La instauración de un “Registro de Violadores Reincidentes”, como el que la semana próxima se discutirá en el Senado de la Nación, no hubiera salvado a Mónica Vega, de 13 años, ni a Marela Martínez, de 9, de ser violadas y asesinadas. Sí hubiera salvado a Mónica, en cambio, la reforma de la policía bonaerense que intentó efectuar León Arslanian cuando fue ministro de Seguridad y Justicia en la provincia.
No es que se deba descartar de antemano la constitución de ese registro. Tal como observó Carmen Storani –titular de la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires–, será necesario evaluar primero qué resultados produjo en las sociedades donde se lo puso en marcha. Estados Unidos, por de pronto, tiene una movilidad poblacional muy superior a la argentina; es más común allí que una persona cambie de ciudad con relativa frecuencia, poniéndose cada vez en contacto con vecinos que no la conocen. En todo caso, la discusión de este tema debe separarse claramente de la prevención de crímenes como los de Avellaneda.
Tal como viene informando este diario y hasta donde indican las investigaciones más consistentes, Marela fue asesinada y probablemente violada en octubre del año pasado: la negligencia policial en esclarecer el caso ha sido vinculada con la fundada suposición de que Héctor “El Nene” Sánchez, sospechoso confeso, participaba en actividades delictivas en complicidad con los agentes que debían investigarlo. Así en libertad, el Nene también es sospechoso confeso del crimen de Mónica, la semana pasada. Ningún registro de reincidentes hubiera modificado las cosas pero, de no haber mediado la inconducta policial, el segundo crimen no se habría producido.
Esa inconducta es coherente con la corrupción estructural tantas veces señalada en la policía bonaerense, como en otras del país. Desmantelar un sistema corrupto exige un plan cuidadosamente estructurado y sostenido a lo largo del tiempo como política de Estado, lo cual es muy distinto de arrestar a algunos de sus miembros (quienes previsiblemente continuarán su actividad delictiva, fuera de la institución pero vinculados con ella). El más definido intento por desarrollar un plan de esa índole fue el realizado por León Arslanian en 1998.
Ese intento logró comprometer la colaboración de oficiales de la policía bonaerense, que quedaron “colgados del pincel” cuando la proyectada reforma se vino abajo. Como se recuerda, esto sucedió cuando el entonces gobernador Eduardo Duhalde le retiró su apoyo, a su vez urgido por el candidato a reemplazarlo Carlos Ruckauf. Quizá se recuerda menos que, desde esa posición política, Ruckauf ganó las elecciones de 1999. A la responsabilidad por este estado de cosas –que así atraviesa a la sociedad– tampoco son ajenos aquellos medios de comunicación que alientan la “percepción de inseguridad” sin admitir prueba en contrario.
Requisito para resolver este problema social complejo, una de cuyas muchas consecuencias ha sido la muerte de Mónica, es sustraerse a la lógica del chivo emisario, según la cual todo se resolvería si se identificara al “monstruo” para mantenerlo aislado o encerrado. El monstruo existe –en Avellaneda y en todas partes–, pero ningún registro podrá capturarlo mientras no se establezca el contrato social que permita dejar de nutrirlo.