Luego del debate por el tratamiento penal que se le debe dar a los violadores de menores, la Legislatura bonaerense aprobó finalmente una ley que limita las excarcelaciones por ese delito. Uno de sus impulsores, el peronista Osvaldo Mércuri, dijo que los condenados “deberán cumplir la pena porque se elimina la libertad con vigilancia asistida y el régimen transitorio de libertad”. La norma sería promulgada la semana próxima por el gobernador Felipe Solá y mantiene la posibilidad del juez de aplicar la libertad condicional, una vez cumplidos los dos tercios de la pena, aunque Mércuri dijo que en la práctica esa alternativa “no es otorgada en la mayoría de los casos”. Las palabras de Mércuri apenas sirvieron para darle mayor precisión al texto de la norma, cuya aplicación práctica y efectiva fue relativizada por el camarista Fernando Maroto y el abogado Juan Pablo Gallego. Maroto, que hace días falló en contra de la excarcelación de un violador, sostuvo que la ley es apenas “una medida interesada de los políticos para no quedar mal ante la gente” y que la facultad de liberarlos sigue en poder de los jueces.
La misma norma, que fue aprobada ayer por la Legislatura provincial, podría aplicarse para ponerles trabas a las excarcelaciones por otros delitos como “homicidio agravado, privación ilegal de la libertad seguida de muerte, homicidio en ocasión de robo e incendio u otros estragos seguidos de muerte”. De todos modos, como ya había adelantado Página/12 el 27 de febrero pasado, la ley Mércuri podría tener incluso un choque frontal con normas constitucionales. Marcos Salt, profesor de Derecho de Ejecución Penal en la UBA, había dicho en diálogo con este diario que “la ejecución de las penas (para todos los delitos) se regula por la ley 24.660, de aplicación en todo el país”. Según Salt, la nueva ley provincial “pretende legislar sobre facultades que las provincias han delegado a la Nación”.
Mércuri insistió, en cambio, que la ley aprobada ayer “modifica el Código de Procedimientos bonaerense y la ley de Ejecución Penal”. Según el legislador bonaerense, la medida “evita que un violador que abusa de un menor de 13 años esté en libertad mientras dura el proceso judicial y los imputados pueden estar en libertad, pero evitando que se acerquen a la víctima”. Frente a las críticas de oportunismo político, Mércuri dijo que vienen trabajando en el proyecto “desde hace tiempo, pero tomó fuerza con el oleaje de denuncias que hubo en los últimos días. Antes había resistencias que ahora desaparecieron”. Insistió en que “los violadores son reincidentes en un 80 por ciento de los casos y eso no ocurre en la Argentina sino también en países como Suiza o Suecia”.
Una fuente oficial dijo anoche a este diario que “no bien llegue a la Gobernación, la ley va a ser promulgada por el gobernador Solá, que está a favor de la medida”. Más allá de esa realidad inminente, el camarista de San Isidro Fernando Maroto, declaró que “la facultad que otorga la ley no es automática, porque es una imposición al juez, que sigue teniendo la facultad de tomar su propia decisión”. El mes pasado Maroto votó en contra de la excarcelación de un violador, la que fue igualmente concedida por el voto mayoritario de los otros dos integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Raúl Borrino y Celia Vázquez.
Sin embargo, aunque considera que la violación es un delito muy grave, recalcó que “el sentido común indica que esto es una imposición a los jueces y que no se puede impedir legalmente la excarcelación”. Aceptó que el instrumento legal “puede llegar a limitar la aplicación de la libertad anticipada o transitoria, pero sigue siendo una facultad del juez, que a veces hoy, aunque haya un informe favorable del Servicio Penitenciario Bonaerense, puede igual negarse a la excarcelación” sin necesidad de la existencia de la ley aprobada ayer.
“Si bien la mayoría de los violadores tiene una característica enfermiza y suelen ser reincidentes, también hay casos dudosos, donde la prueba noes contundente y el juez tiene la obligación de analizar cada caso concreto”, insistió Maroto. Para el juez el tema necesita un debate a fondo “donde se piense qué hacer con el violador, pero sobre todas las cosas cómo dar asistencia a la víctima, que no debería hacer la denuncia frente a un policía sino ante un especialista, que no debería soportar procesos médicos que agravan el daño; es necesario pensar en la víctima y crear una estructura especial para estos casos”.
Para el abogado Juan Pablo Gallego, que asiste a chicos abusados, “la nueva ley fija una pauta muy endeble, porque sólo se aplicaría ante un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”, es decir cuando los agravantes están dados por el lazo familiar o por la condición de guardador, como sería el famoso caso del cura Julio César Grassi. “En cambio se puede favorecer con la excarcelación a un abusador peligroso y reincidente, si es que no se tiene información suficiente sobre su trayectoria en ese tipo de delitos.” A ley nueva, vieja polémica.
Informe: Maricel Seeger