Mauricio Macri tuvo ayer su primer traspié en la Legislatura porteña. Los diputados que le responden no lograron que se trate su proyecto de reforma al Código Contravencional, el conjunto de normas que sanciona las conductas que afectan la convivencia pero no llegan a ser delitos. Los diputados del bloque macrista no consiguieron los dos tercios de los votos necesarios para tratar sobre tablas un proyecto presentado a último momento, horas antes de su tratamiento, que era desconocido por la mayoría de los diputados presentes. Tanta urgencia por debatir un proyecto que endurece severamente las penas con el pretexto de mejorar la seguridad pareció responder, más que nada, a una operación de propaganda. El oficialismo, que jugó a la defensiva, logró postergar el debate legislativo hasta después de la audiencia pública, convocada por el jefe de Gobierno para el 22 de marzo.
Una multitud se reunió en la puerta de la Legislatura para protestar contra la aprobación de reformas represivas al Código: desde la CTA hasta el MTS, pasando por asambleas barriales, familiares de víctimas del gatillo fácil y organizaciones que nuclean a meretrices y travestis. Adentro, las cosas estaban más repartidas: junto a los opositores a las reformas había vecinos y agrupaciones que apoyan medidas más represivas, entre quienes hubo duelo verbal e, incluso, algunos forcejeos.
Al principio pareció el mundo del revés: los diputados ibarristas rechazaron el tratamiento del proyecto que había enviado el propio Aníbal Ibarra para modificar el Código de Procedimientos en lo Contravencional. Y los macristas pugnaban por abrir ese debate. La paradoja tenía una explicación: “Involuntariamente, el proyecto oficial aumentaba el poder de la policía”, argumentó un diputado ibarrista. Finalmente, el tratamiento del tema se abortó por apenas por un voto.
El debate que siguió transitó los límites del absurdo. El bloque de Compromiso por el Cambio propuso tratar sobre tablas un proyecto de reforma al Código de Convivencia anunciado dos días atrás por el propio Mauricio Macri, en conferencia de prensa, pero que no había llegado a la vista de diputados de los otros bloques. Incluso, algunos tenían borradores con versiones diferentes del original.
“Nuestro proyecto se basa en un sentido común apabullante”, defendió la diputada macrista Gabriela Michetti, al proponer el debate de la iniciativa. “Los vecinos no pueden seguir esperando”, argumentó su compañera de bancada Sandra Bergenfeld, en defensa de la inusitada premura por tratar el tema.
Lo cierto es que el macrismo quedó solo en la embestida: tanto el ibarrismo y el ARI como la izquierda y los diputados de Recrear (Patricia Bullrich) se opusieron al tratamiento sobre tablas del proyecto. Ariel Schifrin, de Fuerza Porteña, calificó el intento como “un arrebato de verano” y cuestionó que se pretenda tratar un proyecto “presentado en forma clandestina, queriendo pasar por encima de los mecanismos legislativos”. El actor Héctor Bidonde, diputado por Autodeterminación y Libertad (Luis Zamora), preguntó: “¿Por qué tanto apuro, quién les dijo que el tema tiene que ser resuelto hoy?”, y dijo que tanta urgencia era “una falta de respeto a la sociedad”. “No es una ley cualquiera, tiene que salir del consenso de todos y no de la pluma de 23 diputados”, apuntó a su turno Silvia La Ruffa, de Recrear.
Tal como adelantó Página/12, la votación fue desfavorable al macrismo: tenían que obtener 38 votos, pero sólo consiguieron 22, contra 35 por la negativa. El proyecto macrista pasó entonces a la Comisión de Justicia, donde será debatido a la par de las iniciativas ya existentes. El que resulte consensuado debería tener en cuenta las opiniones que se viertan en la audiencia pública, convocada por Ibarra para el 22 de marzo, en el Teatro General San Martín.
El proyecto de Macri endurece las sanciones a los contraventores al punto que el 92 por ciento de las figuras son sancionadas con arresto, según un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Para esta modalidad de pena se propone un máximo de 60 días para el caso de los reincidentes –en el código actual el máximo es de 30 días–. Y no prohíbe, como la norma vigente, que los arrestados sean alojados en comisarías: sólo dice que no podrán estar junto “con condenados o procesados por delitos comunes”. Con respecto al ejercicio de la prostitución, sanciona con “arresto de uno a cinco días o multa de 200 a mil pesos al que ofrezca o demande en forma ostensible servicios de carácter sexual en la vía pública”.
Pese al fracaso, el macrista Jorge Mercado aportó una conclusión a su favor: “Hoy nadie defendió el actual código, lo que quiere decir que ha fracasado”. Para Schifrin, lo importante es que “se puedan hacer cambios respetando las garantías individuales”.