Hay expedientes hasta en el baño. Y no es una exageración del gremio. La catarata de recursos de amparo que se presentaron en las últimas semanas para salir del corralito –más de 120.000– no sólo provocó el colapso del trabajo en los tribunales en lo Contencioso Administrativo. También del edificio de cinco pisos donde funcionan 5 de los 12 juzgados del fuero. Por el sobrepeso que implican los nuevos expedientes, los empleados judiciales temen que se derrumbe. Dicen que en el último mes aparecieron grietas en algunas paredes. Sin embargo, distintas pericias acaban de concluir que la estructura edilicia no corre riesgos. No obstante, recomendaron que se cumplan estrictas medidas preventivas: desde el viernes no pueden ingresar al edificio más de 20 visitantes al mismo tiempo.
“El edificio es como un castillo de naipes al que le pusieron una manzana arriba”, ejemplificó Julio Piumato, secretario gremial de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). Está ubicado en Tucumán 1381 y tiene cinco pisos. Después de una denuncia del sindicato, el edificio fue cuidadosamente revisado por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y de la Guardia de Auxilio y Emergencias del gobierno porteño. Tras la pericia, el INTI aconsejó la restricción de visitantes: de a 20 por vez, lo que genera largas colas de abogados en la vereda, a la espera de que les llegue el turno de ingreso. La Guardia de Auxilio, en tanto, sugirió “reubicar los expedientes en la planta baja o en el sótano, de ser ello posible, a fin de disminuir las sobrecargas existentes”. La dependencia porteña fundamentó la recomendación en el hecho de que “salvo el Palacio de Tribunales que está construido para tal fin, el resto de los edificios (judiciales) no contemplan soportar una sobrecarga excesiva como la de la acumulación de expedientes en forma progresiva”.
El lunes y el martes, los empleados de los cinco juzgados que funcionan en Tucumán 1381 se negaron a ingresar al edificio. Los otros siete juzgados funcionan en Carlos Pellegrini 675. El miércoles los trabajadores fueron intimados a presentarse en las oficinas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Finalmente, el jueves retomaron sus tareas en sus lugares habituales, después de conocer en detalle el dictamen del INTI y el del gobierno porteño. Ambos coincidieron en que la estructura del edificio no está en riesgo de colapsar, a pesar de la acumulación de expedientes depositada en distintas habitaciones incluyendo uno de los baños. No corre peligro siempre y cuando se cumplan con las medidas preventivas.
“A principios de abril el INTI volverá a inspeccionar el edificio. El conflicto sigue porque se reclama una solución de fondo. El edificio no está preparado para soportar semejante peso”, opinó Piumato.
No es el primer edificio judicial que se deteriora por el incremento del peso de los expedientes. En 1994 tuvieron que ser desalojados el que albergaba a los juzgados del fuero Laboral, en Cerrito 536, y otro en el que funcionaban juzgados civiles, en Paraguay 1536. “Empezaron a verse rajaduras y terminaron mudándose. En esos lugares ahora funcionan dependencias en las que circula menos gente y se acumulan menos expedientes, como las fiscalías penales y tribunales orales”, señaló el dirigente gremial.
Más allá de las garantías que recibieron sobre las condiciones del edificio, los empleados del fuero Contencioso Administrativo no dan abasto con el trabajo. Ya recibieron más de 120.000 recursos de amparo para liberar el dinero del corralito. Por esa razón, ayer elevaron un petitorio a la Cámara reclamando la distribución de los expedientes en otros juzgados y sugirieron como alternativa “el espacio físico disponible en el Edificio de Inmigrantes”, donde funcionan juzgados civiles y del fuero penal económico, entre otros. En el escrito, cuestionaron que la situaciónde colapso implica “la desnaturalización de la figura del amparo, que termina transformándose en un proceso de plazos fácticamente más prolongados que el del (recurso) ordinario”. Paralelamente, el gremio está elaborando un proyecto de ley para crear nuevos juzgados y enfrentar así la emergencia generada por el corralito.