En el lanzamiento del Programa Nacional de Trabajo en Cárceles, una iniciativa a la que el Gobierno le adjudicó vinculación directa con las medidas generadas a partir del “efecto Blumberg”, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, sostuvo que lo que se emprende es “una batalla contra la violencia para instalar una cultura del trabajo” en las 31 unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país. Esto significa también, dijo Beliz, darles a los detenidos “una segunda oportunidad” para que una vez recuperada la libertad “puedan acceder nuevamente a integrarse a su ámbito comunitario”. En la actualidad, en las cárceles federales sólo trabaja el 29 por ciento de los casi nueve mil presos. Para incrementar el número de internos que cumplan tareas en su lugar de detención, el Gobierno llamó a participar a todas las cámaras empresarias, para garantizar la posterior comercialización de los productos. El año pasado, en algunas cárceles del área metropolitana, se han producido 750 mil kilos de pan, 1500 uniformes de fajina para las fuerzas de seguridad, 200 pares de borceguíes mensuales, 5500 rollos de papel higiénico por mes y 12.000 kilos de queso por año.
El subsecretario de Coordinación e Innovación del ministerio, Jorge Srur, le dijo a Página/12 que el propósito es “incentivar el desarrollo de los emprendimientos productivos en el SPF y luego propiciar la extensión de la propuesta a las cárceles provinciales”. El lanzamiento del programa se hizo durante un acto en el Museo Penitenciario del barrio porteño de San Telmo. Beliz dijo que los presos, tal como establecen las leyes vigentes en la materia, cobrarán un salario equivalente “al 80 por ciento del salario mínimo”, que está experimentando un leve ajuste que lo llevará, a fines de año, a 300 pesos. Una parte se les entregará a los familiares del interno y el resto será depositado en una caja de ahorro cuyo monto será entregado al interno una vez que recupere la libertad.
El programa de trabajo en las cárceles se enmarca en el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad lanzado por el Gobierno el 19 de abril. El ministro Beliz reconoció que el proyecto es coincidente con “un muy buen requerimiento del señor (Juan Carlos) Blumberg”, quien lo presentó durante la marcha realizada frente al Congreso Nacional para demandar leyes más duras en materia de seguridad. “Todo lo que sea generar trabajo en cárceles tiene múltiples beneficios”, opinó Beliz. Además de requerir la participación privada, el ministro dijo que el Estado piensa comprar “uniformes para las fuerzas de seguridad” hechos por los internos en talleres textiles que funcionan en las cárceles del SPF.
Beliz dijo que las unidades penitenciarias deben ser “escuelas de trabajo y no universidades del delito”. Por tal motivo se realiza “una fuerte convocatoria a todo el sector privado para que pueda integrarse a los diferentes talleres y poner en marcha espacios ociosos de fabricación” que tienen hoy algunas cárceles. Insistió en que se busca que los establecimientos se conviertan en “ámbitos de trabajo, de producción, de recuperación de los internos y de batalla contra la violencia”. Los presos, resaltó Beliz, “van a tener el tiempo ocupado, que a veces se va en actividades que nada tienen que ver con su reintegración como seres humanos”. Srur afirmó que el programa se realizará “respetando los derechos humanos y laborales de los internos”.
Beliz sostuvo que “por cada detenido que a su salida no vuelva al círculo perverso del delito vamos a estar ganando una batalla gigante en la lucha por tener una sociedad más segura”. El subsecretario Srur informó a este diario que en los talleres agropecuarios del área metropolitana se han producido durante el año pasado 120 hectáreas de soja y maíz y unos 2500 kilos de carne de cerdo por año. En el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, hay una nave de producción que está vacía y otras tres donde funcionan emprendimientos de costura, zapatería, imprenta, panadería, bolsas de polietileno, papel higiénico y trapos de piso. La capacidad actual de producción oscila entre el 50 y el 70 por ciento, mientras que es nula la actividad en el lavadero de ropa. También está inactiva una zapatería con 36 maquinas disponibles.
En otras naves destinadas a la producción funcionan 32 máquinas en la imprenta y 80 máquinas en el taller de costura. En el Complejo de Marcos Paz hay diez naves destinadas a la realización de trabajos, con una superficie total de 337 metros cuadrados cada una. Hay otras cuatro naves inactivas, con la fuerza motriz instalada. Hay talleres de carpintería, herrería, imprenta, costura, zapatería y hasta una huerta orgánica, pero sólo en tres de los casos la actividad actual oscilaba entre el 50 y el 70 por ciento, mientras que el resto tiene apenas un nivel de ocupación del 10 al 40 por ciento. En otros complejos penitenciarios funcionan tambos, talleres de mecánica y chapa del automotor, encuadernación, serigrafía, fabricación de juguetes, tejido, apicultura, avicultura, aserraderos, horticultura, fruticultura, reciclado de papel y hasta fábricas de bloques de cemento.