Ayer, las derivaciones del caso del muñequito Max Steel, o Robito del Siglo según se prefiera, en el que se implicaba ante la Justicia a un chiquito de cinco años, superó el borde del ridículo con que se había iniciado. El padre denunciante aseguraba que “todo está inflado”, pero agregaba que “tienen el muñeco escondido en la repisa”; los padres del denunciado exponían el caso, o sea a su hijo, en la televisión; fuentes judiciales (o sea el juzgado) anunciaban que “la causa será archivada” y que todo había sido “producto de un error del fiscal”; pero el fiscal se justificaba sosteniendo que “estuve obligado legalmente a iniciar la causa penal”. El fiscal fue denunciado, lo que podría derivar en un juicio político en su contra.
El caso pareció desatar lo más hondo de los rencores y antipatías del ser porteño, luego de que el caso del chiquito que tomó un muñequito de su amiguito llegara a la Justicia y a los medios. Las aguas se dividieron. Mientras unos clamaban porque la letra de la ley debe entrar por las buenas o las malas, otros sostenían la ridiculez ultramontana del asunto.
Desde las seis de la mañana, frente a la escuela primaria porteña Nicolás Avellaneda, en Talcahuano 680, se instaló una nutrida guardia periodística que puso al aire a cuanta blanca palomita se cruzó delante de micrófonos y cámaras. Juan Carlos Rosas, el vicedirector, dijo que “un chico, a los cinco años, viene de jardín, y los juguetes son de total pertenencia e interés, y el que no lo tiene quiere tenerlo”.
Otra autoridad de la escuela relató a Página/12 que “no se había podido constatar que hubiese pasado lo que se denunciaba. La escuela habló con los padres separadamente. Los chicos siguieron siendo amigos, la mamá que denunciaba no dio más señales de vida. Para la escuela se había terminado el episodio”.
Pero el caso fue planteado por Nilda Beatriz Gómez, la madre del chiquito “damnificado”, como una denuncia ante su lugar de trabajo, o sea, en la comisaría 3ª. La mujer policía después, y por motivos ajenos al apasionante caso, fue trasladada a la seccional 18ª. La 3ª, con una velocidad inusual, elevó los hechos a la Justicia. El caso recayó en el juzgado de instrucción 7 de Menores, a cargo del juez Enrique Velázquez.
“Depende de los juzgados de menores –dijo a este diario María Elena Naddeo, presidenta del Consejo porteño de los Derechos del Niño–. Hay jueces que aplican la Convención Internacional de los Derechos del Niño en forma directa. No necesitan de otras normas nacionales para aplicar la Convención y no abrir un proceso penal en situaciones de la vida cotidiana. Pero hay otros que amparados en las viejas normas continúan el procedimiento. Algunos incluso abren un incidente tutelar, el chico queda a disposición del juez, sin plazos. Es lo que venimos cuestionando desde hace tiempo.”
En lugar de archivar la causa y derivarla a organismos de mediación como las defensorías de menores barriales con que cuenta el Consejo porteño, Velázquez consideró que los hechos ameritaban como para abrirle el juego al fiscal. En este caso, el fiscal 1 del fuero de Menores, Fernando Rouco Oliva. Tras el análisis del caso, Rouco Oliva ordenó que los directivos de la escuela proporcionaran la identidad del sospechadito. El vicedirector, que en primera instancia se había negado ante la comisaría para entregar los datos, con la orden judicial se vio obligado a proporcionarlos, y con esos datos Rouco Oliva ordenó la citación del acusadito.
A todo esto, los padres del menor acusado hablaron. “Con todo lo que está pasando –dijo el padre del chiquito, Alejandro Gusso– en cuestión de inseguridad, la Justicia se ocupa de llamar a mi hijo de cinco años a declaración indagatoria por el presunto robo de un muñeco. Al fiscal hay que meterlo preso.” Después, Gusso apareció ventilando el caso en la tevé. Por su lado, la madre del menor damnificado confesaba que “no creí que pasara todo esto cuando hice la denuncia”, mientras que el padre asegurabaque “el caso está inflado”, después denunciaba que “el muñeco lo tienen guardado en la repisa”, y al mismo tiempo que la denuncia había sido hecha “contra la escuela”.
Después, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, coincidían en que “citar a indagatoria a un chico de cinco años es un verdadero disparate”.
Ante semejante escándalo, fuentes del juzgado aseguraron que se trataba de un error del fiscal producto de la saturación de expedientes, mientras que el fiscal desmentía lo del error y aseguraba que “el Ministerio Público tiene la obligación legal de impulsar la causa penal, porque caso contrario puede ser sometido a un juicio político”. Pese a tanto esfuerzo, el abogado Enrique Piragini presentó una denuncia en su contra que podría derivar en un juicio político.
El año pasado, en una escuela de La Boca, un grupo de chicos de 9 años festejó el cumpleaños de un compañero dándole una manteada. El caso fue denunciado. El juez (otro Velázquez) avanzó citando a los padres, a las autoridades del colegio y a los acusados de manteo para declarar ante sede judicial. En ese caso, no hubo errores; tampoco se publicitó el tema.