La futura unificación de los fueros penal federal y penal ordinario, vinculada con el diseño del Plan de Seguridad, genera dudas y roces con las autonomías porteñas y el postergado traspaso judicial a la ciudad. Página/12 consultó a jueces y fiscales contravencionales. Todos consideraron que la unificación “es un escollo a la autonomía”. Desde el gobierno porteño, el secretario de Justicia y Seguridad, Juan Carlos López, sostuvo que “estamos de acuerdo con los puntos de partida del plan, pero también tiene temas controversiales: no hay razón para que un homicidio en Mar del Plata esté a cargo de la Justicia ordinaria y en Buenos Aires de la Justicia nacional”.
Según el diseño del Plan de Seguridad anunciado por el ministro de Justicia Gustavo Beliz, los juzgados federales en lo penal y los ordinarios penales de la Justicia nacional pasarán a formar un solo fuero, junto con el Penal Económico. Precisamente la unificación es el origen de la controversia porque, sostienen, es una traba al traspaso judicial tal como está contemplado en la Carta Magna porteña en base a la autonomía reconocida en la Constitución del ‘94. Allí se establece que la Ciudad de Buenos Aires está en un pie de igualdad con el resto de las provincias como una más. Y, por lo tanto, capaz de constituir un Poder Judicial propio.
Pero a diferencia del resto de las provincias, en Buenos Aires la Justicia encargada de tratar los delitos comunes es la Justicia nacional y no depende de la ciudad sino de la Nación. Si desde hace varios años Buenos Aires reclama el traspaso judicial en su totalidad (igual que la policía), la decisión de unificar el fuero penal fue tomada por muchos como “un escollo más” para el traspaso.
El asunto es complejo. Según el fiscal contravencional Martín Lapadú, “el plan no está mal, pero hay que reformularlo. Horizontalizar la Justicia puede traer problemas al proceso de autonomía”. “De cristalizarse el plan –confió, en off the record, un magistrado de la ciudad– se va a lesionar la autonomía, porque a la ciudad no se le reconocen las mismas facultades que al resto de las provincias”.
En los pasillos del gobierno porteño se reconocen los méritos del Plan de Seguridad: “Sustancialmente estamos de acuerdo con el punto de partida del plan –señaló un funcionario–. Tiene una perspectiva multifacética, sin caer en la receta histórica de hacer las leyes más duras o menos duras. Pero en el medio hay algunos temas controversiales”.
“Desde el punto de vista de la ciudad, el plan genera algunos inconvenientes al proceso de autonomía –aseguró Juan Carlos López–. Estamos en una discusión complicada porque tenemos también la del traspaso de la policía. Desde la ciudad vamos por más, pero preferimos concentrar primero el esfuerzo en la creación de una policía propia. Pero no hay razón lógica para que un homicidio en Mar del Plata esté a cargo de un juez provincial y en la ciudad de un juez nacional. En ese sentido, el plan pone escollos.”
Según el plan, se contempla la autonomía judicial porteña. En un párrafo del segundo punto que trata sobre la reforma judicial señala la transferencia de las competencias del fuero Penal Correccional a la Justicia Contravencional porteña. Entre otros delitos, serán transferidos lesiones en riña, abandono de persona, matrimonios ilegales, usurpación y violación de domicilio; algunos de los delitos, con penas mayores a tres años.
“El traspaso de las competencias ya fue firmado en un convenio entre el Poder Ejecutivo nacional y el de la ciudad –señaló Lapadú–, firmado entre De la Rúa e Ibarra. El convenio fue ratificado tanto por la Legislatura porteña como por el Congreso nacional. En la ley sancionada por el Congreso se especifica que para lograr la transferencia de la Justicia se van a ir traspasando competencias penales de manera paulatina.El 27 de diciembre ya se dio competencia para que jueces y fiscales contravencionales entiendan en delitos sobre portación y tenencia ilegal de armas de uso civil y en competencias deportivas. Y estableció que las futuras transferencias de competencias se harían por firma de convenio entre los dos Ejecutivos. Bajo esa idea es que se armó el paquete del segundo convenio, que viene a resultar del Plan de Seguridad. Por eso, la transferencia de los delitos del área Correccional. Pero esos convenios fueron firmados con el marco anterior. El plan cambia el fuero penal y se transforma en un escollo para la autonomía. Habrá que ver cómo se resuelve.”
“Si antes no traspasaban la Justicia penal, ahora que es todo un enorme paquete, no la van a traspasar nunca”, dicen los más críticos. Otros sostienen que “así como traspasaron competencias correccionales, más adelante pueden ir traspasando otros delitos sin necesidad de dar marcha atrás con el plan”. Por un lado, el gobierno porteño, los jueces y los fiscales de la ciudad aseguran que el sistema contravencional está en condiciones de recibir las nuevas competencias. Hasta el año pasado había designados sólo 4 jueces y 8 fiscales. Ahora, el número se amplió a 24 y 24. Por el otro, la acordada de la Cámara Federal porteña, de la semana pasada, sostiene que el Plan es anticonstitucional porque mantiene una desigualdad entre los habitantes porteños y del resto del país (porque carecen de jueces propios para el tratamiento de delitos comunes).
Según un juez contravencional porteño, “la acordada de la Cámara es, como mínimo, oportunista, porque recién ahora, cuando les tocan su quinta, se acuerdan de que no se completó la autonomía”. Lapadú sostuvo que “la acordada es opinable porque los delitos comunes son tratados con los jueces naturales, que en el caso de la ciudad siempre fueron los jueces nacionales”.
La controversia recién comienza.