El proceso suena insólito. La madre de uno de los alumnos de primer grado de la escuela Nicolás Avellaneda, en el centro porteño, denunció penalmente a uno de los compañeros de su hijo por robarle un muñeco de 70 pesos. El chico acusado, que aún no ha cumplido los seis años, ahora deberá presentarse a una declaración indagatoria si el juez de menores que tiene en sus manos la causa, Enrique Velázquez, acepta el pedido de la Fiscalía. El vicedirector del colegio, Juan Carlos Rosas, se negó a declarar cuando se lo pidieron en la comisaría, pero tuvo que hacerlo más tarde, obligado por una solicitud del juzgado. La judicialización de la historia del muñeco robado ya originó una polémica entre quienes consideran el caso como un avasallamiento a las garantías de los derechos del menor y quienes observan en la indagatoria una justa defensa de sus derechos.
El dueño de la historia es un elegante Max Steel, uno de los famosos muñecos promovidos por las tiras infantiles de la tele. El último 18 de marzo, una de sus réplicas desapareció de manos de su dueño, un alumno de primer grado de la escuela de la calle Talcahuano 680. Una semana después, el 25 de marzo, la madre del chico se presentó en la comisaría 3ª dispuesta a presentar la denuncia.
De acuerdo con las declaraciones asentadas en el expediente, en esa ocasión la mujer dijo que su hijo llevó a la escuela “un muñeco articulado de nombre Max Steel, el cual fue un regalo de su padre, valuado en 70 pesos”. En la denuncia presentó además a una abuela materna, supuesta testigo de los tristes padecimientos de su hijo. La abuela lo encontró cuando lloraba “porque un compañero le había sacado el muñeco”. Pero la historia del supuesto ladrón de muñecos no terminaba ahí. Según la autora de la denuncia, el niño en cuestión extorsionaba a su hijo exigiéndole otro muñeco: la condición para que le devolviera “el Max Steel era que le diera a cambio otro muñeco suyo, Hulk, el famoso hombre verde”.
El caso fue divulgado ayer por la agencia de noticias Télam. La madre en cuestión, de la que no transcendieron sus datos, es una mujer policía. Trece días después de la denuncia en la comisaría, la causa por “hurto” pasó a manos del juez de menores Velázquez, que remitió inmediatamente una copia a la Fiscalía de menores de turno, a cargo de Ruoco Oliva. El 7 de abril, en la foja 9, el fiscal firmó un pedido de “declaración indagatoria” para el presunto autor. A partir del pedido, el acusado será sometido a un proceso judicial con acusación y defensa. La convocatoria para indagatoria a un menor, considerado inimputable para la ley, es el punto más controvertido de la historia (ver aparte).
El chico acusado cuenta con otro testimonio en contra, el de la maestra de primer grado: ella le aseguró a la madre denunciante que quien se había apoderado del Max Steel era el niño de cinco años.
En el frente opuesto se encuentra el relato de la madre del chico acusado. Consultada por Télam, la mujer aseguró que el muñeco jamás llegó a su casa. Recién conoció la situación cuando su hijo llegó asustado, a la vuelta de la escuela. El padre y la abuela del verdadero dueño del Max Steel “lo habían intimidado”. La amenaza fue tal, según el relato, que la mujer decidió cambiarlo de aula porque el chico no quería volver más a la escuela.
Además del enfrentamiento por el muñeco, los chicos tuvieron una serie de problemas durante los primeros días del año. Una nota del cuaderno de comunicaciones de la escuela asegura que el 10 de marzo, el dueño del Max Steel le había pegado una patada y dos cabezazos al chico ahora acusado. Pocos días después, el 22 de marzo, otra nota del cuaderno de comunicaciones ya adelantaba datos sobre el tráfico de muñecos: el supuesto ladrón se había llevado a su casa tres muñequitos de su compañero. Según su madre, ninguno de ellos era Max y todos fueron devueltos, datos que por lo pronto quedaron registrados nuevamente en el vapuleado cuaderno de comunicaciones. Las idas y vueltas de los cuadernos concluyeron con la denuncia formal en la comisaría, el 25 de marzo. Cinco días después, en el marco de un procedimiento insólito, el jefe de la comisaría 3ª, Vicente Carlino Currenti, dispuso vía telefónica, en nombre del juez, “aprobar lo actuado, solicitar al colegio la dirección del menor imputado, solicitar un informe ambiental del mismo y elevar las actuaciones”, según lo indica un acta policial firmada por el comisario. En esa ocasión, el vicedirector de la escuela se negó a darle los datos filiatorios a la comisaría. En un acta dejó una constancia con las razones y con una observación sobre los maltratos de los que fue objeto en la Oficina Judiciales de la seccional.
Siete días más tarde, el sumario policial llegó al juzgado de Velázquez y a la Fiscalía que pidió la indagatoria. Ya en esa instancia, el colegio quedó obligado a entregar todos los datos requeridos. Los padres del chico acusado tuvieron que entrevistarse con una asistente social del juzgado y le dieron curso al informe ambiental que terminó con resultados favorables: “No existen dificultades entre sus integrantes”, dice el documento, y agrega que se pudo observar “contención de parte de sus padres y entre sus hermanos”.