevistó con Chichizola le mostró un bisturí que, según le habían encomendado, debía utilizar para degollarlo. A cambio del “trabajito” le ofrecían mejor vida dentro del penal: que nadie los golpee, más visitas íntimas, mejor comida, droga y un carnet para estudiar. Anoche se estaba evaluando la posibilidad de trasladarlos a Gendarmería Nacional o Prefectura, bien lejos de los penitenciarios.

Informe: Darío Aranda