La Alcaidía de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco, dependiente del gobierno provincial, es una cárcel argentina. Tan argentina que un juez intimó a las autoridades a modificar sustancialmente el alojamiento de sus 298 detenidos. Tras una investigación de oficio, el magistrado comprobó hacinamiento y pésimas condiciones de vida. La mayor parte de los detenidos tiene la piel cubierta de hongos, muchas mujeres sufren lepra, faltan camas, colchones y frazadas y hasta las manijas para abrir las bocas de agua de emergencia. A los 298 presos los custodian seis guardias. En los últimos cinco años hubo 52 fugas. La situación es tan crítica que el juez local Marcel Festorazzi tomó una decisión drástica: desalojó las viviendas de los jefes del penal para albergar a una treintena de detenidos. Y puso un plazo de 30 días para que se realizaran modificaciones. Si no se producen, ordenará el segundo paso: libertades y prisiones domiciliarias.
El 26 de abril pasado, el juez de Garantías de Roque Sáenz Peña, Marcel de Jesús Festorazzi, inició una investigación de oficio a partir de un hábeas corpus masivo presentado por los internos de la Unidad Especial de Alcaidía. En realidad, la unidad no es tan especial si se considera al término como diferente al resto. La Alcaidía (o sus internos) sufren las mismas consecuencias que prácticamente cualquier preso en territorio argentino. Auxiliado por peritos, Festorazzi visitó el penal, un antiguo edificio ubicado en pleno centro de la ciudad. Comprobó que los cinco pabellones tenían un denominador común: las condiciones de hacinamiento.
El juez distribuyó un cuestionario del tipo múltiple choice que respondieron todos los internos. Además, ordenó periciar las medidas de seguridad y las condiciones edilicias. El resultado fue tan espantoso como la realidad.
Cada pabellón tiene unos siete metros de ancho por 20 de fondo. En cada uno se alojan entre 50 y 70 presos según edad (mayores o menores), sexo y tipo de delito. “Los baños son una degradación, no hay ninguno utilizable”, dijo Festorazzi a Página/12. El juez además destacó que “la mayor parte de los internos tiene la piel cubierta de hongos por la humedad ambiente. Hay muchas mujeres con lepra que no reciben atención médica. Los focos de luz de los pabellones salen de cables de donde cuelgan la ropa, el agua potable es escasa. Faltan 118 camas, 20 colchones y 26 frazadas”.
Una pericia realizada por los bomberos determinó que las bocas de agua de emergencia carecen de manijas para abrirlas. Y otra pericia realizada por el director de la Unidad Penitenciaria Federal 11, subprefecto Daniel Legide, determinó los puntos críticos de la seguridad. Uno de ellos se nota a simple vista: la guardia está compuesta por seis personas, a razón de un guardia cada 50 presos. Que la relación es exigua lo indican los 52 expedientes por fugas abiertos en los últimos cinco años.
Cuando el juez consultó a Carlos Porter, jefe del penal, sobre la capacidad de alojamiento del edificio, Porter respondió: “Tengo espacio para 180 presos”. “¿Cómo llega a esa cifra”?, se interesó Festorazzi. “Porque tengo 180 camas”, le contestó el jefe.
Ante tamaña complejidad, Festorazzi tomó una resolución drástica para algunos, necesaria y demasiado esperada para otros: ordenó que en 24 horas se desalojaran las viviendas de los tres jefes del penal, incluido Porter, ubicadas junto al pabellón cinco. La medida se cumplió. Técnicamente, se puede decir que desde ayer, treinta presos ocupan la casa de los jefes.
Además, dio 24 horas para desalojar la División Criminalística de la policía chaqueña, también contiguas a la Alcaidía. La consigna también fue cumplida en el plazo exigido.
Pero respecto de la solución de fondo, hay dudas firmes de la intención de que vaya a ser cumplida. El juez intimó al Poder Ejecutivo provincial (gobierna Roy Nikisch, anterior vice del radical Angel Rozas) a que en 30 días solucione las deficiencias edilicias y la falta de personal deguardia. En caso contrario dispondrá reducir la cantidad de alojados evaluando a quiénes enviar a detención domiciliaria (presos con fianza a la que no pueden acceder por el monto, delitos leves, etc.). Y está dispuesto a llevar el caso a la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar, pero es algo extraña. “Todo eso que al juez lo sorprende nosotros ya lo sabíamos hace tiempo (sic) –dijo a este diario el ministro de Gobierno Hugo Matkovich–. Hace más de treinta días anunciamos la reforma íntegra de la Alcaidía.” El mes pasó, pero la integridad de las reformas se hizo esperar. Según Matkovich, se debe al tiempo que lleva la previa de una licitación. Además, el ministro aseguró que estaba contemplada la ampliación de la guardia. Lo más extraño de esta curiosa coincidencia de objetivos es su escasa coincidencia: “Vamos a apelar la resolución –sorprendió Matkovich–. No creemos que el juez tenga competencia”.