La saga de corrupción e historias negras de la Bonaerense y del Servicio Penitenciario provincial precipitó la idea: ayer, con las dudas del caso Blumberg en el aire, el gobernador Felipe Solá anunció la creación del Comité de Transparencia de Gestión que investigará denuncias contra policías, penitenciarios y vigiladores privados. Estará conformado por el secretario de Derechos Humanos, Remo Carlo- tto, y representantes de los ministerios de Justicia y de Seguridad. El CT contará con una pieza clave: un Consejo Consultivo, independiente del poder político e integrado por personalidades con reconocida militancia en los derechos humanos. Los consultores tendrán atribuciones para visitar cárceles, comisarías, tomar denuncias, elevar informes y exigir resultados. La apuesta de Solá tiene doble filo: es ambiciosa, pero si carece de respaldo político para sostenerla derivará en un escándalo: los consultores se retirarán en masa.
El caso Blumberg y la dudosa actuación policial que derivó en la muerte de Axel parece haber disparado el argumento, aunque argumentos como el caso Blumberg fueron motivos de infinidad de escándalos anteriores sin que jamás se diera en el clavo o sin que existiera voluntad de encontrarlo.
Según algunas fuentes bonaerenses consultadas, la idea rondaba la cabeza de Felipe Solá desde hacía un tiempo y el lunes comenzó a tomar forma. El martes apareció asesinado Axel Blumberg y precipitó la decisión: el gobernador firmó un decreto que crea el Comité de Transparencia de Gestión. Las lupas puestas sobre hechos de corrupción y violación de derechos humanos por parte de policías, penitenciarios o vigiladores privados.
Al firmar el decreto, Solá sostuvo que con el Comité “se tendrá mayor control de lo que ocurra en materia de derechos humanos en comisarías, cárceles y también en las agencias de seguridad”.
“Vamos a trabajar sobre el informe de cada uno de los casos que se presenten ante el Comité –explicó Carlotto a Página/12–. Pero también sobre las reformas estructurales, las modificaciones necesarias para que esos casos no se repitan.” Hasta ahora, los sumarios administrativos originados en denuncias contra policías o penitenciarios quedaban anclados a los resultados de la investigación judicial. “A partir de ahora –dijo Carlotto–, el Comité tendrá atribuciones para seguir investigando más allá de los resultados en el proceso judicial. En muchos casos, la Justicia no encuentra pruebas para configurar un delito, pero el Comité podrá determinar si el funcionario investigado sirve o no sirve para la función en la que fue designado. Independientemente de que sea o no culpable penalmente, podrá pedirse su reemplazo.”
La tarea no es nueva. Ya la venía realizando la misma Secretaría, con aportes de organismos de Derechos Humanos. La diferencia radica en que esos organismos tendrán participación directa y de control, constituyendo el Consejo Consultivo. Estará conformado por Rosa Bru, Raquel Witis, Sabina Sotelo, Pablo Pimentel (APDH de La Matanza), Adela Segarra (Abuelas-Mar del Plata), Adelina Alaye (Madres-Línea Fundadora, La Plata), Francisco Gutiérrez (diputado nacional Polo Social), Rosa Igrategui (APDH de Olavarría) y Fernando Domínguez (fiscal general adjunto de San Martín). Osvaldo Bayer fue convocado, pero no aceptó por compromisos ya asumidos.
El Consejo Consultivo será clave para transparentar los hechos denunciados y la lógica del mecanismo. Existían dudas sobre la eficacia del Comité y si quedaría perdido entre la infinidad de propuestas políticas para salir del paso. En ese aspecto, algunos integrantes del Consejo Consultivo dieron la respuesta. “Muchos de nosotros ya veníamos aportando denuncias a la Secretaría –dijo Sabina Sotelo, de la ONG Organización por la Vida–. Ahora tenemos respaldo institucional. Pero en la cancha se ven los pingos. Si no funciona, nos vamos. No voy a dejar que usen mi nombre.”
“Es un gesto que parece valioso –dijo el fiscal Domínguez–. Habrá que ver cuáles son los alcances, la incidencia, y si se traduce en políticas concretas. Por ahora es un gesto.”
En el área del Ministerio de Justicia ya trabajaban en la designación de un representante. “Va a salir del área de Política Penitenciaria –reveló un vocero del ministro Eduardo Di Rocco–. Una tarea va a ser agilizar todo aquello que tenga que ver con los controles, como evitar papeleos burocráticos para inspeccionar una cárcel.”