La violación, uno de los delitos más repudiados por la sociedad, siempre genera polémicas y reacciones virulentas que van desde los intentos de linchamiento del imputado por parte de familiares o allegados hasta la presentación de proyectos legislativos que propician prácticas medievales como la castración. ¿Es posible y efectivo el tratamiento clínico del violador, como complemento de la sanción que le aplique la Justicia? La psiquiatra Esther Romano, experta en el tratamiento de abusadores, considera que es hora de iniciar un debate sobre “la importancia de atender la extensión del cuidado psicológico y psiquiátrico de este tipo de enfermos sociales”, que en el 80 por ciento de los casos reinciden en el delito, muchas veces seguido de muerte. Romano propició “un control permanente” y anticipó que no conoce casos de “recuperación total”. Juan Pablo Gallego, abogado de los chicos que denunciaron por abuso sexual al cura Julio César Grassi, comparte la idea del tratamiento, pero apunta a crear conciencia en la sociedad: “Todos quieren matar al violador de Avellaneda, pero muchos defienden a Grassi ‘porque estaba haciendo una obra’ o a los argentinos que filmaron a una menor en Brasil mientras tenían sexo porque ‘eso es lo que todos hacen’”. La estadística criminal dice que por año hay en el país unos 9 mil casos de abuso sexual. Representan menos del uno por ciento del total de delitos denunciados y se mantienen estables en los últimos años.
Según el abogado Gallego, el problema de fondo en la cuestión de los abusos sexuales es que las víctimas son “niños y mujeres sin posibilidad de defenderse” y detrás se oculta “un gravísimo trasfondo cultural e ideológico, porque lo que predomina es el abuso de poder que ejercen, dentro de una familia, alguno de sus miembros o algún allegado”. En ese punto coincide con la opinión del camarista platense Carlos Alberto Rozanski, quien sostiene que “la concepción patriarcal de familia, que implica que lo que sucede en el ámbito familiar es privado, está en directa relación con el silenciamiento de este delito”, ya que se cree que los nueve mil casos que se denuncian anualmente son apenas una ínfima parte de la cantidad de abusos que ocurren. En el caso de Avellaneda, el acusado Héctor “El Nene” Sánchez estuvo preso por violar a una sobrina y ahora es acusado de asesinar a dos menores a las que conocía.
Los expertos coinciden en que una traba importante en la investigación del abuso es hacer que resulte confiable, para jueces y fiscales, lo que dice la víctima. En un artículo con su firma, publicado en La Ley el 15 de septiembre de 2000, el ex juez Eduardo Cárdenas cuestionó “el abuso de la denuncia de abuso” sexual. La polémica afirmación fue rechazada de plano en un trabajo realizado por Virginia Berlinerblau, médica forense y psiquiatra infanto-juvenil que trabaja para la Corte Suprema nacional. Sobre una muestra de 315 casos de chicos y chicas que tenían entre 1 y 18 años y que realizaron sus denuncias entre 1994 y 2000, sólo se registró un 3,8 por ciento de falsas denuncias, mientras que el 52 por ciento se consideró un caso sustanciado. De todos modos, en el caso de abusos, como en otras investigaciones, el nivel de condenas es muy bajo.
La difusión de un caso de violación reflota siempre las reacciones más primitivas por ser un delito aberrante. Mientras El Nene Sánchez estuvo a punto de ser linchado el día de su detención, hace unos años, por separado, los diputados peronistas Elsa Lofrano y Lorenzo Pepe presentaron proyectos para que el Código Penal contemple la castración del violador en los casos en los que las víctimas fueran menores. Ahora se planteó, a nivel legislativo, la posibilidad de difundir en forma pública el nombre y la dirección del violador reincidente, una vez que recupere la libertad. Leonor Vain, una abogada que defiende a mujeres víctimas de abuso sexual, cree que “hay que divulgar la imagen y hacer saber que una persona fue condenado como violador, porque hay un altísimo nivel de reincidencia”.
La psicoanalista y psiquiatra Esther Romano, que trabaja con los tribunales de San Isidro, estima que la sociedad argentina “no estaría aún preparada para admitir a un sujeto del que se reconociera explícitamente sus antecedentes por violación. Sería altamente probable que fuera ya no sólo estigmatizado sino objeto de ataques”. Dio como ejemplo lo que ocurre en las cárceles “donde están en pabellones especiales para evitar que sufran castigos físicos enormes”. En cuanto al tratamiento, sostuvo que hay casos que ocurren en el plano familiar, donde “el padre abusivo que presente un franco arrepentimiento pueda encarar una psicoterapia personal y del grupo familiar y del niño-niña víctima”. Esto, con el tiempo, puede llevar a “una revinculación familiar monitoreado por profesionales idóneos en la materia”.
Romano advierte, no obstante, que son “sujetos sombríos, sobre todo el violador, que arrastran un desequilibrio psíquico desde su más temprana infancia”. Su mente se organiza “con una mezcla explosiva de rabia y sexualización, asociada a una anestesia moral en que se diluye la culpa”. El tratamiento es penoso y en ese sentido mencionó las conclusiones a las que llegó Mervin Glasser, psicoanalista británico que trató a paidófilos que están bajo régimen penal. “Un abordaje profundo de sus conflictos puede despertar enormes reacciones de rabia y tendencias homicidas o suicidas, cuando asumen la culpa, porque caen en una profunda depresión.”
El abordaje terapéutico debe hacerse “en contextos correccionales necesariamente institucionales”. En el país, “ese trabajo terapéutico en las unidades penitenciarias no se realiza o se hace en condiciones deficitarias”. En su eventual reinserción social “nunca se podrá dejarlos solos y jamás con niños. No conozco casos de recuperación total y eso obliga a pensar en medidas de protección para la sociedad y en asegurar el adecuado y firme control y monitoreo del individuo”. La pregunta, según Romano, es “cómo llevar adelante ese tratamiento y quién debe llevarlo, porque el Servicio Penitenciario es deficitario y el Patronato de Liberados sólo los atiende hasta que se cumple la pena”.
El psicoanalista Diego Zerba se mostró preocupado por el excesivo tratamiento mediático del tema. “¿Asistimos a una estampida de violadores? ¿Qué datos avalan esta creencia? Ninguno. En un país paupérrimo en investigaciones, el único dato es que sólo el cinco por ciento de la población carcelaria está presa por esa causa.” Luego de señalar que, en los ’60, el diario La Opinión “comenzó sin columna policial, hoy ha nacido el subgénero psico-policial”. Desde esa perspectiva “cada uno que ve, escucha o lee algún medio, cristaliza con el peor victimario (el violador) su posición de víctima”. Concluye que, en consecuencia “asistimos a una de las peores violaciones: la de las cabezas”. La estadística oficial dice que entre 1999 y 2002, los abusos sexuales rondaron entre los 8655 casos y los 9471. En 2002 la cifra fue de 9102, de los cuales 3036 fueron violaciones dichas. Los números se mantuvieron estables en el primer semestre de 2003, última cifra conocida.