Casi el 30 por ciento de las muertes maternas en Argentina se producen a causa de abortos realizados en forma clandestina. Las estadísticas, proporcionadas por el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam), corresponden sólo al sector de salud pública. Y no incluyen un 50 por ciento más de muertes por subregistro, es decir, muertes que aparecen inscriptas en el hospital público por paro cardiorrespiratorio, y no por las causas que llevan a la internación. Diana Galimberti, integrante del Comité Científico de Celsam, dijo a Página/12 que “en las provincias donde se implementó un plan de procreación responsable la cantidad de muertes martenoinfantiles disminuyó notablemente. En el Chaco, que implementa un programa desde hace cuatro años, la cifra se redujo casi a la mitad”.
En total, en todo el país, por cada 100 mil niños nacidos vivos en un año, mueren 35 madres por diferentes causas (hemorragia, hipertensión, aborto, problemas obstétricos y otras enfermedades como hepatitis o leucemia). Las cifras corresponden al año 2000, aún no fueron publicadas y son las últimas con que se cuenta. Ya en ese tiempo el primer mundo estaba lejos. Basta comparar con las cifras de Canadá (4 por cada cien mil) y Estados Unidos (5 por cada cien mil). Y no sólo el primer mundo. Para el mismo período, Uruguay registraba 23 por cada cien mil, Cuba, 24 y Chile 25.
Pero si el análisis de la estadística, en lugar de hacia fuera, se toma hacia dentro del país, las cifras resultan pavorosas. La provincia de Formosa registra 177 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos. San Juan, 99. Jujuy, 73. Y habrá que tener en cuenta que sobre esas cifras se debe calcular un 50 por ciento más, como resultado del subregistro. “Cuando una mujer, en el posparto, se infecta o tiene una hemorragia, y va a terapia intensiva, en caso de fallecer, esa muerte se registra como paro cardiorrespiratorio, según demostró una investigación del Ministerio de Salud.
Galimberti sostiene que en los casos de muertes maternas, un 80 por ciento tiene causas evitables. Entre ellas, el aborto, que representa el 29 por ciento del total, es la principal causa de muerte. La cifra representa 72 mujeres muertas por aborto durante el año 2000. En el ‘94, por la misma causa fallecieron 79; en 1996, 115; y en 1999, 87. La proporción se mantiene en cada provincia.
Un caso paradójico es el Chaco. “En el ‘98 tenía 130 muertes maternas por cien mil nacidos vivos. Pero en el 2000 redujo a 77 por cada cien mil. ¿Por qué la diferencia? Porque, siendo una de las provincias más pobres, desde hace cuatro años implementa un programa de procreación responsable que le permitió bajar la altísima tasa que tenía a casi la mitad”.
“Cuando se dice que hay que implementar un programa de procreación responsable es para que las mujeres tengan acceso a la atención gratuita, que es un derecho constitucional. La Constitución sostiene que la planificación familiar es un derecho humano básico. Pero de ahí a que se cumpla hay una distancia. Son 15 provincias las que tienen un programa, entre ellas la Capital, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Chaco, y en Santa Fe, Rosario”.
Galimberti sostiene que a la mortalidad materna aparece asociada la mortalidad infantil. “Entre los niños nacidos de madres menores a 15 años, la mortalidad se duplica. También se duplica la mortalidad infantil entre los niños de madres que tienen más de seis hijos”. Los estudios determinan también que las muertes de niños son menores cuando sus madres pasan dos años o más entre parto y parto que cuando entre hijo e hijo hay un año o menos. “Por lo tanto, instalar programas de procreación responsable no sólo es un derecho saludable para las madres sino también para los hijos”, aseguró la especialista del Celsam.
Para la tecnocracia económica, Galimberti recordó un dato concluyente: “Jorge Palles y Luis María Aller Atucha, después de una importante investigación en todo el país, encontraron que en el ‘96 fueron atendidas en el hospital público 48 mil mujeres por abortos. Esa atención significóde costo 57 millones de dólares. Si a esas mujeres se las hubiera incorporado a un programa de procreación responsable, entregándoles anticonceptivos orales en forma gratuita, el costo de esa entrega hubiera representado 47 millones de dólares”. Además de ser un derecho, y ser más saludable, es más barato.