Santiago arde. La combustión tiene dos frentes cada vez más definidos. Por un lado, la oposición justicialista que poco a poco empieza a pararse como bloque frente al oficialismo y que se sumaría a la marcha de mañana de los familiares del doble crimen de La Dársena. Por otro, la gobernadora Nina Aragonés de Juárez. Ayer se reunió con tres de sus diputados. Frente a su esposo, el caudillo, avisó: “Mirá, Carlos, yo renuncio si me lo pide Kirchner”. Dispuesta aún a dar batalla, no se presentó a la indagatoria por la causa ANSeS. Y envió a su abogado –el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia– para apelar la imputación. Sin embargo, el recurso podría ser rechazado por el juzgado. En ese caso, el martes o miércoles de la semana próxima, el juez enviaría el pedido de desafuero a la Cámara de Diputados. Además de la citación, deberá enfrentarse a un nuevo problema: la inhibición y embargo de sus bienes por más de medio millón de pesos pedida ayer por las autoridades nacionales de la ANSeS.
Desde hace dos días, la gobernadora está, literalmente, rodeada de un grupo de estrategas que preparan su propia batalla de resistencia. En ese contexto deben leerse paso a paso los días, las horas y la agitada agenda de la todavía capitana de la provincia.
u Escena 1: Ayer a las 14.30, tres de sus hombres más fieles de la Cámara de Diputados concurrieron, tal como estaba previsto, a una audiencia. Los juaristas en cuestión son Tomás Chamorro, Porfirio Valenti y Escobar. Una fuente del bloque de disidentes del PJ, un bloque pequeño y conformado hace apenas una semana, le indicó a Página/12 cuál era el motivo real de la visita. Los diputados iban dispuestos a convertirse en promotores de la salida política a la crisis que impulsa en este momento la oposición: la renuncia de Nina.
Unos y otros, leales y disidentes, suponen que ésa será la única forma de quitarse de encima el fantasma de la intervención federal. Un proyecto negado sistemáticamente por el gobierno nacional pero que no deja de agitar temores en Santiago.
En ese marco se hizo la reunión. De acuerdo con la información de este diario, quien puso en juego el tema de la renuncia no fueron los diputados sino el propio Carlos Juárez. En ese momento, saltó aquella respuesta que describe de pies a cabeza a la mujer que viene sosteniendo como puede su gobierno y, después de todo, al propio caudillo. “Carlos, mirá –le dijo ante los diputados presentes–, yo renunció solo si me llama Kirchner.”
u Escena 2: Poco antes de la audiencia, la jefa espiritual y política de la provincia, como le gusta definirse, debía presentarse en el juzgado federal. Desde temprano, los habitantes de Santiago del Estero sabían que no iría. El diario El Liberal, uno de los matutinos locales, anunciaba el faltazo y su estrategia en ese terreno: presentar un recurso de nulidad y pedir el sobreseimiento en la causa a través de un abogado de lujo, José Antonio Azar, uno de los personajes más cuestionados del Poder Judicial de Santiago del Estero, juez renunciado y ex miembro del Tribunal Superior de Justicia, un órgano denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación por su falta de independencia frente al poder político.
Chiqui Azar, el ex juez, se presentó como representante de Nina Juárez en la megacausa de la ANSeS. La gobernadora está imputada allí como coautora del delito de defraudación al fisco por 505.717,19 pesos. Con ella, el juzgado impulsó una acusación colectiva contra otros 28 funcionarios de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo por una defraudación de más 20 millones de pesos.
En descargo de la gobernadora, su abogado dijo que la causa terminará con el sobreseimiento total y definitivo “porque no existe delito alguno, y queremos que ese sobreseimiento salga con la expresa mención que no se afecta el buen nombre”. La estrategia de defensa cuestiona la acusación en dos aspectos: la citación a una funcionaria con fueros y el procedimiento administrativo de la ANSeS. De acuerdo con la interpretación de la defensa, el organismo nacional no habría seguido los pasos administrativos necesarios antes de impulsar la causa penal.
El recurso ahora será evaluado por la Justicia. En este momento, está en manos de la Fiscalía y de la ANSeS, a partir de ayer constituida en la causa como querellante. Página/12 hizo consultas en estas dos instancias y en el juzgado. Según una de las fuentes con vinculación directa a la causa, “los recursos podrían ser denegados por improcedentes”. Para la primera parte del reclamo, los fueros, una fuente del juzgado recordó el argumento de la indagatoria: los fueros que protegen a la gobernadora no invalidan la citación porque existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo habilita.
En tanto, los pasos que siguió la ANSeS para plantear la denuncia penal también los darían por válido. La administración nacional del organismo habría cumplido los pasos internos, pero además decidió recurrir a la Justicia. La gobernadora está citada para el 24 de febrero a la sede del organismo. Deberá hacer su descargo y decidir si devuelve o no el dinero de la estafa. Pero “ese trámite no invalida el dolo penal”, le decía ayer a Página/12 una fuente de la fiscalía.