Pelear en lugares públicos, promover el consumo de alcohol, alterar las señalizaciones y obstruir la vía pública son contravenciones que podrán terminar con el arresto de sus autores, si la Legislatura porteña aprueba el proyecto para reformar el Código de Convivencia presentado ayer por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. La iniciativa endurece notoriamente las penas: de los diez días de arresto previstos como máximo en el Código actual, el máximo de arresto pasa a ser de 60 días. Y de las 47 figuras incluidas en el proyecto, la privación de la libertad alcanza a 30, el 64 por ciento de las faltas. Como adelantó este diario, el proyecto incorpora además la figura de reincidencia, ausente en la norma actual: los mínimos de las penas aumentarán en un tercio cuando se repita la falta y a partir de la tercera reincidencia corresponderá arresto.
Según señaló Ibarra, el proyecto del Ejecutivo no fue elaborado bajo “ninguna de las dos posturas extremas” y se ubica entre “los que plantean que no se castigue ninguna acción y quienes proponen un código autoritario y represivo, con sanciones desmedidas e irracionales”. El texto elimina el apercibimiento, ya que hacía prácticamente “inaplicables las sanciones”, enfatizó Ibarra. Eleva el plazo de la prescripción de uno a dos años. Las multas, en tanto, van de un mínimo de 50 pesos a un máximo de 1000, de acuerdo con la infracción y la evaluación del juez. El proyecto mantiene la edad mínima de punibilidad en los 18 años, ya que no “queremos ser incongruentes con el Código Penal”, manifestó Ibarra.
Además, el gobierno porteño pretende que no sólo sean sancionados los que efectuaron la contravención sino también las empresas o personas jurídicas que se beneficien con las infracciones cometidas por sus empleados o representantes. “Esta norma está vinculada, por ejemplo, con la venta ambulante, en donde muchas veces se sanciona al vendedor y no a la empresa o al mayorista que está detrás. También hay casos de compañías que tiran sustancias peligrosas y se condena al camionero que las transportaba, sin castigar a las empresas”, explicó a Página/12 el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Juan Carlos López.
Las penas con mayor cantidad de días de arresto son las que involucran la protección de la salud de las personas, la integridad física, la salubridad del medio ambiente y las conductas violentas en general. Llegan a los 30 días de arresto, pero en los casos de reincidencia pueden duplicarse. La sanción se cumplirá en la cárcel de contraventores, ubicada sobre la calle Viamonte, entre Libertad y Cerrito, en pleno centro.
Las contravenciones que tienen un máximo de 30 días de arresto son la entrega de armas a personas menores de 18 años, el disparo de armas fuera de ámbitos autorizados, el arrojo de elementos desde o contra autos en movimiento que puedan ocasionar un daño a la salud, la fabricación de artificios pirotécnicos, afectar el funcionamiento de servicios públicos, el ejercicio ilegítimo de una actividad, producir avalanchas en un espectáculo, correr picadas en la vía pública y portar elementos destinados a ejercer violencia.
De todos modos, el infractor podrá acordar con el juez cumplir con el arresto en forma fraccionada, los días feriados y días de semana, cosa de no perder días de trabajo. El proyecto también incluye las figuras de instigador y de cómplice –no incluidas en el actual Código– y permite que la reiteración de contravenciones leves puedan ser castigadas con mayor severidad. A partir de la tercera reincidencia, la pena de multa se transforma en arresto.
El proyecto propone castigar a los cuidacoches no autorizados con multa de 100 a 2000 pesos. En cuanto a la oferta y demanda de sexo en la vía pública, mantiene la prohibición cuando tiene lugar en inmediaciones de viviendas, establecimientos educativos o templos, con multa de 250 a 15.000 pesos.
El abogado Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró “excesiva” la aplicación de 30 días de arresto y como”un abuso” el máximo de 60 días. “Es un Código Penal reducido”, cuestionó Palmieri.
En cuanto a la suerte del proyecto oficial en la Legislatura, estará supeditado al consenso con el principal bloque de la oposición, el macrista Compromiso para el Cambio. Ese bloque solicitó ayer que el nuevo Código se vote en los próximos 30 días, ya que “es urgente la reforma, como una señal contundente hacia la ciudadanía porteña”.