Después de nueve años de discusiones en el Congreso, Chile ha sancionando ayer su ley de divorcio. Una votación en la Cámara de Diputados consiguió la ventaja suficiente sobre la derecha y sectores de la Iglesia Católica para conseguir la ley en uno de los dos únicos países del mundo occidental que no aceptaba la disolución legal del vínculo conyugal. En medio de las feroces negociaciones de última hora, la Iglesia consiguió incorporar un artículo que ahora le da status legal al matrimonio religioso. La ley está ya en manos del presidente Ricardo Lagos y comenzará a regir legalmente a partir de los seis meses de que la promulgue.
La votación chilena le puso fin a años de un dificultoso e intrincado debate social y parlamentario. El proyecto sancionado había sido aprobado ya en el ‘97 por la Cámara de Diputados, y aprobado y modificado en el Senado en agosto del año pasado. Ahora, los diputados, como Cámara de origen, aprobaron las modificaciones del Senado y salió avalada.
Hasta ahora, las leyes chilenas impedían el divorcio, pero aceptaban, en cambio, un subterfugio: una nulidad dispuesta por la Justicia. Ese mecanismo regía desde 1984 aceptado por la Iglesia, aunque los laicos, el 70 por ciento de la población chilena, siempre la consideraron una “farsa legal”. La nulidad se obtenía demostrando que existía un error en el acta civil. Bastaban tres testigos para avalar un supuesto error en el domicilio de la novia o en la fecha de nacimiento del novio, por ejemplo. Con ese sistema, unas 6 mil parejas al año se acercaban a los tribunales para pedir la nulidad legal, en la práctica una suerte de divorcio.
A lo largo de estos años, la Iglesia Católica adoptó distintas posiciones y ayer logró una victoria con la sanción del artículo 20, uno de los más controvertidos de la nueva ley. La norma le da validez legal al matrimonio religioso y obtuvo 51 votos a favor y 44 en contra. A partir de ahora, si lo desean, los contrayentes católicos podrán convalidar su matrimonio ocho días después ante el Registro Civil. Una opción que no hace necesaria la certificación del Estado.
El artículo despertó una polémica entre católicos y los opositores que reclaman el derecho de igualdad ante la ley. El pastor Juan Sepúlveda, de la Iglesia Evangélica, consideró que se trata de “una concesión simbólica a la Iglesia Católica”. Para los suyos, es “un retroceso histórico desde la perspectiva de más de un siglo de vigencia del Estado laico”. El grupo de diputados que votó en contra consideró en esa línea que el artículo está vulnerando el principio de igualdad consagrado por la Constitución, porque sólo podrá funcionar con las entidades que tengan personería jurídica de derecho público, y la única es la Iglesia Católica.
Los sectores de la derecha que ponderaron el artículo criticaron sin embargo la labor de la Iglesia en la negociación de la ley. Marcelo Froni, diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente, aseguraba ayer que “fue muy poco lo que hizo la jerarquía de la Iglesia para impedir que se legislara sobre el divorcio”. En público, la voz de la Iglesia pareció resignada. Los diarios chilenos recogieron una pronunciación del arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Errazuriz, quien definió como “esperable” la decisión de los diputados. “Nosotros creemos que había otras soluciones, pero lamentablemente se optó por ésta. Ahora sólo nos resta corresponder a quienes sí desean un matrimonio estable”, sostuvo. El cardenal dejó en claro que a partir de ahora habrá dos tipos de matrimonios en Chile, serán los novios quienes tendrán que decidir entre la Iglesia o el Estado.