Por Federico Kukso

La clonación dejó de ser hace tiempo cosa de ciencia ficción. Desde la creación de la oveja Dolly, en 1997, la comunidad científica internacional debatió cuáles serían los alcances y los límites de esas experiencias. Hasta ahora, la Argentina estuvo ausente de este debate, pese a que sus científicos aportaron lo suyo con el nacimiento de “Pampita”, la primera ternera clonada en el país, en agosto de 2002. La exitosa clonación de embriones humanos, anunciada este año en Corea del Sur, agudizó el debate entre quienes defienden esta modalidad de investigación y quienes alertan sobre sus riesgos. En ese contexto, por primera vez, la comunidad científica local hizo oír su voz en forma oficial. Después de tres años de trabajo, el Comité de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) presentó ayer públicamente un informe y varias recomendaciones sobre la clonación humana que, se espera, debería servir como materia prima para adoptar decisiones políticas ante el vacío normativo imperante: el único antecedente en el tema es el decreto 200/97 de la era menemista que prohíbe todos “los experimentos de clonación relacionados con seres humanos”, y que aún está vigente. La sentencia del Comité fue clara: “Clonación terapéutica, sí; clonación reproductiva, no”.
El Comité, que depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyt) y que, a diferencia de los comités de bioética difundidos en la Argentina desde hace varios años, es el primero de este tipo con incumbencia nacional, fue creado en abril de 2001 y está compuesto por diez prestigiosos intelectuales: el biólogo Alberto Kornblihtt, la socióloga Otilia Vainstok, el escritor Noé Jitrik, la doctora en Derecho Aída Kemelmajer de Carlucci, el químico Roberto Fernández Prini, el médico Samuel Finkielman, el físico Ernesto Maqueda, el ecólogo Eduardo Rapoport, el psicoanalista Fernando Ulloa y la médica Stella González Cappa.
“El año pasado recibimos del Ministerio de Relaciones Exteriores un pedido de evaluación del Proyecto de Convención Internacional para prohibir la clonación humana en todas sus formas, preparado por Costa Rica”, contó el biólogo Alberto Kornblihtt, investigador del Conicet. Y agregó: “En 2001, la Argentina, tal vez por costumbre, junto a Estados Unidos, el Vaticano y España, entre otros países, copatrocinó la propuesta costarricense. Finalmente, la comisión internacional de las Naciones Unidas se reunió entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre de 2003 y, por suerte, la votación se postergó por un año”.
Además de la ausencia en el país de una legislación que determine hasta dónde es lícita la clonación, la posición argentina sobre el tema no está clara. Y ahí entra a tallar este organismo: “Pese a que no hay grupos nacionales que estudien la clonación con fines terapéuticos (básicamente por una cuestión de costos), ésta es la primera vez en la Argentina que un comité de ética se pone a pensar y a elaborar un texto y una serie de opiniones sobre una cuestión tan espinosa”, agregó Kornblihtt.
El informe, que ya fue elevado al titular de la SeCyT, Tulio del Bono, coincide con la postura de las academias internacionales de ciencia que expresan la prohibición de la clonación humana con fines reproductivos (que condensa la “fantasía de la fotocopia”, es decir, la de la multiplicación de seres idénticos y que no tiene por ahora ningún sustento a nivel científico) y exhortan que la clonación con fines terapéuticos y de investigación (técnicas que, al producir células primigenias, servirían para curar en un futuro todo tipo de enfermedades) sean excluidas de la condena pública. Para llegar a esta conclusión, los miembros del comité tomaron como documento base la argumentación de la Organización del Genoma Humano (HUGO, según sus siglas en inglés), cuyo comité de ética reflexionó sobre este tema y elaboró recomendaciones, y la Human Reproductive Cloning Act del Reino Unido, de 2001, que lacónicamente dice: “Una persona que implanta en una mujer un embrión humano que haya sido creado por otros medios que no sean la fecundación es culpable de un delito”, cuya pena máxima llega a diez años de reclusión.
Las opiniones de los miembros del comité, que trabajan ad honorem, son independientes; no tienen que coincidir con las políticas de ciencia y técnica del país o la política nacional. “Este organismo es un espacio argumentativo transdisciplinario, de reconstrucción del diálogo de la investigación científica con la sociedad y también una plataforma de debate político y de reflexión sobre el desarrollo de la ciencia, todo eso mirado desde principios morales básicos como los de justicia y de protección al vulnerable”, afirmó la socióloga Olivia Vainstok.
Pero el de la clonación humana no es el primer caso que trata el comité. Organismos genéticamente modificados, confidencialidad de los datos genéticos, técnicas de reproducción asistida y bioseguridad en la aplicación de la biotecnología agropecuaria han sido algunos de los temas alrededor de los que el comité abrió el debate (sus conclusiones se pueden ver en el sitio www.eticacyt.gov.ar). Lo cual, ante los avatares nuestros de todos los días y al ritmo de los vaivenes de la política científica, no es poco.