La Justicia procesó y dictó ayer prisión preventiva a Nicolás Pachelo, ex vecino de María Marta García Belsunce y sospechoso preferido de la familia de la víctima, por tres hurtos y un robo, entre otros delitos no relacionados con ese caso. Además, el juez de la causa remitió una copia de la resolución a la Justicia de San Isidro, donde se investiga el crimen de la socióloga. En tanto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense recibió ayer el informe que permitirá establecer si el juez de Garantías Diego Barroetaveña incurrió en alguna irregularidad administrativa en el marco de la tramitación de la causa por el asesinato de García Belsunce.
El juez de instrucción porteño Mariano Bergés dispuso además un embargo de 150 mil pesos sobre los bienes de Pachelo, quien fue procesado por una serie de hurtos en casas de amigos y vecinos y una prueba fundamental fue una cámara de fotos que luego vendió en un comercio porteño de la calle Libertad. El abogado defensor Roberto Ribas apeló la resolución ante la Sala IV de la Cámara del Crimen.
Según Bergés, Pachelo siempre tenía como víctimas a amigos o conocidos y empleaba el mismo “modus operandi”: les sustraía las llaves en eventos sociales, averiguaba cuándo no había nadie en los domicilios y entraba o mandaba a robar. Así, Pachelo continuará detenido en Marcos Paz por lo menos hasta que la Cámara resuelva si hace o no lugar a la apelación de la defensa.
Por otra parte, la Secretaría de Control Judicial del Poder Judicial de la provincia remitió a la Suprema Corte bonaerense un informe sobre la situación del juez Diego Barroetaveña. El magistrado había remitido sus explicaciones donde justificó por qué no dispuso de manera inmediata una orden de detención contra el viudo Carlos Carrascosa, luego de que las diversas instancias judiciales de la provincia revocaran el beneficio de la libertad morigerada que él le había concedido.
El informe también da cuenta del reporte que brindó el juez Fernando Maroto, quien hizo saber a la Corte que Barroetaveña se habría resistido a cumplir con esa disposición. Ahora, la Suprema Corte puede desestimar la investigación y ordenar su archivo o resolver alguna eventual sanción contra el juez.