Los ambientalistas lo festejaron como el primer puñetazo jurídico contra la tala de montes que expande la frontera agrícola en el norte del país. El viernes pasado, una jueza entrerriana ordenó paralizar los desmontes sobre la superficie de bosques nativos que cubren el 17 por ciento de la provincia. El fallo rescató un viejo decreto de Emergencia Ambiental, derogado por el gobierno de Jorge Obeid apenas asumió el mandato. El Ejecutivo provincial ahora deberá detener la tala hasta que se conozcan los efectos ambientales y sociales producidos por el desmonte.
Jorge Daneri es uno de los integrantes del Foro Ecologista de Paraná que presentó el pedido de amparo en la Justicia. “El año pasado –explicó a Página/12– habíamos conseguido que se decrete el Estado de Emergencia Ambiental antes del cambio de gobierno, pero cuando llegó Obeid lo derogaron.”
La superficie actual de bosques naturales de Entre Ríos está reducida al diez por ciento de sus proporciones originales. Aunque la provincia no cuenta con estadísticas oficiales, los ambientalistas consideran que las pérdidas son constantes y crecen de la mano de la expansión de la llamada “frontera agrícola”: un modo de producción asociado al uso intensivo de la tierra y basado en la intensificación del cultivo producido con productos químicos. Como consecuencia de ese proceso, las pérdidas anuales de monte fueron en aumento. Sólo en los últimos diez años, la provincia perdió el 15 por ciento por desmonte.
La sanción del decreto de Emergencia Ambiental abría un paraguas de protección y de alerta sobre una situación de vulnerabilidad crítica.
Según los especialistas, aunque los campos que cubren la superficie agrícola son explotaciones privadas, el Estado debería garantizar la biodiversidad con políticas públicas. “Esto es igual que lo que pasa en las ciudades con las leyes que regulan los distintos tipos de vivienda –explicó Daneri–, aunque son propiedades privadas existe un criterio de planificación urbana que regula todas las construcciones.”
Obeid no sólo derogó la ley sino que, de acuerdo con el fallo, “la norma impugnada se enmarca en un contexto de ausencia total de legislación provincial específica”. Además, en la provincia “existen escasos estudios oficiales sobre el estado actual de factibilidad de impacto ambiental”, necesarios según el fallo para la toma de decisiones. La ausencia de datos se “mantiene y se prolonga indefinidamente –dice el fallo de la jueza de Entre Ríos Leonor Pañeda, en uno de sus párrafos– pese al grave y crítico estado ambiental del bosque nativo entrerriano”.
Las conclusiones del fallo de Pañeda estuvieron basadas en datos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral. En sus palabras, esos datos “ponen de manifiesto la alarmante degradación de estos recursos”.
Emiliano Ezcurra, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de la organización Ecologista Greenpeace, fue uno de los que marcó el carácter histórico del amparo: “El fallo de la jueza –dijo– sienta precedentes en términos irrefutables para la defensa de los bosques del norte del país”. Una frontera que se expande básicamente sobre otras tres provincias: Santiago del Estero, Chaco y Salta. Este fin de semana, los ecologistas denunciaron al gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, por la supuesta venta de 18 mil hectáreas de una reserva natural que serán destinadas a la producción de soja, según la denuncia.