Las horas avanzan con la tensión de una partida de ajedrez. Mientras el juarismo ganaba por goleada en la Cámara de Diputados, una comisión del gobierno nacional pegaba un golpe certero contra parte de la historia negra de Santiago del Estero. Los encargados de hacerlo fueron los secretarios de Derechos Humanos y de Justicia, Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse. El marco, una conferencia de prensa hecha ayer a la tarde durante el primer día de una visita que se extenderá hasta el viernes. El disparador, una inquietud del juarismo, que parece enfurecido por “esta intromisión federal”. “Lo mismo decía la dictadura de Videla frente a los veedores de los organismos extranjeros”, lanzó Duhalde sin que hicieran falta más precisiones. Las denuncias por violación a los derechos humanos, la flamante impunidad de la gobernadora y la reapertura formal de las causas por las muertes del obispo Gerardo Sueldo y de César Iturre fueron algunos de los fundamentos de este nueva avanzada sobre el tablero político del régimen juarista.
La avanzada que lleva adelante el Ministerio de Justicia funciona en Santiago del Estero como un punzón que va socavando los cimientos del régimen. En ese contexto quedó enmarcada una de las primeras misiones del día: la apertura de una nueva delegación regional, esta vez en la trágica ciudad de La Banda, donde hace poco más de un año aparecieron los cuerpos del llamado doble crimen de La Dársena. La nueva delegación es la segunda de un corredor que se trasformará en un sarpullido para los Juárez. En el corto plazo, según los anuncios, el ministerio abrirá delegaciones en Añatuya, Río Hondo, Frías, Quimilí y Fernández.
Estos ámbitos no serán sólo canales de denuncias. Para el juarismo llegan con el sello de una verdadera intromisión federal. Ernesto “Chabay” Ruiz, el jefe comunal de La Banda, sufrió dos atentados que aún son materia de investigación, después de pronunciar alguna crítica hacia los Juárez en una entrevista publicada por Página/12. En este momento, la instalación de la delegación de DD.HH. en su comuna vuelve a ponerlo en un brete. Hasta ayer, a tres días de iniciado marzo, su comuna aún no había recibido los fondos de coparticipación provincial. Para los integrantes de la comisión, la demora es otro de los signos de presión del gobierno.
En una conferencia de prensa, Duhalde aseguró que “seguimos en la tarea que empezamos el año pasado a partir del informe en que señalamos las violaciones contra los derechos humanos y la ausencia del funcionamiento mismo de las instituciones republicanas”.
El Ministerio de Justicia se comprometió a acompañar la reapertura de la causa por la muerte del obispo Gerardo Sueldo. Entre los argumentos principales se encuentra la entrevista que le dio a Página/12 la ex jueza María Luisa Cárdenas, en la que sostuvo que le ordenaron cerrar la causa. La avanzada incluye el caso de otra muerte misteriosa: la de César Iturre. Duhalde señaló que “tenemos grandes sospechas de que no se trata de una muerte accidental, sino de una acción criminal que involucra a los hombres del poder mismo”.