Santiago del Escándalo. Después de una semana de negociaciones, confabulaciones y aprietes, los 29 alfiles políticos del juarismo en la Cámara de Diputados rechazaron en bloque los dos pedidos de desafuero presentados por la Justicia federal contra la gobernadora de la provincia, Mercedes Aragonés de Juárez, La Nina. La oposición perdió así una de sus batallas políticas más importantes, pero el debate fue calificado como “un escándalo”: la votación incluyó el voto de 11 diputados oficialistas que están imputados en la misma causa por defraudación en la que está acusada la gobernadora. Los legisladores enrolados en el kirchnerismo consideraron que la elección fue “parcial”, ya que esos 11 diputados votaron “como juez y parte al mismo tiempo”. Ahora, la oposición y los disidentes irán por la cabeza de Carlos Juárez: el ex gobernador no tiene fueros y su nombre da vueltas en las causas por los crímenes de lesa humanidad del juzgado federal.
Desde hace varias semanas, la oposición y el oficialismo trabajaban contra reloj para enfrentarse a la batalla de ayer. El escenario judicial era una de las alternativas alentadas por la oposición para acelerar la caída del gobierno de Santiago. El juzgado federal de Angel de Jesús Toledo tenía acorralada a la gobernadora por dos causas. La llamada causa ANSeS, una imputación por un supuesto delito de defraudación al fisco de 505 mil pesos, y por su presunta responsabilidad en el atentado a la casa del diputado José Figueroa, de julio de 2002.
El avance de las dos causas estaba estrechamente ligado al juego de fuerzas de la Cámara de Diputados. Después de idas y vueltas, el jueves y viernes pasado Toledo les mandó los pedidos de desafuero para poder indagarla por la fuerza pública. Ayer la Cámara se pronunció. En términos formales, los desafueros fueron tratados por separado. Primero, la causa ANSeS y luego el pedido por la causa Figueroa. Las dos votaciones terminaron iguales: de los 50 diputados, 29 se pronunciaron en contra y 15 a favor. El resto abandonó la sala.
“Abandonamos la sala porque no quisimos asistir a una elección viciada de nulidad con gente que está imputada que no puede votar.” Ese fue el eje del escándalo denunciado por un sector de la oposición. Mario Yiorbandi pronunció esa postura antes de abandonar la sala. Yiorbandi es uno de los seis diputados del juarismo que ante el avance de la crisis pasaron a la oposición levantando las banderas del kirchnerismo. Ayer, antes de empezar el debate por los desafueros, presentaron el pedido de recusación colectivo que, obviamente, no prosperó.
Los 11 recusados de los 29 oficialistas “han sido sindicados como supuestos autores, instigadores, cómplices o encubridores, en definitiva, con participación criminal objetiva y documentada en los antecedentes remitidos por el Juzgado Federal de Santiago del Estero”, explicaron los disidentes como parte del fundamento del pedido. Los argumentos fueron un cuestionamiento durísimo al proceso de trasparencia de la votación. Para los disidentes, el voto de los diputados cuestionados fue “imparcial, por ser jueces y parte en un mismo proceso”.
Pero la prédica opositora en tierras de los Juárez tiene un efecto perverso. No sólo no consigue agudizar el proceso de crisis interna, sino que genera una imagen de fortalecimiento entre los bastoneros del juarismo. Parte de ese fortalecimiento se trasladó a la calle. Desde las siete de la mañana, el centro de Santiago se transformó en un corredor de peregrinaciones de empleados públicos, militantes de la juventud peronista y de la poderosa rama femenina del partido, el escuadrón de mujeres que sostienen orgánicamente a la jefa del gobierno. De a decenas primero, de a cientos después y finalmente de a miles, los peregrinos se fueroncongregando alrededor de la Casa de Gobierno, en torno a la Legislatura, y en el recinto.
De todos modos, el aparato que hace apenas un año era capaz de triplicar a las tropas movilizadas ayer ahora está menguado, pero sigue vivo. Al estilo de Santiago, donde las banderas no son sólo leyendas políticas sino grandes corazones rojos con las palabras Nina y Juárez, unas cuatro mil personas aguantaron casi diez horas bajo del arrasador calor del verano.
De aquí en adelante, el frente donde se disputa la batalla por la recuperación institucional de la provincia volverá posiblemente al fuero judicial y federal. En este momento, el juzgado analiza las pruebas contra el jefe espiritual y político del gobierno: Carlos Arturo Juárez. Ahora con un cargo de asesor legislativo y ejecutivo de la provincia, el gran caudillo no tiene fueros. Un detalle importante a la hora de evaluar las imputaciones por las causas de genocidio y crímenes de lesa humanidad que se tramitan en la Justicia federal.