Cuando se estaban mitigando los ecos del efecto Blumberg, un nuevo caso, esta vez ocurrido en la zona norte del Gran Buenos Aires, vuelve a poner en el tapete a los secuestros extorsivos. A pesar de la reserva judicial, se confirmó que la víctima es Cristian Ramaro, de 23 años, hijo de un empresario del transporte fluvial de la zona del Tigre. “Se está negociando una salida rápida, aunque se cree que la banda estaría en condiciones de alargar el cautiverio, si es que no hay acuerdo respecto del monto del rescate.” Una fuente policial dijo a Página/12 que hay contactos entre la familia y los secuestradores, aunque la Justicia y la policía “permanecen fuera del tema, por pedido expreso de la familia”. Según las primeras informaciones, el rescate requerido fue de un millón de pesos, aunque se está conversando sobre un monto varias veces inferior. Cristian Ramaro, que es estudiante de derecho, fue secuestrado el martes en Lavalle al 600, de Tigre, muy cerca de la zona costera. Voceros policiales y de la fiscalía federal de San Isidro confirmaron que en las últimas semanas “hubo varios secuestros” en la zona norte, entre ellos, el de un arquitecto que vive en Pilar.
Ayer por la tarde era en apariencia normal la actividad de la flota perteneciente a la empresa La Interisleña SA, cuyo dueño es Carlos Ramaro, padre del joven secuestrado. “Cristian venía al puerto y cumplía funciones en la oficina, de manera que la sorpresa y el miedo nuestro es mucho, aunque las actividades siguen desarrollándose sin cambios”, dijo una empleada de la firma, que tiene su cabecera en el puerto del Tigre y que realiza viajes por el interior del Delta, transportando pasajeros y carga. Una versión policial, que no había sido confirmada por la Justicia, hizo saber que el grupo que secuestró al joven Ramaro “habría participado en otros dos hechos similares ocurridos la semana pasada en la zona norte” de la provincia de Buenos Aires.
“Todo parece indicar que se trata de una banda importante, con una buena logística, que hizo tareas de inteligencia previas al secuestro, que se concretó sin interferencias, en un trayecto que el joven hacía habitualmente”, explicaron los investigadores. Nadie supo o quiso confirmar si los secuestradores habrían aportado ya una “prueba de vida” en el marco de las negociaciones por el rescate, “que son muy discretas y a las que la Justicia es totalmente ajena”, sostuvo el informante. “La familia quiere una solución rápida, aunque se supone que la banda estaría en condiciones de prolongar el cautiverio, en caso de que aparezcan dificultades para cerrar un acuerdo.”
Las fuentes policiales admitieron que, a pesar del silencio reinante, en las últimas semanas se produjeron varios casos de secuestros extorsivos en la zona norte del conurbano. El nuevo caso se produjo en la mañana del martes, a las 7.15, cuando Cristian Ramaro, de 23 años, salió de su casa y fue interceptado por un grupo de delincuentes que se movilizaba en dos autos. El joven fue secuestrado en Lavalle al 600, de Tigre. El hecho ocurrió a pesar de que la familia tenía una custodia de la Prefectura, dado que hace unos meses había sufrido un intento de robo. Todo hace pensar que el custodio no advirtió en ningún momento lo que estaba ocurriendo a pocas cuadras de la vivienda familiar. El joven se dirigía al puerto del Tigre, donde tiene sus oficinas la empresa de su padre.
De acuerdo con los voceros policiales, la familia Ramaro optó por no hacer la denuncia formal pero, de todos modos, ante la repercusión pública del caso, tomó intervención de oficio la fiscal federal de San Isidro, Rita Molina. Hasta ayer, los secuestradores habrían mantenido apenas un par de comunicaciones con la familia y el pedido inicial fue un rescate del orden del millón de pesos. “Es una familia dedicada al trabajo, no tiene tanto dinero como el que le piden”, coincidieron ayer en afirmar algunos empleados de La Interisleña SA y varios vecinos de los Ramaro. La empresa fluvial es una compañía líder en el traslado de pasajeros en la zona de las islas del Delta del Paraná.
En la investigación “de oficio” sobre el caso Ramaro, la fiscal Rita Molina es asistida por distintas fuerzas de seguridad, que trabajan a distancia, tratando de no interferir en las negociaciones. Allegados a la familia insistieron ante la prensa que los Ramaro “están muy lejos de ser millonarios, de manera que suena muy lejana la cifra que estaría pidiendo para el rescate; son laburantes, tienen una pyme, no son empresarios de primer nivel como andan diciendo por ahí”. La casa de los Ramaro sufrió un robo el año pasado y desde entonces tenían una custodia.
La Procuración General de la Nación hizo saber que entre agosto del año pasado y marzo de este año fueron secuestradas 131 personas en las zonas norte y oeste del conurbano. Por 84 de ellas se pagó un rescate del orden de los 3.200.000 pesos. En la última semana hubo al menos dos secuestros, en uno de los cuales la víctima fue un arquitecto de Pilar que fue capturado cuando salía de un supermercado. Ya lo liberaron y, al parecer, no se pagó ningún rescate.